En la nueva filtración de documentos entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) se mencionan los nombres de políticos y otros vinculados a más de 175,000 empresas bahameñas registradas entre 1990 y 2016.
Por Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck/ ICIJ
Durante años, Neelie Kroes viajó por Europa como una de las funcionarias de alto rango del continente, advirtiendo a grandes corporaciones que no podían “huir” de las reglas de la Unión Europea. La política holandesa simpatizaba con los ciudadanos promedio que sentían que se les había endilgado la responsabilidad del pago de las cuentas mientras que “los infractores se alimentaban de las ganancias”.
Como comisionada de la Unión Europea para política de competencia desde el 2004 hasta el 2010, fue una de las encargadas corporativas más importantes de Europa y estuvo en la lista anual de la revista Forbes de “las mujeres más poderosas del mundo” cinco veces.
Lo que Kroes nunca le dijo al público – y no le dijo a los funcionarios de la Comisión Europea – fue que ella había sido nombrada como una directora de una empresa offshore en las Bahamas, el paraíso fiscal del Caribe cuya secrecía y estructuras fiscales han atraído tanto a empresas multinacionales como a criminales.
Kroes fue nombrada directora de una empresa de las Bahamas desde el 2000 hasta el 2009, de acuerdo con documentos revisados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
Kroes, a pesar de ser abogada, dijo al ICIJ y medios asociados que no declaró su cargo de directora de la empresa porque nunca nunca fue operativa. El abogado de Kroes culpó la aparición de su nombre en los registros como “un error administrativo que no fue corregido hasta el 2009”. Su abogado afirmó que la compañía, creada a través de un hombre de negocios jordano y amigo de Kroes, se había establecido para investigar la posibilidad de recaudar fondos para comprar acciones del gigante de energía estadounidense -por más de 6 mil millones de dólares-, Enron Corp. La transacción nunca se logró y posteriormente Enron colapsó, en medio de un escándalo financiero masivo.
Detalles sobre el vínculo de Kroes con la empresa offshore están entre las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos recibida por el periódico alemán Süddeutche Zeitung y compartida con el ICIJ, que despliegan los detalles detrás de las empresas que se incorporan en las Bahamas. El caché de 1.3 millones de documentos del registro proveé nombres de directores y de algunos dueños de más de 175,000 empresas, fideicomisos y fundaciones registradas entre 1990 y principios del 2016.
Hoy el ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios de comunicación están haciendo pública esta información. Esto crea, por primera vez, un registro gratuito, digital y público de empresas offshore constituidas en las Bahamas. Esta información ha sido combinada con datos de los Panama Papers y otros documentos filtrados para añadir peso a uno de las bases de datos públicas más largas de entidades offshore de la historia.
Esta nueva información revela vínculos previamente desconocidos o poco reportados sobre empresas dirigidas o propiedad de políticos de América, África, Europa, Asia y el Medio Oriente.
Los datos hechos públicos hoy involucran los elementos básicos de las empresas offshore: el nombre de una empresa, la fecha de su creación, la dirección postal en las Bahamas y, en algunos casos, los directores de la empresa.
A un nivel básico, esta información es crucial para el comercio día a día. En otros casos, policía, detectives e investigadores de fraudes usan registros como puntos de partida del rastro del delito.
Nuevas Perspectivas
A diferencia de los Panama Papers -11.5 millones de correos electrónicos con información detallada, contratos, grabaciones de audio y algunos documentos de un despacho de abogados-, la información contenida en los nuevos documentos es más simple, aunque no menos fundamental, en contenido. Los nuevos datos no aclaran, por ejemplo, si los directores nombrados en conexión con la firma de las Bahamas realmente controlan la empresa o si actúan como nominados, empleados a sueldo que sirven como la cara de una empresa pero que no están involucrados en sus operaciones.
Al conjuntar los Panama Papers con los documentos de las Bahamas, se logran nuevas perspectivas de las relaciones offshore de políticos, criminales y ejecutivos, así como de los banqueros y los abogados que ayudan a mover el dinero.
Los nuevos documentos filtrados incluyen los nombres de 539 agentes registrados – intermediarios corporativos que actúan entre autoridades de las Bahamas y clientes que desean crear empresas offshore. Entre ellos está Mossack Fonseca, el bufete de abogados cuyos documentos filtrados formaron la base de los Panama Papers. La firma estableció 15,915 entidades en las Bahamas, convirtiéndo esa isla en su tercera jurisdicción más ocupada. En cierto momento, las empresas bahameñas estaban entre las mejores vendidas de Mossack Fonseca.
