Temen que reforma acabe con el maíz

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La Reforma para la Transformación del Campo de EPN dará “la estocada final” al agro, acusa la organización Sin Maíz no hay País

Por  Shaila Rosagel/ Sin Embargo

La Reforma para la Transformación del Campo que impulsa el Presidente de la República Enrique Peña Nieto desde Los Pinos significa la estocada final a los campesinos mexicanos y la entrega de los recursos naturales a las grandes trasnacionales, aseguraron organizaciones civiles no gubernamentales que forman parte de la campaña nacional Sin Maíz no hay País.

Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dijo que son cinco las amenazas más graves de la iniciativa que prepara el Ejecutivo.

“La primera es la privatización vía fast track del ejido y la comunidad; la segunda, la profundización del modelo de libre importación, monopolios y dependencia alimentaria; en tercer lugar, la profundización de la agricultura industrial en su etapa transgénica; el despojo y depredación de los recursos naturales y el debilitamiento de la resistencia social en el campo frente al despojo”, explicó.

Suárez Carrera recordó que hace un año las organizaciones le entregaron al Ejecutivo un estudio donde argumentaron la viabilidad de mejorar las condiciones del campo, a  través de impulsar la agricultura a pequeña escala, pero nunca recibieron una respuesta.

La semana pasada la Secretaría de Gobernación (SG), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu) instalaron la Comisión Permanente para la Reforma para la Transformación del Campo, la cual será operada por los gobiernos estatales y municipales.

“Y a través de esa Comisión que estará operada por ellos mismos, van a pasar la reforma que entrega el campo a las compañías extranjeras, igual como lo hicieron con la Reforma Energética, Educativa y todas las demás”, mencionó.

El activista destacó que actualmente se destina 80 por ciento del presupuesto para el campo a los grandes productores. En contraste los pequeños agricultores sólo reciben 20 por ciento de los apoyos, a pesar de que ellos son los que generan 75 por ciento de los alimentos en México.

“En los últimos 30 años 90 por ciento de las unidades de producción rural que son pequeñas y menores de cinco hectáreas han estado abandonadas por el Estado mexicano: no tienen crédito, no tienen asistencia técnica, no tienen infraestructura ni sistema de precios remunerativos, no tienen certidumbre en la comercialización a pesar de que ellos producen 75 por ciento de los alimentos.

“Si se cambia la política de abandono y se reconoce el potencial productivo que tienen  y se asegura que tengan crédito, como en Brasil, Cuba, India, como cualquier otro país a precios competitivos, puede alimentar y satisfacer las necesidades de la población”, detalló.

El director de ANEC dijo que el modelo de producción industrial basado en el uso intensivo de agua, maquinaria agrícola, fertilizantes químicos está agotado por el elevado costo ambiental y social.

Explicó que en México un pequeño productor posee 3.5 hectáreas, mientras que en China son 350 metros cuadrados por agricultor. “China produce la mayor parte de sus alimentos con una agricultura micro, diez veces más pequeña que la de México, pero hay una política de Estado para apoyar esa producción. En Europa también la mayor parte de la producción se da a través de la agricultura en pequeña y mediana escala”, dijo.

Plutarco Emilio García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, explicó que la agricultura familiar garantiza la soberanía alimentaria y evitó hambrunas nacionales en el pasado.

“Pero la conservación y reproducción de las semillas nativas frente a los transgénicos está en manos de los campesinos y comunidades indígenas, por lo que urge que instituciones oficiales, organizaciones campesinas y sociales, así como las universidades, apoyen con programas especiales a los campesinos en esta tarea con capacitación y recursos”, expuso.

Contras los transgénicos

En octubre del año pasado, por primera vez en la lucha de las organizaciones civiles en contra del maíz transgénico, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena a la Sagarpa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender cualquier permiso experimental y frenar el procedimiento de liberación comercial para la siembra de este tipo de alimento.

La resolución del juez se dio como respuesta a una demanda colectiva que interpusieron activistas como el Padre Miguel Concha,  Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Adelita San Vicente, entre otros, y dejó sin efecto 43 permisos experimentales que se otorgaron desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

La medida precautoria se basó en el riesgo de daño al medio ambiente e impide a empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer –entre otras–, liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, dijo René Sánchez Galindo, representante legal de los demandantes en esa ocasión.

El abogado explicó que en el país existen tres tipo de permisos para sembrar maíz transgénico: experimentales, piloto y el comercial que está en proceso de liberación. Sánchez Galindo detalló que una de las razones que tomó en cuenta el juez para dictar la medida, fue que se recabaron pruebas de que en el maíz transgénico, sujeto solo a cierto número de hectáreas restringidas, contaminó los sembradíos de otros campesinos.

“El juicio puede durar de un año a tres años, no tienen plazo el juicio, pero durante este tiempo ya no habrá siembra de transgénicos y se detiene la autorización para hacerlo de manera comercia. Los científicos aseguran con pruebas que es imposible la convivencia con el maíz transgénico con el nativo”, dijo.

El abogado indicó que de aprobarse la liberación comercial, impulsada por las grandes empresas productoras de maíz, los campesinos mexicanos perderían la propiedad sobre su semilla por la facilidad de contaminación por polinización. Mercedes López, de Vía Orgánica, dijo que 53 por ciento de la ingesta calórica y 22 por ciento de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado.

“Si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, todas las mexicanas y mexicanos seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas  las investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos”, subrayó.

Adelita San Vicente Tello, representante del movimiento, dijo a SinEmbargo que la resolución es una buena noticia para México. “Estamos muy contentos, nunca el Poder Judicial había entrado al fondo del asunto, es la primera vez que están tomando una resolución, esperamos que se abra una etapa de debate”, dijo. San Vicente detalló que los defensores del maíz nativo tienen conocimiento de que estaba en proceso una solicitud para sembrar comercialmente 11 millones de hectáreas de transgénico.

“Es la mitad del país, lo que nos demuestran la magnitud de la intención de las grandes trasnacionales como Monsanto. Hay un permiso en proceso para sembrar 250 mil hectáreas de soya transgénica. Quieren asegurar tener ocupado todo el territorio”, dijo la activista. Si al final del juicio las autoridades mexicanas deciden abrir al país a la siembra de maíz transgénico, el campesino será uno de los más afectados, explicó.

“El campesino dejaría de ser dueño de sus semillas. Las empresas van a patentar las plantas y después habrá que pagarles regalías, porque el polen no es estático”, agregó. En esa ocasión Víctor dijo que existe evidencia científica de ha demostrado que “no es posible contener al maíz transgénico y que la acumulación progresiva e irreversible de los paquetes transgénicos actuales y futuros, pudiera rebasar el umbral letal de tolerancia de la planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a la planta y la condición única de México como centro de origen y diversificación continua.

Este lunes, Luis Arturo Carillo del Ma OGM Colectivo sin Transgénicos explicó que en Campeche se ganaron dos amparos en contra de 14 mil hectáreas de soya transgénica sembrada por la comunidad menonita que habita en la región.

Sin embargo, aunque se prohibió la siembra del maíz para la cosecha actual, por la temporada de lluvias, los agricultores no pudieron eliminar los rastros de la semilla transgénica de la tierra, por lo que crecieron flores y se contaminó la miel de abeja que producen alrededor de 20,000 apicultores.

“Legalmente está prohibido que la planta transgénica se reproduzca así misma, Monsanto durante todo este tiempo ha dicho que se puede controlar el medio ambiente pero no es así, en este caso se retiraron las plantas, pero se alcanzaron a contaminar las abejas”, expuso.

El activista detalló que los dos amparos se ganaron debido a que el juez consideró que no se respetó el derecho a  la consulta de los pueblos indígenas y sentó con ellos el precedente jurídico de que el gobierno tiene que consultar a las poblaciones originarias antes de autorizar proyectos que atenten en contra de su entorno y cultura.

Fuente: Sin Embargo

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