Todo lo que puede salir mal en Tamaulipas ha salido mal: hay una ríspida contienda por la gubernatura, que incluye denuncias de persecución política desde el actual gobierno panista; existe un riesgo de violencia durante la jornada electoral y a ello se suma la agitación en materia de seguridad pública por la confrontación de los cárteles de la droga que pretenden el control de la plaza. Por si fuera poco, en manos de la Suprema Corte está el decidir si procede el desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y si no procede, “se engallará y reforzará su intervención” en los comicios, advierten desde la oposición.
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El ambiente político en Tamaulipas se crispó en la antesala de la elección para gobernador, el próximo 5 de junio. Ni el PAN está dispuesto a ceder el gobierno ni Morena pretende soltar lo que ya consideraba como una gubernatura más en su bolsa.
La confrontación ha escalado con acusaciones cruzadas entre Morena y el PAN sobre la cercanía con un empresario asesinado, ligado al huachicol; órdenes de aprehensión para alcaldes opositores y la amenaza de desafuero contra el mandatario panista, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre la cual habría definiciones esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El próximo 1 de junio, a sólo cuatro días de la elección estatal, la SCJN determinará si procede el desafuero del gobernador panista, con lo que se cumpliría la orden de aprehensión en su contra girada desde 2021, por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
A la tensa situación política en el estado se suma el anuncio de un patrullaje preventivo de la Guardia Nacional y del Ejército durante la jornada electoral, que estará presente en los 43 municipios a partir del lunes 30.
Por si fuera poco, hay un permanente estado de agitación en materia de seguridad pública en la entidad, principalmente por la confrontación del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Los Zetas, con sus respectivos subgrupos, que luchan por expandir territorialmente sus actividades de venta de droga, secuestro, extorsión, ejecuciones, tráfico de personas y combustible.
A escala nacional, Tamaulipas ocupa el sitio 20 de homicidios dolosos, con mil 938 casos desde que se inició el sexenio hasta abril último, registra el reporte diario del gobierno federal.
Pero, de acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, el estado es uno de los primeros ocho en huachicoleo.
Incluso, la situación que vive el proceso electoral de Tamaulipas fue planteada en la OEA, en Washington, por el senador Emilio Álvarez Icaza, quien denunció el involucramiento de la delincuencia organizada en los comicios estatales, particularmente en favor del candidato de Morena, Américo Villarreal, apoyado por una red de “macrocriminalidad”, según dijo.
Por su parte, la diputada local morenista Magaly Deandar Robinson dijo a Proceso que la fiscalía estatal ha girado unas 40 órdenes de aprehensión con el evidente propósito, apunta, de intimidar a políticos, seguidores y operadores afines a la 4T, que respalda a Villarreal Anaya, mismo que puntea las encuestas sobre el candidato panista, César Verástegui Ostos, conocido como El Truko, que abandera la coalición Va por Tamaulipas, formada por PAN, PRI y PRD.
Fuente: Proceso