Los Panama Papers muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a usar la discreción bahameña para mantener su nombre fuera de archivos públicos y cómo el despacho jurídico socavó el impulso global hacia la transparencia fiscal.
Más allá de Mosack Fonseca y los Panama Papers, los archivos filtrados de las Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos. En general no está contra la ley tener o dirigir una empresa offshore, y en muchos casos existen razones legítimas por las cuales establecer una estructura de esta naturaleza. Pero expertos en transparencia afirman que es importante que los funcionarios públicos desplieguen sus vínculos con estas entidades.
La Suiza del Oeste
Las Bahamas es una constelación de 700 islas, muchas más pequeñas que una milla cuadrada. Es una de unas cuantas micro naciones al sur de los Estados Unidos cuyas leyes de confidencialidad y reticencia a compartir información con gobiernos extranjeros le ha ganado el nombre de “cortina del Caribe”.
Durante casi un siglo, las Bahamas han estado en el radar de funcionarios fiscales de todo el mundo.
En la década de 1930, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) investigaba a los estadounidenses que evadían impuestos en Suiza y en las Bahamas, que se vendían a sí mismas como “La Suiza del Oeste”. La atención se intensificó en 1960 cuando investigadores estadounidenses notaron una alza en el uso de las Bahamas por jefes del crimen organizado. Los activos bancarios en las Bahamas, mientras tanto, se inflaron ocho veces entre 1973 y 1979. Para el final de la década de 1970, un estudio reportó que “el flujo de dinero criminal y de evasión fiscal” que entraba a las Bahamas era de $20 billones al año.
La nación del Caribe no era fácil de penetrar.
Para asomarse detrás de la cortina, un proyecto gubernamental clandestino llamado “Operación Tradewinds” usó agentes del IRS quienes pagaron a un informante para que entrara a la recamara de un banquero de Las Bahamas en su visita a Miami y robara su portafolio. En un restaurante cercano, otro agente distrajo al banquero con “entretenimiento femenino”.
El portafolio albergaba una mina de oro de información de un banco bahameño sobre 308 cuentahabientes estadounidenses incluyendo jefes de mafia, celebridades y grandes empresarios, quienes se reportó tenían hasta un cuarto de billón de dólares.
A pesar de que la operación llevó a procesos penales y hasta $100 millones en sanciones tributarias, fue desechada en 1975 tras protestas en el Congreso por el uso de informantes. Después, una corte de Estados Unidos declaró el registro del portafolio como “flagrantemente ilegal”.
En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el foro más importante del mundo en materia de políticas fiscales, colocó a las Bahamas en una lista negra de países que ejercen la evasión fiscal. Después de que las Bahamas introdujeron nueve nuevas leyes en forma intempestiva, la OECD la quitó de la lista en el 2001. Sin embargo, en 2009, la OECD colocó a las Bahamas en una “lista gris”, una categoría menos severa que sin embargo significa no conformidad con estándares internacionales.
Las Bahamas son un ejemplo de investigaciones estadounidenses de evasión fiscal. Walter C. Anderson, un ejecutivo de telecomunicaciones de Washington D.C., quien disfrazó sus empresas en las British Virgin Islands y en las Bahamas, fue enviado a prisión en 2007 por evadir más de $200 millones en impuestos. En el 2007, el millonario empresario de bienes raíces, Igor Olenicoff se declaró culpable del delito federal de desvío de impuestos y de transferir $196 millones a las Bahamas. Olenicoff, quien presidía dos empresas bahameñas con cuentas de banco en las islas, informó a Forbes este año que su bufete jurídico offshore estaba en las Bahamas.
Años después, las Bahamas emergió como el hilo común en las medidas severas que el Departamento de Justicia estadounidense impuso sobre el gigante suizo de la banca UBS. Entre 2009 y 2014, la agencia tomó medidas criminales contra ciudadanos estadounidenses y residentes con tratos offshore en las Bahamas, incluyendo un consultor de California, un ejecutivo acerero de Illinois, un consultor de petróleo de Texas, una desarrollador de hoteles de Florida y un granjero de Nuevo México.
En muchos casos, investigadores estadounidenses luchaban por saber por donde empezar. La ley requiere que los nombres de los directores, quienes tienen completo poder sobre las empresas offshore, estén archivados en el registro nacional. Sin embargo, los nombres no siempre están disponibles en línea y los nombres de los directores no pueden ser buscados individualmente o sin el conocimiento previo del nombre de la empresa bahameña. Eso dificulta la tarea de buscar vínculos entre un funcionario público o un ejecutivo de una corporación y las empresas basadas en las Bahamas.
