La Comisión Nacional de los Derechos humanos reporta al Senado tener documentadas 24 mil 800 desapariciones en México, entre 2005 a 2014, y que en 612 casos hay ligas directas con niveles de autoridades
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó en el Senado de la República que el organismo que preside registra 24 mil 800 personas desparecidas desde 2005 a la fecha y, de acuerdo con la evidencia recabada, en 612 casos las autoridades del Estado mexicano están directamente involucradas.
El ombudsman nacional precisó que en 267 casos hay indicios de que miembros de la delincuencia organizada participaron en su desaparición, mientras que en mil 264 casos no se podría descartar la participación de delincuencia organizada y también de las autoridades policiacas.
Apenas el lunes, en Coahuila, el titular de la CNDH lamentó “las excusas” que han dado autoridades para no buscar a estas personas, porque provocaron que algunos familiares se hayan convertido en investigadores, en protectores de derechos humanos y agentes del Ministerio Público, pues en muchos casos tienen más información que los funcionarios.
“Ahí está la deficiencia del Estado mexicano para otorgar justicia, para encontrar a una persona. No hay justificación para que alguien desaparezca y tampoco hay justificación para el hecho claro que en muchas de las ocasiones, el familiar tiene más información que la autoridad”, expuso.
En su participación en la Cámara Alta, Plascencia Villanueva también dio a conocer los informes sobre mujeres en reclusión y hospitales psiquiátricos, y el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria.
El titular de la CNDH denunció que en materia de penales se ha incrementado el autogobierno, y urgió modificar las instalaciones donde se encuentran recluidas las mujeres ya que presentan condiciones deplorables.
El ombudsman nacional dijo –durante la reunión de trabajo que sostuvo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado– que durante 2013 visitó a 2 mil 700 estaciones migratorias y tuvo contacto con más de 80 mil migrantes, los cuales, muchos de ellos, manifestaron que son víctimas de la delincuencia común y organizada.
En el caso de atención a periodistas, Plascencia Villanueva expuso que este organismo recibió el año pasado 70 casos de presuntos agravios contra periodistas, y 55 quejas de defensores a derechos humanos, quienes manifestaron haber recibido agresiones.
Revisan leyes antiprotesta
Asimismo informó que la CNDH analiza jurídicamente la posibilidad de interponer controversias constitucionales en contra de las leyes antiprotesta autorizadas recientemente en los estados de Quintana Roo, Puebla y Chiapas.
“Si es el caso de que entra en contradicción con algún aspecto de los derechos humanos, seguramente interpondremos una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo Raúl Plascencia Villanueva, entrevistado en el Senado de la República.
El lunes, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, en la cual se permitirá que los policías porten armas durante las manifestaciones.
En ese sentido el titular de la CNDH afirmó que analizará dicha ley así como otras similares como la Ley de Ordenamiento Cívico, aprobada en Quintana Roo, y el Código para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, en Chiapas, para verificar si compete o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenir.
Precisó que el Departamento Jurídico de la CNDH lleva a cabo una revisión cuidadosa de las normatividades citadas, por lo que pidió esperar “al análisis que hagamos, para entonces sí poder hacer la consideración respectiva de si es contrario a algún punto de los previstos en la propia Constitución”.
En este contexto, el obmbudsman nacional destacó que el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas debe estar plenamente garantizado en las leyes y también hacer efectivo por los gobiernos.
Plascencia acudió a la sede senatorial para sostener una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de explicar los resolutivos de la recomendación 80/2013 por la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Fuente: Sin Embargo
