Por Silvia Ribeiro*
Veintidós jueces, personalidades y expertos de doce países, designados por la secretaría internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), escucharon durante 10 días el resumen de cientos de testimonios de organizaciones y comunidades de todo el país sobre devastación ambiental, contaminación transgénica del maíz, destrucción de la soberanía alimentaria y represión a los que se resisten al atropello a sus derechos, sus culturas, sus territorios, sus bosques, ríos y formas de organización.
Fueron días intensos y los dictámenes quitan el aliento. Es mucha la devastación, más vista en conjunto. Pero también es notable y llena de ánimo, ver el esfuerzo y dedicación de miles de personas y cientos de comunidades y organizaciones rurales y urbanas para mostrar sus realidades, documentar atropellos que sufren y al mismo tiempo mantener su capacidad de resistir, encontrar formas de no dejarse avasallar y más allá, incluso en el dolor rescatar la alegría de la vida, de ser campesinas, campesinos, pueblos indios, vecinos y vecinas solidarias, cuidadores del maíz, de la milpa, de los bosques, de las plazas, de las asambleas, de sus culturas y formas económicas y políticas autogestionarias.
En la audiencia Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, el jurado sentenció que por los riesgos ambientales, a la salud y económicos a que se somete al centro de origen global del maíz, así como a la bases del sustento de los pueblos que lo crearon y legaron para bien de la humanidad, y a la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la experimentación, liberación y circulación del maíz transgénico en México.
Consideraron también los testimonios de organizaciones mayas de la península de Yucatán, que mostraron cómo la siembra de soja transgénica destruye la apicultura y el ingreso de miles de familias campesinas, para favorecer a unos pocos empresarios agrícolas y a Monsanto. La soja transgénica mata las abejas por el aumento de agrotóxicos y contamina el polen con transgénicos, impidiendo la exportación de miel. Además, promueve la devastación de bosques para abrir campos de soja que puedan ser fumigados desde aviones, causando gran contaminación química, enfermedades y envenenamiento de tierra y aguas. El jurado recomendó eliminar también la producción de soja transgénica.
Se basaron en la consideración de agravios a pueblos, ambiente y seguridad alimentaria nacional e internacional, pero además en los documentos presentados por científicos y agricultores, mostrando que existen opciones probadas para producir suficiente maíz sin usar transgénicos, y que se puede sembrar una variedad de cultivos, incluso soya no transgénica, en la península. Quedó demostrado que si el gobierno procede con la siembra de maíz transgénico en México (un crimen histórico por amenazar 10,000 años de historia y el futuro del maíz en su cuna y en el mundo) no es para cubrir ninguna necesidad de la población, ni de agricultores grandes que pueden sembrar híbridos no transgénicos, sino exclusivamente para favorecer a las trasnacionales Monsanto, Pioneer, Dow y Syngenta.
También en la audiencia Devastación ambiental y derechos de los pueblos, se dictaminó que esa devastación es parte de la acción del estado para favorecer los intereses corporativos en lugar del interés público, en varios casos en conjunto con acciones represivas ilegales de las propias corporaciones, como las mineras. El jurado consideró testimonios sobre destrucción del sistema hídrico nacional, contaminación y devastación ambiental por minería, represas, autopistas, urbanización salvaje, basureros, explotación petrolera, industrial y de agroquímicos, entre otros. Declaran: Condenamos enérgicamente al Estado mexicano por la desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables además en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. (www.afectadosambientales.org)
La audiencia sobre represión a los movimientos sociales, fue otra demostración de ello. Se presentaron 42 casos, históricos y actuales, cuyas víctimas fueron pueblos y organizaciones que resisten justamente los hechos denunciados en otras audiencias.
Philippe Texier, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Francia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con 40 años de experiencia en el TPP, declaró que la situación de violación de derechos que viven pueblos y comunidades en México ha sido casi invisibilizada, tanto por la prensa como por la diplomacia internacional, lo cual debe cambiar.
Antoni Pigrau, reconocido jurista del Estado español y otro de los 22 jueces que participaron en las sesiones del TPP en México, agregó que existen indicios abrumadoramente afirmativos de que sucesivos gobiernos y actores privados en México han incurrido en violaciones al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual México es signatario. Para comprender el vasto significado de estas declaraciones, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
En 2014 habrá audiencias temáticas del TPP sobre feminicidios, migración, violencia contra periodistas y desinformación, guerra sucia. Muchas comunidades y organizaciones ya preparan audiencias complementarias para documentar más casos, todo lo cual abonará el expediente general a juzgar en 2014. Por más información: tppmexico.org
* Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC
