El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación (Segob) planean reformar en breve el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para restringir aún más la Alerta de Violencia de Género (AVG), dilatar el proceso para su declaratoria, y excluir del trámite a los grupos civiles.
Por Anaiz Zamora Márquez/ Cimac
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCFN), dijo que si bien la sociedad civil fue consultada para modificar ese reglamento, hasta ahora no se conoce el documento final –pese a que se ha solicitado a las dependencias federales, sin obtener respuesta–, por lo que se ignora si las demandas ciudadanas se tomaron en cuenta.
Estrada advirtió que el proyecto de reforma dado a conocer por Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, no es adecuado, pues una vez más se dilata el proceso para decretar la AVG y de nuevo se vuelve “juez y parte a los gobiernos”.
Y es que durante el Foro Nacional de Consulta para elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizado el pasado martes, Cruz Sánchez explicó que la reforma al reglamento ya está en el trámite del dictamen jurídico, es decir que sólo espera ser avalada por las dependencias federales dedicadas a combatir la violencia de género.
Afirmó que las modificaciones van encaminadas a volver operable la AVG –mecanismo urgente de acción colectiva cuando hay casos graves de violencia contra las mujeres en un territorio determinado–, la cual ha sido negada en todas las ocasiones que se ha solicitado. Además la funcionaria aseguró que la reforma cuenta con el aval de las organizaciones civiles.
A decir de Lorena Cruz, el “nuevo” reglamento elimina la votación sobre la procedencia o no de una investigación sobre violencia feminicida, que realizaba el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), y que era el principal obstáculo para decretar la AVG.
Ahora de manera inmediata, una vez recibida una solicitud, un “Consejo de Expertas” (del cual se desconoce su integración) iniciará la indagación.
Con base en esa investigación habría recomendaciones a los gobernantes, las cuales tendrían que aplicarse en un plazo de seis meses para luego ser evaluadas. Si no se ponen en práctica con la debida diligencia se procedería a decretar la AVG.
Más de lo mismo
María de la Luz Estrada recordó que actualmente uno de los principales conflictos es que los gobernantes ven como un castigo las solicitudes de AVG y que, según la reforma al reglamento, al emplazarlos a una serie de acciones o de lo contrario se decretará la alerta, de nueva cuenta se concibe de manera errónea la aplicación del mecanismo.
Denunció que se pretende excluir a las organizaciones peticionarias de AVG, pues la propuesta que se dio a conocer establece que el informe que elaborarían las expertas sería notificado a los gobernantes y no a la sociedad civil, por lo que “no sabríamos lo que pasó con nuestra solicitud hasta meses después y en ese periodo corremos el riesgo de seguir en la cuenta lamentable de mujeres violentadas o asesinadas”, observó la activista.
Sumado a ello se deja al criterio de las dependencias valorar si los gobiernos estatales cumplieron o no con las recomendaciones y medidas cautelares, lo que para Estrada representa una “politización” del mecanismo.
No están considerando –advirtió– la intervención de las peticionarias, que son quienes conocen realmente el panorama y contexto en el que viven las mujeres de un determinado territorio, y que son las que pueden determinar con precisión las medidas cautelares necesarias.
Finalmente informó que todas estas observaciones se realizaron durante el periodo de consulta de reforma al reglamento, pero criticó que las instancias federales continúen en “la dilación para proteger de manera efectiva la vida y seguridad de las mujeres”, y enfatizó que sería lamentable publicar un documento “a modo”.
“Apelamos a que el Inmujeres cumpla con su compromiso de erradicar la violencia contra las mexicanas y esperamos ver ese compromiso plasmado en el reglamento”, sentenció.
Historia de una reforma anunciada
Desde junio de 2012 el OCNF formó parte del grupo de trabajo instalado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –instancia de la Segob–, para realizar una propuesta de modificación al reglamento de la LGAMVLV, promulgada en febrero de 2007.
La propuesta quedó lista en noviembre de 2012 y pasó todos los filtros para su aprobación; finalmente quedó a la espera de que Segob la publicara en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor.
Mientras se aguardaba la publicación del nuevo reglamento, en el primer semestre de este año el SNPASEVM sesionó en tres ocasiones y en todas negó el inicio de una investigación por violencia feminicida en Hidalgo, Guanajuato y Estado de México.
Ante ello, el OCNF ha urgido a eliminar los obstáculos que limitan la aplicación de la AVG –llamado al que también se sumó el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)–, y se pronunció a favor de una reforma integral a la LGAMVLV y su reglamento.
En junio pasado, Lorena Cruz también declaró que esta reforma integral era necesaria y anunció que se trabajaría por modificar la ley.
Cuatro meses después, la titular del Inmujeres dijo a esta agencia que “las reformas integrales son sumamente complejas, pues deben de pasar por ambas cámaras y (mejor) se optó por reformar únicamente el reglamento”.
Fuente: CimacNoticias
