El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano “confesó”, después de 15 horas de tortura física y sexual perpetrada por agentes de la policía de Sinaloa, su participación en el asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, su esposo. Al firmar su declaración sin poderla leer, y sin otro elemento de prueba, la mujer fue trasladada al penal de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, el 25 de ese mes. Este martes, tres años y once meses después, el Juzgado Quinto Penal absolvió a la mujer; determinó que su declaración –el único elemento en su contra– era inválida porque fue obtenida bajo tortura.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), se felicitaron de ese acontecimiento. Llevan años denunciando la fabricación de pruebas y recolectando firmas para conseguir la liberación de la mujer.
El 10 de julio de 2012, Armenta se encontraba al volante de su auto Nissan Tsuru junto con su hermana y su cuñada, rumbo al aeropuerto de Culiacán, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS) vestidos de civil las detuvieron. Bajo el pretexto que el vehículo estaba robado, subieron a Armenta a una camioneta y la llevaron a una “bodega-estacionamiento”, donde la amenazaron –a ella y sus hijos–, la golpearon y la violaron para obligarla a firmar una declaración que nunca leyó.
En dicha declaración, Armenta afirmó que pagó 85 mil pesos para el asesinato de Cuén Ojeda, quien fue masacrado a balazos en la mañana del 2 de julio de 2012 mientras salía de un restaurante. El día anterior, el mismo hombre contendía como candidato a senador para el Partido Nueva Alianza (Panal).
En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) observó que la mujer había sido violada y torturada durante su detención, y lo notificó a la PGJS, que le hizo caso omiso.
Un año más tarde, la defensa de Yecenia presentó un dictamen, realizado por el Grupo de Expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, que demostró que “las lesiones físicas son claramente compatibles y consistentes con métodos de tortura y malos tratos que le han sido infligidos a la víctima”.
En enero de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó el diagnóstico. En total, según AI, cuatro peritos certificaron la tortura en los últimos tres años y medio.
Pero la PGJS se aferró a sus argumentos. Según ella, la pareja se encontraba en instancias de divorcio y Armenta buscaba cobrar un seguro de vida, por lo que mandó a asesinar a su esposo.
Amnistía Internacional lamentó hoy que “ninguno de los torturadores de Yecenia hayan pisado la cárcel”, y abogó para que la mujer reciba reparación por el daño sufrido.
Fuente: Apro
