La labor que prestó el monarca español Juan Carlos I para que un consorcio de empresas españolas ganase en 2012 el contrato de construcción y explotación del AVE a La Meca, por 6 mil 200 millones de euros, va a ser investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo ante la implicación den rey emérito por cobros irregulares de al menos 80 millones de euros.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado asumir la investigación sobre la construcción del AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, al comprobar que una de las personas involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, aforado ante el alto tribunal.
La investigación se centrará en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, según ha informado el ministerio público.
Según la Fiscalía, «resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito», que está aforado ante el Tribunal Supremo.
La investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011.
En este caso, la Fiscalía del Supremo centrará sus pesquisas en la fase II de la construcción del llamado «AVE del desierto», que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
«Dada la transcendencia institucional de esta investigación», la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado al fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, que dirija la investigación, auxiliado por otros tres fiscales, «que asumirán la innegable complejidad técnica» de las diligencias.
Hace unos meses Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña -llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I– a una cuenta de su amiga Corinna Larsen.
Precisamente fue una conversación de Larsen con el excomisario José Villarejo -en prisión desde 2017- la que dio origen a estas diligencias, que discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.
En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el monarca habría reservado un millón para otra «antigua amante» residente en Ginebra.
A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo «no solicitado» del rey emérito, «quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado».
Paralelamente, a mediados de marzo, el diario británico The Telegrah publicó que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de una cuenta de la fundación panameña vinculada a su padre, lo que le llevó a anunciar que renunciaba a su herencia y retiraba la asignación al rey emérito.
En dicha conversación, grabada por Villarejo, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito y de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans.
Aludió a comisiones que podrían ascender a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlos.
Fuente: EFE/ Expansión
