El gobierno suspendió el sábado la aplicación del decreto del presidente Donald Trump que prohibía el ingreso de refugiados e inmigrantes y anunció que apelará la orden de un juez, lo que sumió a la Casa Blanca en una crisis en la que la autoridad del mandatario se ha visto desafiada.
La marcha atrás, un día después de que un juez federal en el estado de Washington congelara temporalmente la aplicación del decreto, constituyó un revés extraordinario para la Casa Blanca, que vio obstaculizada su capacidad de cumplir sus promesas de campaña. Apenas hace una semana, Trump dispuso suspender el programa de refugiados de Estados Unidos e impedir el ingreso de inmigrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana de los que el gobierno dijo generan temores sobre terrorismo.
Mientras la Casa Blanca maniobraba para reinstalar la prohibición, Trump se mofó del juez federal James Robart, nombrado por el presidente George W. Bush, al describirlo como un “supuesto juez” cuya opinión “ridícula será revocada”.
“Como la prohibición fue suspendida por un juez, muchas personas muy malas y peligrosas podrían estar ingresando a nuestro país. Una terrible decisión”, agregó el mandatario en otro tuit.
El ataque directo de Trump hizo recordar sus diatribas durante la campaña contra un juez federal de ascendencia mexicana que supervisaba el caso de la Universidad Trump.
Los abogados del Departamento de Justicia podrían ser convocados para que respondan por las palabras del mandatario luego de que el caso por la prohibición de los viajes llegue a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
El decreto provocó una confusión interminable para muchos extranjeros que intentaban llegar a Estados Unidos, desató manifestaciones en todo el país y fue desafiado con múltiples iniciativas jurídicas. Hubo protestas frente a la Casa Blanca, en Nueva York y en otras partes, así como cerca de la mansión en Palm Beach, Florida, donde Trump pasa el fin de semana y donde la Cruz Roja Estadounidense programó su gala anual de recaudación de fondos.
El fallo de Robart, que la Casa Blanca dijo será desafiado por el Departamento de Justicia, hizo que las agencias federales dieran marcha atrás en la implementación de la orden ejecutiva de Trump. El Departamento de Justicia indicó el sábado que apelará el fallo.
El Departamento de Estado, después de que en un principio indicó que hasta a 60.000 extranjeros de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen se les habían cancelado sus visas, revocó esa medida el sábado y dijo que podían viajar a Estados Unidos si tienen una visa válida.
El mismo día, el departamento les avisó a las agencias de ayuda a los refugiados que las personas que iban a viajar antes de que Trump firmara su decreto ahora podrán ingresar a Estados Unidos. En un correo electrónico obtenido por The Associated Press, un funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno estaba “enfocándose en hacer reservaciones para los viajes de los refugiados” hasta el 17 de febrero y trabajando con el fin de lograr que las llegadas se reanuden incluso a partir del lunes.
El Departamento de Seguridad Nacional ya no estaba ordenándole a las aerolíneas que impidieran que los portadores de visas afectados por la orden de Trump abordaran aeronaves con destino a Estados Unidos. La agencia dijo que había “suspendido todas las acciones” relacionadas con la implementación del decreto del mandatario, que la Casa Blanca argumentó tenía la intención de “proteger la patria”.
Se espera que el Departamento de Justicia le pida a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que haga a un lado el fallo de Robart de forma que la prohibición pueda implementarse de nuevo.
Trump dijo claramente lo que piensa de la medida de Robart.
“La opinión de este supuesto juez, que en esencia le retira la actividad policial a nuestro país, es ridícula y será revocada”, tuiteó el mandatario. “Cuando un país ya no puede decir quién puede ingresar y salir y quién no, en especial por razones de seguridad, ¡es un gran problema!”
Fuente: AP
