La aparición de un video que, entre otras cosas, sugiere manipulación de la escena en el caso Ayotzinapa implica directamente a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero ésta no es la única irregularidad cometida por este personaje. Desde el inicio de las indagatorias por la desaparición de 43 normalistas actuó de manera al menos equívoca: sabía desde el inicio lo que estaba ocurriendo en Iguala y calló, y es señalado como torturador o promotor de la tortura de los detenidos clave.
Por Anabel Hernández/ Proceso
La posible manipulación del caso Ayotzinapa por parte de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, no comenzó en el río San Juan con la presunta siembra de pruebas, sino desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Esa noche la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa y envió a policías federales ministeriales –a las órdenes de Zerón– a investigar el ataque contra los normalistas, que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos.
Según documentos que tiene Proceso, la PGR abrió la averiguación previa AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 por “violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos”, a raíz de las llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala por los ataques que estaban ocurriendo. Inmediatamente fue informado de la situación Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero.
“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”, señala el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”.
Durante 19 meses el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que no pudo intervenir ni investigar de inmediato los hechos porque no eran de su competencia. De acuerdo con el documento referido, sí lo hizo, pero no fue sino hasta el 4 de octubre de 2014 –ocho días después de los ataques– cuando la PGR tomó públicamente la investigación.
El 26 de septiembre de 2014 los agentes de la Policía Federal Ministerial Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede Iguala, también salieron a las calles, como el Ejército y la Policía Federal (PF).
De acuerdo con las tarjetas informativas que elaboraron, de las cuales se tiene copia, los agentes admitieron que hicieron recorridos por la carretera federal Iguala-Chilpancingo y vieron el autobús Estrella de Oro 1531 con los vidrios rotos y las llantas ponchadas. “Por obvias razones se corroboró que efectivamente el día 26 de septiembre del presente año se realizó desmanes por supuestos estudiantes (sic)”, dice uno de los reportes.
Luego se trasladaron a la calle Juan N. Álvarez, donde vieron tres autobuses con las llantas ponchadas, “así como varios jóvenes que al parecer eran estudiantes (…) por lo que procedimos a retirarnos del lugar con la finalidad de no tener algún altercado con individuos que iban en el autobús”. También informaron que la Fiscalía General de Guerrero ya había abierto una indagatoria por lesiones de arma de fuego.
Por la narración de los documentos la averiguación previa de la PGR debió abrirse alrededor de las 21:30 horas, y el recorrido de los agentes probablemente se realizó antes de que la peor parte del ataque ocurriera y la desaparición se consumara.
En esos días, el titular de la Policía Federal Ministerial era Vidal Díaz Leal Ochoa, subalterno y compañero de trabajo de Zerón desde que los dos fueron abruptamente despedidos en 2007 de la PF, tras una masacre ocurrida en Cananea, Sonora.
Oficialmente fue el 4 de octubre de 2014 cuando Zerón tomó en sus manos la indagatoria del caso Ayotzinapa. Según la información con la que se cuenta, supuestamente operó para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.
El jefe de la Agencia de Investigación Criminal es acusado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber sembrado pruebas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan.
Proceso publica el testimonio de Agustín García Reyes, donde afirma que desde que fue detenido hasta que fue llevado a Cocula y grabado en video, fue amenazado y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir. Nunca hubo una confesión espontánea de su parte.
El montaje
“Con estos pendejos vamos a tapar el caso”, supuestamente dijo uno de los efectivos de la Secretaría de Marina mientras trasladaban en helicóptero a Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, de Apetlaca, Guerrero –en donde fueron detenidos el 27 de octubre de 2014–, a la Ciudad de México, acusados supuestamente de ser miembros de Guerreros Unidos.
Horas antes había sido detenido Agustín García, otro muchacho de Cocula también acusado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y meses después fue arrestado Felipe Rodríguez Salgado.
Desde septiembre de 2015, este semanario (Proceso 2028) publicó una investigación periodística que reveló que con las declaraciones de esos cuatro varones la PGR construyó la versión de que los 43 estudiantes habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Sin embargo, los detenidos son albañiles torturados y obligados a firmar esas confesiones.
Sus casos fueron parte de los 13 por los que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició varios procedimientos especiales ante los graves señalamientos de tortura hechos por personas procesadas en el caso Ayotzinapa (Proceso 2059).
El testimonio de Agustín García entregado a las Naciones Unidas indica que hubo un montaje en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, orquestado por Zerón y otros funcionarios de la PGR.
García afirmó haber sido detenido sin orden de aprehensión entre el 26 y 27 de octubre de 2014 dentro de su domicilio, en Cocula, e introducido en una camioneta negra, “donde había sido asfixiado y golpeado por personal de la Secretaría de Marina perdiendo el conocimiento varias veces”, se lee en el documento de las Naciones Unidas.
“Posteriormente habría sido introducido a un cubículo en una ubicación no identificada, golpeado, recibiendo golpes de puño y de pie, y amenazado con represalias contra su familia por elementos de la Marina. Estos mismos efectivos le habrían obligado a memorizar ciertos datos y nombres para después incluirlos en su confesión ante el Ministerio Público. Luego habría sido trasladado a la Ciudad de México.
