Dos meses, 31 debates y 18 decisiones después de la muerte del magistrado Antonin Scalia sigue la duda de si la Corte Suprema se encuentra totalmente estancada o es funcional con ocho magistrados.
La respuesta varía según el asunto, pero los debates de la semana pasada en el caso de corrupción del exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, muestran que hay casos notorios en los que los magistrados de izquierda y derecha logran consensos más a menudo que en otras circunstancias.
También hay ciertos indicios, aunque tal vez nebulosos, de que la corte intenta evitar divisiones en una era de marcado partidismo político y entre una animada campaña presidencial.
“La corte se enorgullece correctamente de ser una institución que funciona”, dijo el abogado de Washington, Andy Pincus, quien presenta alegatos con regularidad ante la Corte Suprema.
Si la corte puede mostrar capacidad para hacer su trabajo podría reforzar la oposición republicana a la ratificación del magistrado federal Merrick Garland, a quien el presidente Barack Obama nombró como reemplazo de Scalia, quien falleció en febrero.
Al mismo tiempo, la corte ha tenido votaciones divididas 4-4 en dos casos y parcialmente en un tercero, y los magistrados podrían terminar igualmente divididos en asuntos de inmigración, control de la natalidad y en otros dos temas.
La muerte de Scalia ha negado a los conservadores de la corte un quinto voto que haga mayoría en algunos temas prominentes.
Sin embargo, en la apelación de McDonnell a su condena penal por corrupción, los magistrados liberales y conservadores parecieron compartir un profundo escepticismo hacia el caso presentado por el gobierno.
Dejaron entrever con firmeza que la corte podría desechar la condena penal de McDonnell.
El magistrado liberal Stephen Breyer, el magistrado presidente conservador John Roberts y el magistrado situado a la mitad de ambos en el espectro ideológico, Anthony Kennedy, todos pusieron en duda con firmeza el caso del gobierno contra McDonnell.
El otrora astro republicano ascendente fue declarado culpable de aceptar, junto con su esposa Maureen, más de 165 mil dólares en regalos y préstamos de un rico empresario a cambio de que impulsaran el consumo de un suplemento dietético.
Breyer dijo que le preocupaba que se pusiera demasiado poder en manos de un fiscal penal, “que prácticamente es incontrolable”. Roberts señalo que tal vez la corte debería atender el problema de raíz y declarar inconstitucional una crucial ley federal anti sobornos.
Los magistrados han manifestado por mucho tiempo su desagrado hacia los fiscales recelosos de su deber para perseguir cargos de corrupción, lo que limitó previamente la misma ley sobre la que Roberts había hecho conjeturas el miércoles.
Fuente: AP