En los nuevos documentos, por ejemplo, Exxon Azerbaijan Caspian Sea Limited, el gigante de energía en la nación represiva pero rica en petróleto, Azerbaijan, por ejemplo, no lista ningún director en el registro de las Bahamas. Sin embargo, hay 19 directores listados en los documentos vistos por ICIJ. La compañía bahameña Equatorial Guinea LNG Holdings Limited no muestra directores en el registro en Las Bahamas pero en los archivos vistos por ECIJ, aparecen seis ciudadanos conocidos de Guinea Ecuatoriana, incluyendo al hermano de la Primera Dama y cuatro actuales y anteriores ministros de energía.
Hoy en día, las Bahamas, a una hora en avión de Miami, se proclaman más limpias que nunca. Pero las dudas persisten.
En 2014, el más reciente de los reportes de los sistemas anti-lavado de dinero por el OECD reprobó al país en la mitad de las medidas básicas que se usan para juzgar el cumplimiento de los países con estándares internacionales. Estas incluían que no existieran requisitos para que los bancos o las instituciones financieras supieran la verdadera identidad de una compañía o el dueño de un fideicomiso. A pesar de que actualmente la OECD ya considera que las Bahamas cumple, en Junio de 2015 la Unión Europea listó a las Bahamas y otros 30 países como refugios fiscales no colaboradores.
Las autoridades bahameñas no respondieron a las solicitudes de ICIJ de algún comentario. En un comunicado previo, las Bahamas se autonombró “una jurisdicción limpia y en conformidad con estándares existentes de respeto por el intercambio de información fiscal”.
Las autoridades de Bahamas dijeron al ICIJ que el país honra sus obligaciones internacionales y de cooperación con autoridades internacionales. Las Bahamas “no toleran dinero sucio”, dijeron las autoridades, señalando que “tiene muchas áreas calificadas de acuerdo con las normas internacionales.”
Las autoridades no comentaron casos en específico y defendieron el registro corporativo de Bahamas.
En cuanto al intercambio de información fiscal, las autoridades dijeron que: “Bahamas negocia de buena fe con todos los interlocutores adecuados del Foro Mundial para la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales, con sujeción a las normas de seguridad y datos confidenciales internacionales.”
Mandatarios, cleptócratas y yates
Compañías bahameñas, fideicomisos y cuentas bancarias han aparecido en numerosos casos involucrando la confiscación de dinero de dictadores y políticos. El hijo del ex dictador Augusto Pinochet usó una compañía bahameña, Meritor Investments Limited, para enviar $1.3 millones a su padre. El hijo de Pinochet, Marco Antonio, calificó las acusaciones como “mentiras” y declaró que no había habido delito. Pinochet mismo era dueño de otra compañía, Ashburton Company Limited, establecida en 1996. Abba Abacha, el hijo del ex presidente de Nigeria, Sani Abacha, tenía $350 millones congelados en Luxemburgo y en las Bahamas como parte de una caza de activos de los $3 billones de los que se le despojó a Nigeria durante el reinado de cinco años de su padre.
Empresas bahameñas y cuentas bancarias también han jugado partes clave en conspiraciones sucias que involucran a ex políticos de Grecia, Ucrania, Kuwait, y Trinidad y Tobago, así como en sobornos ilegales para el gobierno iraquí de Saddam Hussein, bajo el programa de Naciones Unidas, “Petróleo por Alimentos”.
A las Bahamas también se le vinculó con los tratos de cinco políticos y funcionarios públicos revelados en los Panama Papers.
Uno de ellos es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, su padre, Francisco, y su hermano, Mariano, quienes dirigieron Fleg Trading Ltd, establecida en las Bahamas en 1998 y disuelta 11 años después. Macri no hizo pública su conexión a Fleg Trading en su declaración de patrimonio en 2007 y 2008 cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires. Después del despliegue de los Panama Papers, un fiscal argentino buscó información de las autoridades en Panamá y en las Bahamas como parte de la investigación sobre si Macri había “maliciosamente omitido sus vínculos con la empresa”.
El vocero de Macri le dijo a ICIJ que el presidente argentino no había desplegado Fleg Trading Ltd. porque no tenía intereses económicos ni acciones en la compañía.
