Los habitantes de las comunidades de los municipios del norte de Chihuahua comienzan a organizarse para defender sus tierras, pero sobre todo para pedir información a las autoridades federales, en particular a Pemex, sobre los trabajos de la apertura de pozos para explorar y explotar hidrocarburos no convencionales en la región mediante la cuestionada técnica de fracturación hidráulica o fracking. Entrevistados por Proceso, algunos alcaldes y regidores aseguran que si esos trabajos prosperan, Chihuahua va rumbo a la catástrofe ambiental
Por Patricia Mayorga/ Proceso
Ante la posibilidad de la exploración y explotación del gas shale en el desierto de Chihuahua, inversionistas y autoridades se frotan las manos ante los posibles dividendos que obtendrán, mientras la población comienza a organizarse para evitar los daños al entorno ambiental que, dicen, ocasionará la técnica hidráulica de fragmentación de las rocas –fracking– para extraer el hidrocarburo y el probable despojo de sus tierras.
Por lo pronto, académicos, activistas y organizaciones civiles formaron el grupo Chihuahua contra el Fracking para, entre otras acciones, impartir talleres informativos sobre los efectos nocivos de ese método de extracción. También destacan que ya se iniciaron las primeras regularizaciones de predios intestados y de tierras nacionales, y en la región se ha visto a empresarios extranjeros, sobre todo asiáticos, dispuestos a entrarle al negocio de extracción de gas shale.
En la región fronteriza, donde hay innumerables pozos, la exploración de gas comenzó a realizarse en la década de los sesenta, en el sexenio de Adolfo López Mateos, precisamente durante la crisis del petróleo. Pero en los últimos meses se reavivó el interés de inversionistas y consorcios trasnacionales, sobre todo a partir de que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró en una de sus visitas a la entidad que no sólo hay gas shale, sino también shale oil y petróleo.
Incluso adelantó que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza un estudio –valuado en 230 millones de pesos– para determinar si la zona es sísmica tridimensional y para conocer los efectos que implicarían los trabajos exploratorios y de extracción de hidrocarburos no convencionales mediante esa técnica de fragmentación hidráulica. Las investigaciones concluirán en enero de 2015, aseguró el funcionario.
Ello se debe a que, hasta la fecha, en las zonas centro y centro sur de Chihuahua se registraron 112 pequeños sismos entre septiembre y octubre de 2013. Ni en Pemex ni en la Secretaría de Energía saben qué los provocó.
Las rocas lutitas que abundan en el norte de México forman parte de una formación geológica llamada Eagle Ford, que viene desde Alabama, de ahí que todo ese territorio sea rico en gases de diverso tipo y en petróleo.
En Chihuahua, las autoridades federales intentan construir cinco gasoductos, entre ellos uno que va desde Ojinaga-El Encino, en la carretera de Chihuahua, a Delicias, y se extenderá de El Encino a La Laguna, en Coahuila, con una inversión de 29 mil millones de pesos.
Otro, que va de Juárez a El Encino, se interconectará con un tercero de Sinaloa; uno más atravesará los municipios de Carichí, Bocoyna, Guachochi, Urique, Maguarichi y Guazapares, de la Sierra Tarahumara, localidades con población mayoritariamente indígena.
Hasta ahora, sólo la comunidad de Repechique San Elías, del municipio de Bocoyna –la misma que ganó una suspensión de amparo contra la construcción del aeropuerto regional de Creel–, logró que las autoridades federales y la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste informaran a las comunidades aledañas sobre la construcción del gasoducto y para que las tomaran en cuenta.
“Chihuahua será una de las principales entidades en la creación de la red nacional de gasoductos con la expansión de la infraestructura ya existente”, suele decir con frecuencia el gobernador César Duarte Jáquez. Hasta ahora se sabe de por lo menos 30 empresas interesadas en participar en las licitaciones para la construcción de gasoductos.