“Durante su trayecto habría sido coaccionado por elementos de la Marina para que declarara su participación en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre.”
Fue llevado a la PGR hasta las 23:00 horas del 27 de septiembre y, en su parte informativo, los marinos falsearon la información y dijeron que lo habían detenido a las 18:00 horas cuando salía de su domicilio. Hasta el 14 de enero de 2015 García pudo declarar ante el juez cómo y cuándo fue realmente su captura.
“Una vez en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada habría sido fuertemente amenazado para ofrecer una confesión y firmar una declaración ministerial con fecha del 28 de octubre, en la cual habría confesado su participación como autor material en la supuesta ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero del municipio de Cocula.”
Posteriormente, en cambio, acusó que no fue debidamente asistido por el defensor de oficio que firma en su declaración. En el documento de Naciones Unidas se asienta que las lesiones que sufrió constan en peritajes hechos por la Marina y la PGR, donde se detalla la evolución de las mismas.
“En días posteriores, personal de la Procuraduría General de la República lo habría llevado al basurero de Cocula para que escenificara cómo habrían sido los hechos y varias personas lo habrían coaccionado, y en parte indicado, qué tenía que decir. El señor García Reyes no habría sido informado que estaba siendo grabado en video ni en esta ocasión ni anteriormente en la SEIDO, y sus imágenes habrían sido reproducidas por la PGR durante los días 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015 y emitidas en cadenas de televisión nacional e internacional.”
Ése fue el verdadero contexto del video mostrado por Zerón el miércoles 27 respecto del grabado en el río San Juan; afirmó que todo fue legal y conforme a derecho, e incluso hizo creer que Agustín García los estaba guiando voluntariamente hacia el río donde después presuntamente fueron sembrados los restos de Alexander Mora.
Sidronio Casarrubias, también detenido por el caso de los 43 normalistas, acusó directamente a Zerón de haber auspiciado la tortura en su contra e incluso de haber estado presente. Mientras que, por separado, Felipe Rodríguez Salgado acusó al jefe policiaco de haberle ofrecido dinero para que ratificara la confesión que le habían obligado a firmar, también bajo tortura.
Historia de opacidad
La carrera policiaca de Zerón es muy corta y está marcada por irregularidades. Hasta 2007 no tenía ninguna experiencia en el servicio público ni en la policía. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de administración industrial. En 1993 fue tesorero en la compañía Industrial de Parras; en 2002, director financiero de Grupo Control de Riesgo, y en 2006 trabajó dos meses en Construsistem como director financiero.
Quienes lo conocen señalan que cuando el equipo de Genaro García Luna se apoderó de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2001, Zerón acostumbraba visitar a Luis Garza Palacios, director de Operaciones Especiales de esa institución, y también se relacionó con Luis Cárdenas Palomino. Esos dos eran los hombres más cercanos a García Luna.
Cuando García Luna y su equipo se fueron a la Secretaría de Seguridad Pública, Garza Palacios invitó a trabajar a Zerón y, pese a que no tenía ninguna experiencia, le dio el cargo de coordinador de Control Policial.
En el poco tiempo que estuvo ahí, personal de la PF consultado acusa que Zerón vendía plazas a comandantes de la AFI para transferirlos a la PF con cargos de comisario. El costo de la presunta venta era de 50 mil dólares.
El 18 de mayo de 2007 Zerón fue despedido abruptamente junto con Garza Palacios y otros cuatro mandos de la PF presuntamente por haber permitido que un convoy de 50 sicarios transitara libremente en más de 300 kilómetros de autopista federal para llegar a Cananea, Sonora, y asesinar a cinco policías y una decena de civiles. Y, cuando ocurrió el ataque, la PF no prestó auxilio.
Entre los despedidos estuvo Vidal Díaz Leal Ochoa, entonces director general de Seguimiento y quien era el titular de la Policía Federal Ministerial cuando ocurrió el ataque y desaparición de los normalistas en Iguala.
En 2009 Zerón consiguió un puesto en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde trabajó durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador. Pese a su muy escasa experiencia, lo calificaron como “experto en tareas de inteligencia”.
Se afirma que llegó y permaneció en el puesto gracias a la ayuda de Alfredo Castillo, excomisionado en Michoacán, quien de 2008 a 2010 fue subprocurador en el Estado de México y, de 2010 a 2013, procurador. Castillo estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el mismo lapso que Zerón, un consejero “que hace el trabajo sucio, a quien no le tiembla la mano y es muy hábil para hablar y justificar al presidente”, según una de las fuentes consultadas.
Cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos nombró a Jesús Murillo Karam procurador y a Castillo, subprocurador de Control Regional. A principios de 2013 Zerón fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal, donde sigue.
Fuentes de la PGR que pidieron el anonimato aseguran a esta reportera que fue directamente Zerón quien en septiembre de 2015 ordenó a los agentes de la Policía Federal Ministerial sembrar un arma al abogado Paulo Diez, quien había denunciado irregularidades de la empresa OHL, a la que Peña Nieto le ha dado contratos y concesiones millonarias desde que él era gobernador del Estado de México.
Fuente: Proceso
