Si dentro de 20 años evaluamos las reformas estructurales peñanietistas como ahora evaluamos los 20 años del TLCAN, estaremos contando la pedacería de lo que fue este país.
El jueves 2 de enero, varias organizaciones campesinas, entre ellas el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la CONOC, la ANEC y la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera se plantaron en el Puente Internacional de Córdoba-Américas en Ciudad Juárez para denunciar una vez más la destrucción agroalimentaria y social provocada por el TLCAN. Lo hicieron en 1993, cuando se aprobó el tratado en el Congreso de Estados Unidos; o el 1º de enero de 2003, al desgravarse las importaciones agroalimentarias, salvo el maíz y el frijol, y el 1º de enero de 2008, cuando la desgravación fue total. Una y otra vez, desde las temperaturas de congelación de la joroba del puente, advirtieron al país lo que iba a suceder si no se protegía la agricultura nacional del embate de la agricultura más poderosa del mundo. No fueron escuchados y, sin embargo, todos los pronósticos de ellos se fueron cumpliendo, incluso con más virulencia de la que ellos temían.
Las promesas hechas por quienes promovieron el TLCAN y rechazaron toda protección efectiva a nuestra agricultura, se tornaron en espejismos. Por ningún lado el tratado mejoró las condiciones de vida en el medio rural, o en un desarrollo más o menos sostenido. El crecimiento agropecuario apenas alcanzó una tasa media de 1.5% anual en el periodo 1983-2007, inferior al crecimiento demográfico. Durante los gobiernos del PAN, de 2000 a 2011 el PIB del sector primario creció sólo 1.54% promedio anual, contra 2.1% de crecimiento de la economía en su totalidad. La participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha ido disminuyendo: 3.57% en 2000; 3.55 en 2006 y 3.39% en 2011.
Prometieron que produciríamos más alimentos, pero entre 1990-92 y 2009-11 se redujo en 40% el área sembrada de oleaginosas, tan sólo la de soya, de 324 mil a 167 mil hectáreas. La de arroz de 120 mil a sólo 37 mil hectáreas en el mismo lapso. La producción nacional de trigo se mantiene prácticamente la misma desde 1990 hasta 2011: 3.8 millones de toneladas. En frijol, alimento básico de los mexicanos, del que en 1990 se sembraban 2.1 millones de hectáreas, en 2009-2011 sólo 1.6 millones.
La soberanía alimentaria fue otro de los espejismos: las importaciones agroalimentarias brincaron de mil 790 millones de dólares en 1982, a más de 30 mil millones en 2012. Nuestros índices de cobertura con importaciones del consumo nacional aparente de los alimentos básicos han escalado de manera impresionante al punto que en 2011 compramos al exterior 46% de lo que consumimos, cuando al entrar en vigor el TLCAN importábamos 24%. En el año 2011 por cada dólar que ingresó al país por concepto de alimentos que exportamos, tuvimos que enviar 4.50 dólares al extranjero para comprar lo más básico que comemos.
La generación de empleos y la reducción de la migración y la pobreza fue otro espejismo que se diluyó estrepitosamente: al dañar seriamente la agricultura campesina y las capas medias rurales, tuvieron que emigrar del campo al menos un millón 780 mil personas desde 1994, según la Secretaría del Trabajo. Por otro lado, según el Coneval, mientras en el medio urbano, 40.6% de la población vive en la pobreza y sólo 6.3% en pobreza extrema, en el medio rural dichos porcentajes se elevan a 61.4% y 21.5%, respectivamente. Según la misma fuente la carencia por alimentación se incrementó en todo el país en 3.1 millones de personas entre 2008 y 2012, afectando ahora a 27.4 millones de personas, de los cuales 20 millones viven en el campo.
Si los espejismos de progreso generalizado no se hicieron realidad, las violencias, fruto del TLCAN, vaya que se hicieron presentes. En este campo arrasado el crimen organizado comenzó a penetrar desde los años 90. Ocupó los vacíos que dejó el Estado al retirarse como financiador, comprador, inversionista, regulador, promotor de la economía rural. También emprendió la explotación ilegal de los recursos naturales, como es el caso de los bosques en Michoacán y Chihuahua. Diversificó sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes: robo de maquinaria y equipo; despojo de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas; extorsiones a productores y comerciantes. Se hizo del control territorial de vastas zonas rurales y ahora designa alcaldes; ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios; cobra cuotas, derechos de paso, etcétera. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica societas sceleris, es decir, una sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada.
El TLCAN también disparó la violencia ambiental. Para poder competir con la agricultura más tecnificada del mundo, se han devastado los recursos naturales y abusado de los agroquímicos. Se están sobrexplotando sin piedad los mantos acuíferos. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. La OCDE acaba de señalar que México es el país de esa organización que pierde bosques, con una merma de 155 mil hectáreas de vegetación tan sólo entre 2005 y 2010.
Si no fuera por el cultivo de la amnesia histórica y la impunidad de las decisiones de política pública, Salinas y quienes impulsaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estarían pagando cara la entrega que hicieron del país con dicho acuerdo y las violencias que con él se generaron. Esperamos que quienes ahora se arrebatan la palabra y las cámaras para vendernos los espejismos de las reformas, se hagan luego responsables de la devastación social y económica que sus decisiones van a provocar.
* Víctor M. Quintana S. Doctor en ciencias políticas y dirigente estatal de Morena en Chihuahua