El expresidente municipal de Ojinaga, el panista Juan Carlos Valdivia, comenta a la reportera: “Dicen que habrá mucho progreso, ¿pero a costa de qué? No veo que las ciudades productoras de petróleo en el país hayan abatido la pobreza; veo mucha pobreza en Veracruz y Tabasco, por ejemplo”.
Según Valdivia, hay una gran expectativa por las fuentes de empleo que se generarán con las obras de exploración y explotación de pozos. La gente está ilusionada, aunque totalmente desinformada.
Cruce fatal
Ojinaga, cuya superficie es de 2.3 millones de hectáreas y alberga a 24 mil personas, tiene un alto rezago en infraestructura. Ahí, la inseguridad y la violencia –sobre todo la que se genera dentro del grupo delincuencial llamado La Línea– mantienen a la comunidad inmersa en la zozobra. Por la región desértica de este municipio y el territorio texano hay cientos de brechas que utilizan los narcotraficantes para cruzar la frontera.
Según la directora del DIF municipal, María Dolores Chávez Ronquillo, se ha detectado a muchos niños “mochileros” contratados por los narcos para introducir droga a Presidio, Texas. Algunos de los menores que son descubiertos son deportados por las autoridades migratorias.
Alrededor de 90% de los pobladores tienen familiares que trabajan en zonas petroleras de Odesa, Precos o Midland, en Texas, comenta a Proceso el alcalde de Ojinaga, Miguel Antonio Carreón Rohana. La mayoría son indocumentados.
“Hay más ojinaguenses allá que los que hay aquí; seguramente cuando inicie aquí la exploración y explotación de gas shale van a venirse para acá”, pues es menos riesgoso para ellos trabajar en su tierra, dice el presidente municipal, quien hace años fue empleado en una petrolera texana.
Carreón asegura que Pemex realizó trabajos exploratorios en la zona hace aproximadamente 50 años. Al visitar un pozo ubicado a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal, el alcalde dice que aún sale agua, lo que indica que en el subsuelo hay hidrocarburos; incluso se ve un tubo oxidado, señal de que ahí hay un pozo del que emana un penetrante olor a gas.
Después de varias décadas de que la zona se mantuvo en el abandono, las autoridades federales comenzaron a construir la carretera Ojinaga-Valle de Juárez, un tramo de 350 kilómetros que, aseguran los pobladores de las dos regiones, es utilizado por los grupos delictivos que trasladan droga a Estados Unidos.
Cuando la reportera le pregunta sobre el fracking en la zona, Carreón argumenta que el agua del subsuelo es salada. Es probable, insiste, que ésta se contamine con los ácidos que le inyectan a la tierra, pero la perforación se hará a 12 mil o 15 mil pies de profundidad. “No lo van a hacer a 300 metros; sólo hay que hacerla con responsabilidad”.
Y sobre su experiencia en la firma petrolera de Texas, el entrevistado asegura que en aquel estado aún hay flora en las zonas donde se utiliza el fracking.
La reportera insiste:
–¿Cómo está el subsuelo?
–Bueno –contesta–, Odesa algún día se va a hundir.
El anuncio de la reforma energética atrajo ya a inversionistas de diferentes países. “La gente de la embajada de Estados Unidos nos dice que por lo menos va un visitante diario a preguntar los detalles para invertir”, asegura el entrevistado.
Lo anterior preocupa a quienes tienen familiares en Estados Unidos, pues desconocen lo que ocurrirá en la región. Saben lo que ha sucedido en Texas; pero en México, donde hay menos recursos para indemnizar y para pagar salarios, puntualiza Carreón, las instituciones encargadas de cuidar el medio ambiente tienen un historial de corrupción.
Elisama Morales, quien reside en Odesa, comenta que justo frente a su casa, en su terreno, las autoridades construyeron un pozo. “Ahí está, enseguida de una palma”.
