La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó este martes la destitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Julio César Jiménez Castro, tras considerar que su nombramiento es inconstitucional por estar vinculado a un decreto anterior de 2016 que dispuso el cese del anterior presidente, Gabriel Sepúlveda. En consecuencia, la Corte dispuso que el Tribunal otorgue un nuevo nombramiento.
La destitución por la Corte de un presidente de Tribunal Superior de un estado es un hecho sin precedente en la historia reciente del país.
El acuerdo entrará en vigor en cuanto la Corte notifique la sentencia de la controversia constitucional 150/2016 al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que se prevé pueda ocurrir a la brevedad.
Al declarar la invalidez del artículo 2º transitorio de decreto del 11 de noviembre de 2016 que destituyó al entonces presidente Gabriel Sepúlveda, la Suprema Corte decidió, para efectos, destituir y cesar del cargo a Julio César Jiménez Castro y solicita que en su momento el Tribunal de Chihuahua que elija nuevo presidente según la normatividad vigente.
Los ministros aclararon en los efectos de la sentencia que los actos realizados durante este tiempo por Julio César Jiménez Castro, no pierden validez jurídica.
De acuerdo con el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, si bien el efecto inmediato culminó con la salida del anterior presidente –Gabriel Sepúlveda Reyes–, continuó como base del nombramiento del actual –Julio César Jiménez Castro–, por lo que el TSJ deberá decidir “si (…) debe convocar a elección y establecer el proceso”.
Esto, dijo, porque el artículo segundo transitorio, que dio vida a la composición del actual TSJ, ya “no existe”.
La discusión de los efectos se dio luego de que, por mayoría de 10 votos, se declaró inválido el artículo segundo transitorio del decreto de reformas 0014 2016, aprobado por el Congreso y publicado por el Ejecutivo y que cesó al anterior presidente del TSJ el 11 de noviembre de 2016. La decisión confirmó así el proyecto presentado ayer por Pérez Dayán para considerar tal precepto como “contrario a los principios de autonomía e independencia judicial”.
(Con informacion de Tiempo y El Diario)
