Televisa acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de intentar crear un monopolio estatal en telecomunicaciones. Aunque la intención es ampliar el acceso de la población a la banda ancha, la televisora considera “peligroso” permitir al Estado ofrecer servicios 4G. Dice que con la reforma habrá condiciones inequitativas de competencia.
El beneplácito y satisfacción que, en general, expresaron las empresas de telecomunicaciones sobre la reforma constitucional en la materia se transformó en severas críticas contra el gobierno federal, al que acusaron de pretender crear un nuevo monopolio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Telecomunicaciones de México (Telecomm), que operarán una red pública.
Además, calificaron como “peligroso” que la nueva ley contemple que la banda de los 700 megahercios (Mhz), a la que todos llamaron la “joya de la corona” porque permite la transmisión de servicios móviles de cuarta generación, pueda ser explotada por el Estado para ampliar el acceso de la población a la banda ancha.
Consideraron que ambos proyectos generarán condiciones inequitativas de competencia, lo que contradice el espíritu de la reforma y exigieron que la banda mencionada se concesione al sector privado, siquiera parcialmente.
Antonio Garza, vicepresidente jurídico de Nextel, Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de Telefónica y Alejandro Hernández, director general de negocios en telecomunicaciones de Televisa, despotricaron contra los artículos décimo quinto transitorio y décimo sexto transitorio de la nueva Ley Federal en Telecomunicaciones durante un panel para evaluar la reforma en el foro en telecomunicaciones Accorn 2013, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Moderador de la mesa, Santiago Gutiérrez, presidente de la World Information Technology and Services Alliance (Witsa), una confederación de cámaras empresariales en tecnologías de la información de 85 países, cuestionó a los ponentes si el sector privado está de acuerdo con los artículos transitorios 15 y 16.
El primero se refiere que CFE cederá totalmente a Telecomm su concesión “para operar, instalar y explotar una red pública de telecomunicaciones” y la ampliación de su fibra oscura de 25 mil a 60 mil kilómetros, mientras el segundo concierne al acceso de la población a la banda ancha y servicios de telecomunicaciones con el aprovechamiento de 90 megahercios del espectro liberado con la transición a la televisión digital terrestre en la banda de 700 megahercios, con una inversión de 10 mil millones de dólares.
“Nos parece peligroso y preocupante porque esta banda es crítica para el progreso de todas las empresas establecidas en México y si no tenemos acceso va a ser muy difícil ser competitivos y atender necesidades de nuestros clientes. Esos 90 megahercios bien podrían utilizarse dividiéndose en bloque de 30. Nuestra petición es que (el gobierno) no se ‘chute’ toda la banda porque con 30 puede crear una red mayorista y se puede permitir el paso a la competencia de varios operadores que darán mucho mejor servicio. No dejemos que esta banda, que es la más precisada de la industria, pueda llegar a haber incompetencia”, puntualizó Miguel Calderón, de Telefónica.
Antonio Garza, de Nextel, dijo que el tema genera mucha incertidumbre porque se estaría generando “un ente monopólico predominante si se usan los 90 megahercios”, mientras Alejandro Hernández señaló que ello representa “un contrasentido de la reforma”.
En torno a CFE y Telecomm, si bien reconocieron que el Estado ya realizó una gran inversión en CFE para contar con una infraestructura a nivel nacional y que ésta estaba desaprovechada, advirtieron que se requiere invertir más y el proyecto debe ser comercial.
“Nos preocupa que no se favorezca la competencia porque en otros países se creó un ente con subsidios del Estado que no competía en los mismos términos con las empresas. Si se cumple que los operadores puedan competir en igualdad de circunstancias, sin que haya asignación directa de contratos y que recursos esenciales como el derecho de vía sea accesible para todos los jugadores, enhorabuena porque podemos ser clientes o incluso socios de este proyecto”, advirtió Calderón.
Puntualizó que la inversión pública debe “complementar” la privada en aquellos lugares donde ésta no llega porque no hay condiciones y no que compita una contra la otra porque dijo que ésto ha fracasado en países donde lo han probado.
“Los activos del gobierno que ya existen deben usarse para favorecer la competencia e incentivar inversiones, no para inhibirlas. No estoy de acuerdo que el gobierno se convierta en un operador más pero con condiciones especiales, cuando ya existe una participación del sector privado”, dijo Alejandro Hernández y agregó que el gobierno ha probado ser muy malo como gestor de proyectos técnicos.
Antonio Garza sentenció que si de por sí el sector de telecomunicaciones está muy regulado contar con una empresa estatal implicará que lo esté doblemente o sea sobrerregulado.
Fuente: La Jornada
