El Ministro Fernando Franco admitió demandas promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un grupo de senadores, y por el partido Movimiento Ciudadano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez de la Ley de Comunicación Social, llamada también Ley Chayote.
El Ministro Fernando Franco admitió demandas promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un grupo de senadores, y por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
La CNDH impugnó diversos artículos de la ley porque la consideró violatoria de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
Mientras que 51 senadores del PRD y el PAN consideraron que la ley no cumple con el objetivo de regular adecuadamente el gasto en publicidad oficial ni garantiza la existencia de medios de comunicación libres por el uso discrecional de recursos públicos.
Si bien los senadores pidieron a la Corte suspender la ley, los Ministros instructores están impedidos para decretar esa medida cuando se impugnan normas generales.
“El Ministro instructor que suscribe considera que, en el caso, el procedimiento debe tramitarse conforme a los plazos que la ley prevé para la substanciación de acciones de inconstitucionalidad que no versan sobre materia electoral”, resolvió Franco de acuerdo con el diario Reforma.
Por tanto, lo más probable es que la Corte no resolverá el asunto este año, y la ley impugnada estará vigente para normar las decisiones de comunicación social de la nueva administración, que inicia funciones el 1 de dic necesario el voto de al menos ocho de los 11 Ministros de la Corte, que para cuando se discuta el tema, podría tener dos nuevos integrantes, ante los retiros de José Ramón Cossío, en noviembre, y Margarita Luna, en febrero.
Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el pasado 25 de abril el Senado aprobó en lo general esta ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, pese al rechazo de más de 40 organizaciones de la sociedad civil
Con información de Reforma
