A la acusación presentada en contra de Rafael Caro Quintero ante una corte de California por narcotráfico y por el homicidio cometido en 1985 en contra del agente antidrogas de ese país, Enrique Camarena Salazar, la justicia estadunidense sumó otra acusación, esta vez ante una Corte de Nueva York, en la que lo acusa de dirigir una “empresa criminal continua” con extensa red de producción y tráfico de drogas de enero de 1980 a enero de 2017.
Documentos de la Corte Este de Nueva York, de los que La Jornada posee copia, señalan que Caro Quintero -detenido ayer en Choix, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México—, es “responsable de la fabricación e importación de México a los Estados Unidos de cantidades de varias toneladas de heroína, metanfetamina y mariguana”.
El capo, considerado uno de los principales prófugos de la justicia estadunidense tras el homicidio de Camarena Salazar, es señalado como el “responsable del envío de toneladas de cocaína desde América del Sur a través de América Central y México a los Estados Unidos”, y para ello “utilizó la corrupción como medio y método para lograr sus objetivos”.
La acusación formulada por el fiscal Robert L. Capers, refiere que “los ingresos de la droga se lavaron de vuelta a México; a menudo, el dinero de la droga se transportaba físicamente de los Estados Unidos a México a través de medios clandestinos”.
Señala que Caro Quintero “tenía una estructura que incluía numerosos miembros” y para “preservar y proteger sus actividades ilegales” utilizó “personal de seguridad, que protegió a los líderes de la organización transnacional y participó en actos violentos para promover los objetivos de la banda”.
La organización de Caro Quintero, identificado por las autoridades de Estados Unidos con los sobrenombres de César, Don Rafa, El señor, El Hombre, El Crespo o El Old Man, tenía “jefes de plazas que controlaban ciertos territorios para él y eran responsables de transportar drogas a través de esos territorios; transportistas, como tripulaciones de barcos, pilotos y conductores de camiones, que llevaban drogas desde Colombia a través de México y hacia los Estados Unidos; y blanqueadores de dinero”.
Asimismo, refiere que los jefes de la organización “emplearon sicarios que llevaron a cabo numerosos actos de violencia, incluidos asesinatos, agresiones, secuestros y actos de tortura”, para posicionar al grupo frente a organizaciones rivales; “preservar y proteger el poder, el territorio y las empresas delictivas de la organización de Caro Quintero; proteger a sus miembros de la detención y el enjuiciamiento, silenciando a posibles testigos y tomando represalias contra cualquier persona que haya proporcionado información o asistencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.
En la acusación se mencionan seis cargos en contra de Caro Quintero, quien permanecerá detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.
En el escrito se señala que “en enero de 1980 y enero de 2017, siendo ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado Rafael Caro Quintero” cometió reiteradas violaciones a la ley de estadunidense y por las cuales “obtuvo ingresos y recursos sustanciales, y cuya empresa recibió más de 10 millones de dólares en ingresos brutos durante uno o más períodos de doce meses”.
Rafael Caro Quintero quien estuvo preso en México de abril de 1985 a agosto de 2013, y posteriormente construyó una organización identificada como Cártel de Caborca. En ese contexto, las autoridades estadunidenses señalan que “alrededor del 21 de febrero de 2015, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, junto con otros, distribuyó” más de una tonelada de mariguana, y un mes después trasladó a ese país cocaína y metanfetamina. Los registros de cargamentos enviados a esa nación continuaron hasta la fecha en que se presentó la acusación en enero de 2017.
Asimismo, se acusa a Caro Quintero de “conspiración para cometer asesinatos de personas que se consideraron una amenaza” para el capo, ello “entre enero de 1980 y enero de 2017”.
Fuente: La Jornada