La regidora panista Indira López Morales agrega: “Todos tenemos parientes en Texas y hemos visto que sí se han beneficiado, pero también los han perjudicado mucho. Las compañías que se encargan de la extracción (de hidrocarburos) les llevan garrafones de agua a los habitantes hasta sus viviendas. No porque sean buenas gentes, sino porque allá ya no se puede tomar el líquido de la llave.
“La población está saturada porque ha llegado a trabajar gente de todo el país (Estados Unidos) a Odesa y Midland, principalmente… Si allá tienen problemas, aun cuando las asociaciones civiles y ecologistas han evidenciado los daños, aquí necesitamos que vengan a informar a la sociedad. En Ojinaga no hay infraestructura. ¿Cómo le van a hacer? Sólo tenemos dos vías de comunicación”, cuestiona López Morales.
Intranquilidad en Coyame
Coyame es un municipio rural con alrededor de mil 800 habitantes y en su jurisdicción los índices delictivos son incipientes; por eso al ayuntamiento le preocupa la probable inestabilidad que generen las actividades de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El pueblo se encuentra a 80 kilómetros de Ojinaga, tramo en el que se ubica el cañón del Pegüis, uno de los más grandes y menos conocidos de la entidad.
En las últimas semanas, el director de Catastro, Raúl Ramírez, notó que mucha gente se estaba interesando en regular sus terrenos porque, según él, tienen expectativas e intentarán sacar provecho en el futuro inmediato. Son cuatro los casos detectados. Los propietarios ya iniciaron la legalización de terrenos intestados para definir quiénes son los dueños; en algunos ranchos también “andan acelerados”, sostiene Ramírez.
Ellos han oído hablar del fracking y confían en que los legisladores hayan contemplado en la ley el cuidado de la flora y la fauna, pero sobre todo de las personas.
Rosa Rodríguez, dueña de una tienda de abarrotes, comenta que ella sólo ha escuchado rumores de lo que va a suceder, y aunque le entusiasma la creación de nuevas fuetes de trabajo, también le preocupa lo que pasará con su tranquilidad y con sus tierras. Nadie le ha informado a la comunidad sobre las actividades que realizarán los inversionistas en la región.
En Samalayuca, seccional del municipio de Juárez, Lourdes Alvarado tiene 538 hectáreas que heredó de sus padres. En esa extensión se ubica un pozo que tiene impresa la fecha del 14 de noviembre de 1969. Ha recibido varias ofertas para que venda su terrero, entre ellas la del presidente seccional Armando Esparza, pero advierte que no lo hará.
En la localidad la mayoría de la gente vive de la agricultura. Javier Meléndez Cardona, líder del Frente de Productores Agropecuarios, explica que ahí la Comisión Federal de Electricidad tiene una planta termoeléctrica que busca extraer agua del subsuelo y este año licitaron otra.
Si a eso le agregan la extracción del gas shale, advierte, habrá una catástrofe ambiental a pesar de que la mayoría del seccional es zona protegida.
Ni en el este ni en el valle de Juárez, otro de los puntos donde se harán trabajos de exploración y explotación, hay información. Ahí se encuentran también los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos, los más golpeados en la lucha contra el narcotráfico.
En Guadalupe Distrito Bravos, más de la mitad del pueblo se fue. Ahí vivía la familia Reyes, que perdió siete miembros. El resto huyó a Estados Unidos. Hoy se observan ahí casas abandonadas; algunas fueron quemadas, otras baleadas.
Las autoridades buscan regular los predios porque el municipio está casi en bancarrota. Los pobladores aún no recuperan la tranquilidad y tampoco tienen información sobre la situación en la que los colocará la reforma energética.
En el municipio de Janos, contemplado también para la extracción, a principios de mes se abrió la tierra en una comunidad ejidal de Monterde en ese territorio que colinda con Nuevo México. Algunas calles están llenas de grietas de hasta dos metros y medio de profundidad por uno de ancho. Nadie conoce las causas de ello…
Fuente: Proceso