Mossack Fonseca no respondió a la solicitud de ICIJ de alguna declaración. La firma jurídica le había dicho previamente a ICIJ: “Como agentes registrados, nosotros meramente incorporamos empresas, y antes de acordar trabajar con un cliente de cualquier modo, nos conducimos a través de un proceso de diligencia debida en donde cada caso debe cumplir con y muchas veces exceder todas las reglas, regulaciones y estándares locales a los que nosotros y otros estamos atados”.
Felices con el status quo
Mossack Fonseca esgrimió las leyes de confiabilidad de las Bahamas como argumento de venta e hizo eco de la defensa de ese país por la industria offshore de cara a llamados globales a la transparencia.
En 2003, mientras el país se recuperaba de haber estado en una lista negra de países que lavaban dinero, un empleado de Mossack Fonseca se reunió con un cliente para hablar sobre la necesidad de una “agresiva campaña de relaciones públicas (…) para intentar cambiar la mala percepción que la gente tiene de las Bahamas en cuanto a privacidad”. La información “no se intercambia seguido ni extensamente”, se aseguraron mutuamente, de acuerdo con notas internas de los Panama Papers.
En 2009, un empleado de Mossack Fonseca propuso transferir los activos de un cliente estadounidense a un fideicomiso en las Bahamas para asegurar confidencialidad durante un momento de bancarrota. En 2014, Mossack Fonseca sugirió a un cliente de Nueva Zelanda que usara un banco bahameño para esconder su posesión de una empresa. En 2015, un cliente español usó las Bahamas para albergar medio millón de dólares que no quería declarar en su país. Otro español usó directores in-house de Mossack Fonseca para evitar listar el nombre de su compañía en registros públicos.
Defensores de una reforma fiscal han criticado paraísos fiscales, incluyendo a las Bahamas, por proclamar transparencia mientras firman acuerdos de intercambio con otros refugios fiscales o con pequeños países que no cederán mucha información útil para gobiernos pobres y ávidos de impuestos. Firmó un acuerdo así en el 2010 con Groenlandia, que tiene una población de 57,000. Un empleado de Mossack Fonseca y un cliente suizo “bromearon” durante una junta en 2014 sobre un acuerdo similar entre Groenlandia y otro paraíso fiscal, Suiza, de acuerdo con notas internas de la junta.
Hoy, en material de promoción, las Bahamas promueve una “aproximación única” que presume respetar reglas internacionales al tiempo que protege clientes offshore. Las Bahamas tranquiliza inversionistas potenciales, asegurando que sólo compartirá información fiscal después de que otros países lo hagan y que, incluso entonces, sólo con gobiernos selectos que se ajustan a los más estrictos requisitos técnicos de confidencialidad.
De acuerdo con esta aproximación, las Bahamas no ha firmado el tratado global que ayuda a los países a compartir información fiscal. La OECD, el cuerpo gobernante del tratado, lo llama “el instrumento más poderoso contra el desvío y la evasión de impuestos en paraísos fiscales”. En agosto, el número de participantes llegó a 103, que incluye refugios fiscales y algunos de los países más pobres del mundo.
Las Bahamas argumenta que el costo y el peso administrativo del intercambio automático de datos fiscales es demasiado grande y que la privacidad del cliente podría correr peligro. Las Bahamas declara que en lugar de esto, honrará las reglas internacionales a través de acuerdos bilaterales o uno a uno.
“Tengo muchas dudas de que las jurisdicciones que buscan mantener la bilateralidad sobre este tema sean serios en cuanto a cumplir con sus compromisos, incluso, bajo acuerdos bilaterales”, dijo Reuven Avi-Yonah, profesor de ley de Impuesto en la Universidad de Michigan y ex consultor para los Estados Unidos y la OECD.
Sin embargo, las Bahamas tiene motivos para estar feliz con el status quo. En 2016, espera una ganancia de $17.7 millones en cuotas de compañías offshore.
Recientemente, cuando algunos países se reunieron para forjar un acuerdo sobre intercambio de información entre naciones, los organizadores declararon que pronto la gente que comete fraude fiscal “ya no tendría donde esconderse”. El ministro de finanzas mostró otra cara con los reporteros, afirmando: “Conseguimos todo lo que queríamos”.
Reportes adicionales por Mar Cabra, Rigoberto Carvajal, Miguel Fiandor Gutiérrez, Juliette Garside, Gaby de Groot, Michael Hudson, Carlos Eduardo Huertas, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, David Pegg, Martijn Roessingh y Vanessa Wormer.
Traducción: Mónica León.
Fuente: Aristegui Noticias
