La decisión ha sido votada por dos de los tres jueces, pero dejan la puerta abierta a un posible delito fiscal
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha emitido un auto, que ha notificado esta mañana a puerta cerrada, por el que suspende la imputación de la Infanta Cristina. Esta decisión de dejar sin efecto la imputación ha sido votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, tan solo el magistrado Juan Jiménez se ha mostrado a favor de mantener la imputación.
En cualquier caso, la sala ha acordado “estimar en parte el recurso de apelación y dejar sin efecto la citación de la Infanta”. Es decir, en su escrito, la Audiencia anula imputación por la actividad de la hija del Rey en Nóos, pero deja la puerta abierta al posible delito fiscal.
Con este escrito, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial deja a la vez abierta la posibilidad de imputar a la Infanta por el “posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales”, a la espera de que el juez reciba toda la información de la Agencia Tributaria.
Además, la Audiencia pide a Castro que concrete más el supuesto delito fiscal en el que habría incurrido la hija del Rey.
En el auto, la Audiencia también ha exigido al juez José Castro que pida los correos electrónicos al ex socio de Urdangarin, Diego Torres. A este respecto, además de solicitarlos, la sala le indica a Castro que le imponga un plazo a Torres y que “cumplido el mismo, no le admita más”.
En este sentido, se “insta a Castro a que requiera a la defensa de Torres y a este úlitmo para que aporte los correos que, sin tener contenido incriminatorio para él, pretenda utilizar en su defensa y en perjuicio de otros imputados”.
Cooperadora necesaria
La Sala, con su presidente en funciones Diego Gómez-Reino como ponente del asunto, ha estudiado de este modo el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el encausamiento de la hija del Rey Don Juan Carlos, que fue acordado por el juez instructor, José Castro. Una impugnación a la que se adhirieron la defensa de la propia encausada, de Iñaki Urdangarin, del secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, y la Abogacía del Estado.
En su auto de imputación, Castro, quien dejó sin efecto la citación que acordó para el 27 de abril a la espera del pronunciamiento de la Audiencia, apuntaba hacia la Infanta como cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin su presencia en la entidad así como sin “el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real”, Urdangarin y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.
El fiscal pedro Horrach, en su recurso de apelación, descartaba que ésta ejerciera una “influencia delictiva” sobre las Instituciones que contrataron con Nóos, e incidía en que si los responsables políticos “supuestamente influenciados” desconocían que la Infanta fuera vocal en Nóos y no trató o gestionó de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, “¿cómo podía ejercer aquélla una influencia delictiva?
Fuente: ElMundo.es
