Las acciones de Apple cayeron más de un 5% después de que los jueces, en una decisión de 5 a 4, confirmaron la decisión de un tribunal inferior para permitir que la demanda colectiva siga su curso.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá que consumidores demanden a Apple Inc por monopolizar el mercado de las aplicaciones para los iPhone y obligarlos a pagar en exceso, pues no atendió la defensa de la compañía que buscaba evitar reclamos de que sus prácticas violan la ley antimonopolio.
Las acciones de Apple cayeron más de un 5% después de que los jueces, en una decisión de 5 a 4, confirmaron la decisión de un tribunal inferior para permitir que la demanda colectiva siga su curso.
Los demandantes dijeron que la compañía de tecnología que tiene su sede en Cupertino, California, exige que las aplicaciones se vendan a través de su App Store y que obtiene una comisión del 30% en las compras.
“Dejar a los consumidores a merced de minoristas monopolísticos simplemente porque los proveedores en el otro extremo también podrían demandar a los minoristas, contradiría directamente el objetivo de la aplicación eficaz de la ley privada en casos de competencia”, explicó uno de los jueces sobre el fallo.
La compañía, respaldada por el gobierno de Donald Trump, argumentó que solo actuaba como un agente para los desarrolladores de aplicaciones, que establecían sus propios precios y pagaban una comisión a Apple.
Apple argumentó que un fallo de la Corte Suprema que permitiera que el caso proceda podría representar una amenaza para el comercio electrónico, un sector de la economía de Estados Unidos en rápida expansión que genera cientos de miles de millones de dólares en ventas anuales.
Los consumidores destacaron que cuando compran pagan a Apple y no a un desarrollador de aplicaciones, por lo que los usuarios de iPhone que presentaron el caso dijeron que fueron víctimas directas de los recargos.
Apple dijo que los consumidores eran compradores indirectos, en el mejor de los casos, porque los desarrolladores les traspasarían cualquier sobrecargo.
Fuente: El Economista
