Por Bernardo Bátiz V.
Es cosa muy seria hablar de traición a la patria; se trata en primer lugar de un tema de ética política y de conciencia personal, pero también de un asunto de carácter penal. Recientemente en varios foros y en los medios de comunicación se ha dicho con insistencia que aprobar las reformas constitucionales, que abren las puertas para que el petróleo y los demás hidrocarburos, así como la electricidad sean manejados y administrados por extranjeros, constituye una conducta que puede considerarse traición a la patria.
En el mitin del domingo 27 de octubre, en el recuperado Zócalo, ante una multitud que aplaudió la propuesta, el presidente del consejo nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) advirtió que, de aprobarse la llamada reforma energética, se presentaría acción penal en contra de legisladores que votaran a favor del dislate y por supuesto en contra del titular del Poder Ejecutivo que la propuso y la impulsa.
Casi simultáneamente, un grupo de mexicanos con una trayectoria reconocida en la vida pública de México, respetados y escuchados por muchos, llamaron la atención de los legisladores, sobre el riesgo que corren, de incurrir en traición a la patria, en caso de aprobar las reformas mencionadas. Dentro de este grupo se encuentran Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, políticos representativos de la izquierda con liderazgos indiscutibles; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el sociólogo y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova; el padre don Miguel Concha; Mario Saucedo y Miguel Álvarez, destacados participantes en la vida de la sociedad civil y pública de nuestro país.
La carta que firmaron estos mexicanos con indudable autoridad moral advierte a los legisladores que de aprobarse la reforma energética podrían incurrir en las conductas que tipifica y sanciona el artículo 123 fracción I del Código Penal Federal; este artículo establece: Se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: fracción primera, a quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Como se ve, los señalamientos y advertencias que se hacen son de suma gravedad,
Podría parecer exagerado que se advierta a funcionarios de tan alto nivel, que puedan ser juzgados por un delito tan grave y vergonzoso como el de traición a la patria; no es así, analizando con cuidado las intenciones de la reforma energética. Sus efectos irreversibles y lo que con ella se está arriesgando, tenemos que concluir que las advertencias son algo más que simples opiniones políticas o posiciones ideológicas extremas; se trata de que se está tocando uno de los puntos que el constitucionalista Mario de la Cueva, siguiendo a maestros europeos, llamaba decisiones políticas fundamentales, que forman parte de nuestra Carta Magna, pero que no están sujetas a cambios por el constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la nación.
Por ejemplo, decía don Mario de la Cueva, no puede reformarse la Constitución para cambiar el sistema democrático por uno monárquico o suprimir las garantías individuales o acabar con la separación de la Iglesia y el Estado; dentro de este rango de normas, se encuentra la declaración constitucional contenida en los artículos 27 y 28, según la cual el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas de nuestra economía y no pueden ponerse en manos de particulares y obviamente, mucho menos en manos de empresas extranjeras. Estamos hablando de una decisión política fundamental y no de una formalidad o de un tema discutible o secundario.
El término estratégico está tomado del lenguaje militar; un punto o una posición estratégica significa, en una guerra o en una batalla, una posición ventajosa frente al enemigo, quien entrega o abandona una posición de esta naturaleza, es repudiado por sus compañeros y considerado traidor.
Las áreas estratégicas se incorporaron a la Constitución, precisamente como mecanismo de defensa de la soberanía nacional, frente a este mundo globalizado y sujeto a la batalla campal de la libre competencia a escala mundial, en el que sin recursos propios, se está en manos de los competidores que no tienen amigos, sino intereses.
Entregar los energéticos es una muestra de desconfianza en los técnicos y trabajadores mexicanos, significa ponernos en manos de quienes no tienen ningún interés en beneficiar o proteger la economía de nuestro país y constituye, en el menor de los casos, una ingenuidad o inexperiencia mayúscula, y en el peor, como se señala por muchos destacados mexicanos, se trata de una verdadera traición, que antepone intereses particulares o singulares al interés común y por tanto, debe ser sancionada.
Fuente: La Jornada
