Tanhuato, ¿espejo de las violaciones a derechos humanos en México?

Los distintos tipos de abusos de autoridad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró y expuso en su informe sobre el enfrentamiento de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, no son exclusivos de este caso, sino que han sido señalados en reportes de organismos defensores desde hace por lo menos 10 años.

Uso excesivo de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales, tortura y manipulación de evidencia son algunas prácticas de autoridades que investigadores externos al gobierno han registrado en los hechos violentos de Tanhuato, y otros que despertaron el interés nacional e internacional como Tlatlaya y Atenco, Estado de México; Chalchihuapan, Puebla, e Iguala, Guerrero.

“Nos hemos dedicado a documentar casos de tortura en México y, tal como lo dicen nuestros reportes, los elementos encargados de hacer cumplir la ley hacen uso de la fuerza de manera común, de manera cotidiana. Es algo que nosotros hemos documentado en muchos casos con independencia en el caso de Tanhuato”, dijo a Expansión el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz.

Para Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), desde hace 10 años —cuando ocurrió el operativo que dejó dos personas muertas y decenas de detenciones arbitrarias en Atenco, Estado de México— se plantearon recomendaciones para evitar la repetición de este tipo de casos, pero al no haber seguimiento ni castigos éstos siguen ocurriendo.

“Tenemos una gran problemática porque al no estar regulada, al no tener mecanismos eficaces para verificar la actuación, la planeación y la ejecución de los operativos, si hay excesos que se sancionan tanto internamente en la institución como externamente, pues venimos viendo que se reproduce y se extiende la problemática en el tiempo. Prácticamente tenemos 10 años, desde 2006, los hechos en Atenco y estamos en 2016, o sea 10 años sin que se hagan las acciones pertinentes”, comentó en entrevista.

De acuerdo con ambos activistas, esto se debe a que no se da seguimiento a las recomendaciones de la CNDH ni a las lecciones que dejan estos casos.

“Si se hubiera tomado en serio, desde 2007 respecto a Atenco, y se hubieran tomado en serio las recomendaciones que hacía la Comisión Nacional, seguramente hoy tendríamos una situación distinta, pero el problema es que no fue así. Se hacen pequeñas cosas, se olvidan y cuando vuelve a suceder otra tragedia pues otra vez se medio quiere hacer algo, pero no tiene ni la continuidad ni la permanencia en el tiempo que se requiere”, afirmó Cortez.

En los siguientes casos, se repiten las recomendaciones derivadas de actos de uso excesivo de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales, tortura y manipulación de evidencia.

Uso excesivo de la fuerza

La CNDH determinó que en Tanhuato el uso excesivo de la fuerza pública derivó en violaciones graves a los derechos humanos, como “la ejecución arbitraria de 24 civiles y la privación de la vida de un civil; tortura de dos personas detenidas; trato cruel, inhumano y degradante en prejuicio de una persona detenida y manipulación del lugar de los hechos”.

En junio pasado, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, manifestó su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden público en manifestaciones o cuando se practican detenciones.

El experto observó que no existía un marco jurídico coherente en ese ámbito, por lo que recomendó que se enmendara la Constitución para aprobar una ley general en la materia que fuera aplicable a todas las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos más exigentes.

La visita del relator de este año tuvo como objeto presentar su informe de seguimiento a la visita realizada en 2013, y en dicho contexto fue informado del caso de Chalchihuapan, Puebla, donde tras una manifestación que derivó en enfrentamiento un menor de edad perdió la vida.

“Presuntamente, la Policía había actuado conforme a la Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, de 2014, que concedía amplias facultades a la policía para que interviniera en las manifestaciones y recurriera a la fuerza letal”, dice el informe del relator.

Tortura

El informe sobre Tanhuato documentó la falta de respeto, dignidad y consideración a dos cadáveres, derivado de las quemaduras que presentaron al haber estado expuestos a fuego directo; además de que seis de los cuerpos encontrados estaban descalzos y sin playeras, por lo que presume que hubo tortura.

“Se contó con elementos para establecer indiciariamente que dos personas detenidas fueron víctimas de actos de tortura, en virtud de que fueron sometidos a un sufrimiento severo”, señaló el documento de la CNDH.

De acuerdo con la investigación, los elementos de la Policía Federal que detuvieron a las víctimas las obligaron a presenciar algunas circunstancias de la ejecución de tres personas, y los detenidos fueron agredidos física y psicológicamente, sometidos a interrogatorio mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares.

En su informe Situación de los Derechos Humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalla que en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, donde 43 normalistas fueron desaparecidos, el 77% de las personas investigadas mostraba lesiones corporales.

“Un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”, indica el documento.

Ejecuciones extrajudiciales

La CNDH estableció en su informe sobre Tanhuato que algunas de las víctimas se encontraban en desventaja respecto a sus agresores. Detalló que de las 22 personas que fueron ejecutadas de manera arbitraria, 13 se encontraban de espaldas y que en cinco casos el disparador se encontraba en el helicóptero que arribó al lugar de los hechos.

Una de las víctimas, añade el informe, estuvo expuesta a fuego directo cuando aún se encontraban con vida, y tres más, a pesar de que ya se encontraban sometidas, fueron privadas de la vida.

El informe de la CIDH, en tanto, señala que en los últimos años han tenido lugar incidentes emblemáticos con participación de agentes del Estado en actos violentos.

El documento pone como ejemplo “el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, algunas de ellas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército”.