Por Carlos Miguélez Monroy*
En nuestro imaginario colectivo, la salida del agua es el proceso lógico que sigue al de abrir una llave. Pero la realidad para miles de millones de personas es distinta en pleno siglo XXI.
La falta de acceso al agua potable está en la raíz de 5.000 muertes diarias, 2 millones al año, según Naciones Unidas. Se trata en su mayoría de niños y niñas vulnerables a diarreas que a veces no pueden solucionar por falta de medicamentos y servicios médicos. Debido a la relación que tiene el agua con los cultivos, las poblaciones que sufren escasez están expuestas al hambre por bajas producciones agrarias y por la facilidad que tienen los especuladores para manipular los precios de los alimentos en esas circunstancias.
Además de una cuestión de escasez en zonas donde el desierto gana terreno, el “problema del agua” obedece a una distribución desigual, a la presión sobre los acuíferos en ciudades que no pueden soportar este aumento de población urbana, y a la falta de estructuras para un saneamiento adecuado.
La lucha por controlar las reservas de agua donde la presión demográfica o las circunstancias geográficas limitan el acceso a ella se suma a la fiebre por materias primas para provocar enfrentamientos y conflictos armados.
Pero a diferencia del petróleo, de la bauxita para el aluminio, del litio para las baterías de los coches eléctricos o el coltan para fabricar teléfonos y computadoras, el agua del planeta no se agota. Sólo cambia de estado. Esto convierte los problemas relacionados con ella en un desafío para la voluntad de los políticos y de los ciudadanos que se informan para votar por unos o por otros. Y para exigirles, ya que a los causes de participación demográfica se han suman las nuevas plataformas de Internet y las redes sociales. Desde organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales se pueden promover políticas de gestión del agua que se adapten a las circunstancias geográficas y demográficas.
Como no ha bastado el reconocimiento del derecho universal al agua para garantizar que accedan a ella miles de millones de personas, tendrá que empezar a reconocerse en tratados internacionales que obliguen a los estados y en leyes nacionales que permitan exigir ese derecho en los tribunales, aunque sin caer en el buenismo de “agua gratis ilimitada para todos”. Se trata de promover políticas que garanticen un acceso que satisfaga unas necesidades mínimas. Para ello habrá que anteponer este derecho fundamental a determinados intereses que, en las últimas décadas, han acelerado la privatización de un bien que sostiene la vida en el planeta. Esa privatización en manos de empresas francesas, españolas, estadounidenses y de otros países ha ido de la mano con el aumento de los precios del agua corriente en países donde mucha gente apenas tiene medios para subsistir con dignidad.
La situación geográfica de algunos ríos en España ha provocado tensiones entre distintos gobiernos regionales, que utilizan el agua para ganar votos con el argumento de que el agua les pertenece a ellos y no a sus vecinos. Con la aridez y los problemas de sequía en algunas de esas regiones, España es, en proporción, uno de los países del mundo con mayor número de campos de golf.
Esta anécdota demuestra el papel que juega la gestión política del agua, aunque muchos de estos problemas hunden sus raíces en una concepción de un bien que pertenece a todos como algo que se puede comprar. De ahí al derroche hay poca distancia. Para muchas personas que se pueden pagar el golf, el gimnasio o el SPA, dejar la llave abierta mientras se afeitan o se lavan los dientes no supone ningún problema. “Ya pagué”, llegan a responder a quien “se le ocurra” sugerirles que cierren la llave.
Esta mercantilización convierte la escasez de agua en un problema económico, no en el desafío educativo y demográfico en lugar de abordarlo como un desafío educativo y demográfico para evitar una bomba social.
* Carlos Miguélez Monroy. Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
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Twitter: @cmiguelez
