El Presidente de la Suprema Corte de Justicia llamó a los demás Poderes de la Unión a trabajar en armonía, al tiempo que destacó la importancia de la independencia judicial.
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Al rendir su cuarto y último Informe anual, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ministro Luis María Aguilar adoptó un tono conciliador e institucional, luego de varios días de críticas del Ejecutivo a la Corte y los jueces por sus salarios, y de jaloneos con el Congreso ante la intención de reducirlos.
“El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres Poderes de la Unión y, por tanto, reconocemos que somos parte del entramado del Estado mexicano, y que debemos estar articulados y en armonía y concordancia con los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo Aguilar, quien no aludió al tema de los salarios.
“En estos momentos en los que el país se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que estas condiciones son, como ha dicho usted, Presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia”.
Enfatizó que la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos.
“Esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de Poderes, en virtud del cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado”, planteó Aguilar.
Destacó que la facultad judicial de resolver controversias no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del País, sino la condición necesaria para alcanzar estos objetivos democráticamente.
Ante la cúpula del Poder Judicial, en el salón de Plenos del máximo tribunal, el Ministro informó en un ambiente contrastante con sexenios anteriores, cuando el Estado Mayor Presidencial (EMP) asumía el control de la seguridad en el edificio de Pino Suárez.
De hecho, López Obrador no ingresó por la puerta principal del edificio, cerrada por unas 50 personas que protestan contra los Ministros, sino que llegó a una entrada lateral, lo que hubiera sido imposible cuando el EMP vigilaba el evento.
El Ejecutivo fue recibido por los presidentes de las Salas, Norma Piña y Eduardo Medina Mora, y ya en el Pleno, sólo saludó de mano a Aguilar.
Al presidente lo acompañaron los Secretarios de Defensa, Gobernación, Educación y Seguridad Pública, Cresencio Sandoval, Olga Sánchez, Esteban Moctezuma y Alfonso Durazo, respectivamente, entre otros, además de su Consejero Jurídico, Julio Scherer.
También asistieron, como es costumbre, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo.
Aguilar, veterano de 50 años en el Poder Judicial a quien aún restan seis años como Ministro, resumió algunos logros de su administración en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que a estas alturas ya administra 846 tribunales y juzgados, a cargo de mil 502 jueces y magistrados y más de 45 mil empleados.
Tema relevante fue la infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues entre enero de 2015 y junio de 2016 se instalaron 36 centros de justicia para el NSJP, y a estas alturas ya son 40, con 156 jueces especializados para delitos federales.
En cuanto a disciplina, durante estos cuatro años fueron sancionados administrativamente 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito y 49 jueces de Distrito.
De estos últimos, sólo a ocho se les impuso la sanción máxima de destitución, mientras que 21 fueron suspendidos sin goce de sueldo.
Aguilar dejará varios expedientes relevantes a su sucesor, que la Corte elegirá el 2 de enero.
Destaca el procedimiento contra 15 funcionarios por la filtración y venta, a finales de 2017, de un examen para jueces que fue cancelado en febrero, y por el cual puede ser sancionado el ex Director del Instituto de la Judicatura, Salvador Mondragón.
También está en curso el procedimiento contra el ex Director General de Inmuebles del CJF, Francisco Pérez Maqueda, a quien se encontraron 3.3 millones de pesos en la cajuela de su auto, lo que llevó a la Contraloría del Poder Judicial a presumir que recibió sobornos de constructoras.
Otro caso en investigación desde 2017 son las visitas no justificadas de 10 actuarios de seis juzgados de Toluca y Tepic a narcos en penales de alta seguridad.
Por esa conducta ya habían sido destituidos dos actuarios que trabajaban para el juez Vicente Bermúdez, asesinado en Toluca en octubre de 2016, sin que a la fecha se conozca el móvil.
La carga de trabajo en los tribunales federales tiende a estabilizarse. Entre noviembre de 2017 y 2018 ingresaron un millón 26 mil nuevos casos, por un millón 46 mil en el año anterior, la gran mayoría amparos.
A la Corte, en cambio, llegan cada vez más asuntos: 17 mil sólo este año, lo que ha llevado a los aspirantes a la Presidencia a pedir que se acoten las facultades del máximo tribunal para que no siga viendo miles de casos que no tienen relevancia jurídica nacional.
Fuente: Reforma
