Entre expresiones de odio y violencia contra periodistas, así como la retransmisión de canales televisivos afines al gobierno saliente del presidente Mauricio Macri, de los gritos de una mujer que pedía que mataran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner transcurrió el evento de despedida del mandatario, apoyado por los seguidores de iglesias evangélicas como sucede en Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro.
Fue una despedida-mensaje al presidente electo Alberto Fernández, que transcurrió en la histórica Plaza de Mayo de la que se retiraron hoy las rejas colocadas por la administración saliente para evitar protestas que llegaran hasta las puertas de la Casa Rosada. Los seguidores de Macri agitaban banderas argentinas y carteles donde se leía: “Esto recién empieza” o “Somos los que queremos un país normal”. No faltaron las descalificaciones para los peronistas: “Los negros de mierda, delincuentes, borrachos”, entre cumbias y canciones prometiendo el regreso a corto plazo.
Fue una despedida a “todo Macri”, donde nadie se daba por enterado de que este gobierno deja casi al país con un 41 por ciento de su población en la pobreza, y con los índices negativos en todos los sectores de la producción; una deuda que el mandatario niega con la complicidad de los grandes grupos mediáticos, que ya han comenzado la campaña del miedo contra sus sucesores aún antes de la asunción presidencial del próximo 10 de diciembre.
“Siento tristeza, sin duda, por no seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero me da mucha más tristeza porque muchos están más angustiados acerca de lo que viene. No tenemos que estar angustiados, será un paso más de crecimiento hacia el futuro” dijo Macri, quien agregó que habían sido años difíciles, “siempre en minoría”, a pesar de que tuvo mayoría en el Congreso y algunos de la cámara de diputados lo apoyaron en sus más polémicos proyectos.
Sotuvo que el presidente electo Alberto Fernández va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva, pero también firme y severa, que va a defender la democracia, la calidad institucional y “nuestras libertades”.
Agregó: “Queremos una justicia independiente que se base en la ley, en los procedimientos y en las pruebas, como siempre tiene que ser y no solo en los discursos políticos”, pese a que Macri logró instalar un “verdadero partido Judicial” que destruyó el Estado de Derecho, persiguió jueces y violó normas constitucionales al decidir una cantidad de prisiones preventivas, por lo el gobierno termina con unos 60 presos políticos por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983.
Acá están los que dicen ser fiscales de la República y garantes de la democracia, atacando a un periodista que está trabajando en un medio que no les gusta porque es crítico del Gobierno. Espantoso.
Abrazo grande para nuestro colega @LautaroMaislin.pic.twitter.com/ZZWYCD7N5S
— Juan Amorín (@juan_amorin) December 7, 2019
Recientemente en una carta cargada de intolerancia, el hasta ahora Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj rechazó lo actuado por el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU)sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, enviado recientemente a Argentina quien acusó al gobierno de Macri de amedrentar a jueces y fiscales.
García Sayán acusó a la saliente administración Macri de imponer “plan sistemático y estructural” para amedrentar al Poder Judicial y de obstaculizar “la posibilidad de una actuación imparcial” en este caso “disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
También se refirió a “presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a jueces, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura”, que precisamente supervisa la labor de los jueces, esto mediante maniobras irregulares que dejaron a este organismo bajo el control del macrismo.
Fue un informe duro y preciso en que García Sayán también se refirió a “la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo”, además de las campañas mediáticas contra estos.
Uno de los casos alude a las interferencias que se habrían cometido desde el gobierno, como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino”. Por medio de esas presiones el presidente defendió sus intereses y los de su familia, para no pagar una antigua deuda de 4 mil 400 millones de dólares que deben al Estado y ahora se fue sin pagarla, desplazando al fiscal penal Juan Pedro Zoni y otros importantes funcionarios y además amenazando a la fiscal del caso Gabriela Boquin.
De la misma manera se refirió a la persecución contra el juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el mayor escándalo de este gobierno saliente sobre una red de extorsión y espionaje ilegal que complica a los jueces y fiscales afines, a periodistas y medios de información y a organismos estatales como la Agencia Federal de Inteligencia, el ministerio de Seguridad y otros.
Importante fue destacar que el relator de la ONU se refirió a la persecución y amenazas a la familia que se ejerció contra la e xprocuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó y otros graves ataques a los abogados laboralistas entre otros, así como a designaciones ilegales, que llegaron hasta el intento de imponer jueces en la Corte por decreto. El largo informe se refirió a todo lo que fue denunciado con pruebas y que demostró la brutal dependencia de la justicia: causas falsas y persecución política utilizando a las estructuras judiciales.
Por todo esto y lo actuado por el gobiernod e Macri contra los organismos de derechos humanos y en defensa de los responsables de crímenes de lesa humanidad, los dirigentes de grupos como Madres y Abuelas e Hijos de desaparecidos dijeron hoy que los derechos humanos regresan a la Casa Rosada.
Fuente: La Jornada
