La voracidad de las trasnacionales se manifiesta una vez más con el proyecto eólico Bii Nee Stipa II implantado en Oaxaca por un consorcio energético italiano, pues no conforme con el negocio redondo que le representará la instalación de su planta, solicitó a la Comisión Europea la asignación de 3 millones 300 mil euros para apoyo al proyecto.
Por Marco Appel/ Proceso
Bruselas— El proyecto eólico Bii Nee Stipa II, puesto en marcha en el estado de Oaxaca por empresas y organismos financieros internacionales, fue denunciado el jueves 21 ante el Parlamento Europeo por no tomar en cuenta a las comunidades locales y beneficiar únicamente a un grupo de poderosas trasnacionales.
Durante una conferencia pública, ocho plataformas de organizaciones no gubernamentales europeas –como la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, Grupo Sur o Red Europea sobre Deuda y Desarrollo– mostraron su inconformidad por la subvención de 3 millones 300 mil euros que la Comisión Europea aprobó para el proyecto a través de su programa Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF, por sus siglas en inglés).
Este programa fue creado en 2009 y forma parte del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, energía, medio ambiente y de ámbito social, así como promover el desarrollo del sector privado –sobre todo las pequeñas y medianas empresas– mediante un mecanismo financiero que mezcla préstamos y subvenciones.
El consultor Camilo Tovar manifestó que el parque eólico Bii Nee Stipa II –que entró en operación el pasado 9 de julio– no debe recibir fondos europeos de cooperación, ya que el objetivo de éstos consiste en colaborar para la erradicación de la pobreza, la promoción de la democracia, del buen gobierno, y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. “Y lo único que interesa en ese proyecto es la rentabilidad y la tasa de retorno de las inversiones”, acusó Tovar.
Por su parte, el eurodiputado luxemburgués Charles Goerens, del grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, culpó de esa situación tanto a las autoridades de la UE como al gobierno mexicano, que la están fomentando. “Cada parte debe asumir su responsabilidad”, planteó ante una sala abarrotada.
Como otros parques eólicos financiados con inversiones internacionales, Bii Nee Stipa II se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec y cuenta con una capacidad instalada total de 74 Megawatts (MW). Cuenta con 37 turbinas instaladas por la empresa española Gamesa Energía S.A (GESA).
El costo total del proyecto es de 168 millones 500 mil dólares y promete reducir 100 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono (Co2) por año.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 76 millones de dólares al consorcio que gestiona el proyecto, Stip Nayaa, constituido por la Sociedad Italiana para las Empresas en el Exterior (Simest, por su acrónimo en italiano) y la también italiana Enel Green Power, líder mundial de energía eólica y propiedad de Enel, la segunda mayor compañía de electricidad de Europa.
La primera aportó cinco millones de euros al desarrollo del proyecto y la segunda 85 millones, de acuerdo con la información que entregó el consorcio a LAIF en una solicitud de apoyo económico, cuya copia obtuvo este semanario.
En el documento las empresas admiten que ese subsidio sólo representa 2.9% del costo total del proyecto, por lo que “no es crucial para la operación de rentabilidad”. Aseguran que el dinero lo utilizarían para solventar 41% del costo de la única obra pública del proyecto: el montaje de la línea de transmisión que conecta el parque eólico con la red de la Comisión Federal de Electricidad.
Negociazo
En el mismo documento –fechado el 23 de febrero de 2012– se indica que la energía que produzca el parque se venderá a “tarifas competitivas” de mercado y la consumirán casi en su totalidad las trasnacionales Nestlé y Femsa, que poseen una pequeña participación en el consorcio.
Se calcula que podría producirse un excedente energético de 22%, que sería distribuido a otros socios inversionistas y, sólo en caso de que eso no ocurriera, se vendería a la Comisión Federal de Electricidad a 85% de su costo en el corto plazo.
En sus proyecciones, el consorcio “espera que la tarifa eléctrica siga creciendo en el futuro”, posiblemente a un ritmo mayor de 10% anual. En el mismo documento, las compañías describen el gran atractivo que ofrece esa zona del territorio mexicano para hacer negocios.
Exponen: “Los recursos eólicos de Oaxaca son de los mejores del mundo, ya que su topografía crea un túnel natural de viento para las corrientes que fluyen entre el Golfo de México y el Océano Pacífico”. El resultado de estas “excelentes condiciones de viento es que el desarrollo de proyectos eólicos en la región sea atractivo”.
Resaltan que “Oaxaca presenta oportunidades para los proyectos eólicos ‘listos para su construcción’, debido a que en el país existe un potencial de nueva capacidad de transmisión en energías renovables de más de mil MW para 2012 y 2013.
Las expectativas de negocios son enormes para las trasnacionales del sector. El gobierno mexicano –se subraya en el documento– estima que el potencial de energía eólica nacional es de casi 71 Gigawatts (GW), suficiente para cubrir las necesidades de 64% de la población. El 10% de ese potencial está en la zona del Istmo de Tehuantepec y podría elevarse a 40%.
El documento asegura que las autoridades mexicanas pretendían alcanzar en 2012 una generación de energía eólica de 2.5 GW, objetivo viable dado que México otorgó permisos de construcción a empresas privadas que generarían hasta 3 GW de ese tipo de electricidad.
El otorgamiento de la subvención fue aprobado “provisionalmente” el 26 de octubre de 2011 por el Grupo de Instituciones Financieras (GIF) del LAIF, un organismo consultivo integrado por los bancos de desarrollo asociados al programa. Éste se encarga de analizar las propuestas de proyectos y de asesorar al Consejo Operativo, que decide sobre su financiamiento.
No obstante, la Comisión Europea aún no firma el documento que para liberar la subvención.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1899, ya en circulación)
