Reacia a integrar en la Cruzada Nacional Contra el Hambre a organizaciones de productores agrícolas y lecheros, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció en cambio la incorporación de transnacionales como Nestlé, Pepsico y Coca Cola, así como tiendas departamentales, al programa inaugural del sexenio. En entrevista, líderes campesinos acusan al gobierno federal de fortalecer un esquema alimentario que en la última década ha favorecido a los supermillonarios del país y ha postrado en la pobreza alimentaria a 28 millones de personas.
Por Patricia Dávila/ Proceso
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, integró al Consejo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre –el programa federal que inició el martes 2– a transnacionales que considera “socialmente responsables”, como Nestlé, Pepsico y Walmart, señaladas desde hace tiempo por propiciar la pobreza en el campo mexicano.
En los últimos 10 años esas compañías se beneficiaron con más de 3 mil millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importación y han recibido beneficios de programas federales originalmente destinados al campo.
Convocados para terminar con el hambre en 400 municipios del país donde viven 7.4 de los 28 millones de mexicanos “en pobreza multidimensional y carencia alimentaria” –según los indicadores de la Sedesol –, dichos emporios son los mayores distribuidores de productos chatarra que contribuyeron a incrementar los problemas de nutrición y enfermedades como hipertensión y diabetes, que según la Secretaría de Salud son las principales causas de muerte en el país.
Yazmín Copete Zapot, exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que empresas como Nestlé, Pepsico (Sabritas y Gamesa), Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, Herdez, Jumex, Bachoco, Sukarne y Lala, junto con Cargill y Monsanto, además de beneficiarse con más de 3 mil millones de dólares en aranceles de importación no cobrados en los últimos 10 años, en 2011 recibieron 10 mil 376 millones de pesos del presupuesto federal.
Pero además “en los últimos 25 años destruyeron las bases de la seguridad alimentaria y devastaron la producción de maíz blanco. El consumo de este grano como parte de la dieta de los mexicanos depende de Cargill y Monsanto, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo como aliados a Maseca, Minsa, ADN, Bachoco o Bimbo, mientras que el gobierno federal niega subsidios a nuestros campesinos”, denunció Copete en tribuna el pasado 28 de noviembre.
La inclusión de estos emporios en el programa que se perfila como emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto también generó reacciones de organismos internacionales. Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Intereses, recordó que en Brasil, durante el gobierno de Luz Inácio Lula da Silva, se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia, pero como Nestlé participó en los programas sucedió que las mujeres habilitadas como guías nutricionales se convirtieron en promotoras de la empresa en lugar de inculcar buenos hábitos alimenticios.
Finalmente Hambre Cero se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron los malos efectos de los productos Nestlé en la nutrición de los niños por sus altos contenidos de azúcar, sal, grasas y aditivos dañinos. Aun así, Lula da Silva aceptó que el gobierno mexicano utilizara su imagen para impulsar su “cruzada”. El 19 y el 20 de abril en la Ciudad de México participará en varios eventos, incluida la creación de un “mural contra el hambre”.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirma en entrevista que las transnacionales acudieron al llamado de la Sedesol para “expiar” sólo en apariencia sus culpas con “dádivas” a los hambrientos: “Al final de la Cruzada Contra el Hambre no van a erogar un solo cinco, ya que gracias a sus fundaciones sus aportaciones serán deducibles de impuestos. Al contrario, a cargo del erario, recibirán publicidad gratis como las grandes benefactoras”.
–¿Si los subsidios que reciben estas grandes empresas se canalizaran a los campesinos habría necesidad de la Cruzada Contra el Hambre? –se le plantea.
–Este año el campo tendrá subsidios superiores a 300 mil millones de pesos. Sólo que el problema no es de presupuesto sino de redistribución de los recursos. En México el presupuesto no se aplica de manera inteligente como para garantizar autosuficiencia en alimentos. Este año, sólo del Programa de Apoyo a la Comercialización que maneja la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación) estas empresas recibirán como 6 mil millones de pesos; equivale al 50% de los 12 mil millones que tiene asignados el Procampo.
“El presupuesto tiene que reorientarse a la producción de granos y alimentos estratégicos en la población del sur y el suroeste del país, regiones que concentran a la mayor parte de productores y al mayor número de personas en pobreza alimentaria. El presupuesto, los programas y sus reglas de operación están orientados para beneficiar a los consorcios y a sus productores contratistas del norte y noroeste. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Jalisco y Guanajuato tienen el 70% de los subsidios del campo”.
Por ejemplo, menciona en Sinaloa al dueño de SuKarne, Jesús Vizcarra, quien según la revista Forbes México del pasado 15 de marzo factura más de 2 mil millones de dólares al año. Además, afirma, participan en la concentración de estos beneficios el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y los extitulares de la Sagarpa Francisco Mayorga y Javier Usabiaga, El Rey del Ajo; todos ellos con poder político y económico.
Para Correa es significativa la lista de Forbes con los 35 más ricos del país, ya que 16 de ellos fincan sus fortunas en la explotación de los recursos del campo y, en contraparte, generan pobreza y hambre entre los campesinos.
En una infografía que esa revista tituló “Rostros de la riqueza”, sólo por debajo de Carlos Slim coloca a Alberto Bailleres González y su familia, con 18 mil 200 millones de dólares. Entre otras empresas, Bailleres es accionista relevante de Femsa-Coca Cola. En el quinto lugar de la lista figuran Eva Gonda Rivera y familia, también accionista de la misma empresa, con 6 mil 600 millones.
En el octavo sitio está la familia Servitje, dueña de Bimbo, con una fortuna de 4 mil 624 millones.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)
