El gobernador Roberto Borge suspendió la publicación en el Periódico Oficial del decreto de la nueva Ley de Ordenamiento Social que regula las marchas, para dar paso a una revisión exhaustiva de la misma, informó la Unidad del Vocero gubernamental.
En un comunicado, la dependencia explicó que la Consejería Jurídica analizará la legislación en coordinación con los diputados, para evitar que se coarten las libertades públicas.
“Seremos cuidadosos de que no se afecte la libre expresión de las ideas ni se coarten las garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución”, dijo la vocería.
Ayer, el Congreso local aprobó en menos de cinco horas dicha legislación que, entre otras medidas, prohíbe realizar protestas en zonas históricas o turísticas y en vías primarias de las ciudades.
Además, obliga a las agrupaciones a solicitar un permiso con 48 horas de anticipación y, peor aún, los manifestantes “no podrán proferir injurias” ni realizar bloqueos en carreteras ni avenidas.
La decisión del gobierno estatal de frenar la publicación de la ley se da horas después de que el PRD y Morena anunciaron por separado que buscarían crear un frente amplio para echar abajo ese ordenamiento.
Dirigentes estatales de Morena advirtieron que la legislación es “fascista” y es una regresión al Estado autoritario.
El consejero nacional de Morena, Ricardo Velazco, indicó que esa organización se sumará a las acciones contra la ley porque afecta a todos.
“Debemos en conjunto, toda la oposición, hacer un frente contra esta ley”, dijo.
A su vez, el presidente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez, afirmó que esta norma es una “copia muy chafa y tendenciosa” de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
De igual forma, se pronunció por un amplio frente de partido y de organizaciones para revertirla.
En tanto, el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, afirmó que la ley “protege en primer término los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de los turistas, que se veían afectados en cada manifestación, y garantiza que nadie atente contra la industria turística, base de la economía del Estado y principal fuente de empleo en Quintana Roo”.
Pero reconoció que la “ley todavía será revisada, muy cuidadosamente, para garantizar que no se afecten derechos fundamentales o se coarten garantías individuales”.
Fuente: Apro
