Desde 1998, sólo siete funcionarios públicos han sido procesados penalmente después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en su gestión.
Los registros oficiales indican que desde ese año ha interpuesto 458 denuncias pero sólo 1.5% han sido consignadas y el resto se mantienen “en integración ante el ministerio público”.
Además, aunque desde el 2000 ha iniciado más de 12,000 promociones de responsabilidad administrativa “por mala gestión de los servidores públicos”, sólo mil funcionarios han recibido algún tipo de sanción, el 8%.
“Actualmente es muy limitado lo que puede hacer la Auditoría y en la parte de responsabilidades es en donde más débiles estamos. El informe está muy bien hecho, bien armado, cumple con la normatividad: determina si los programas se ajustaron a los términos y montos aprobados, el control de egresos, con auditorías de desempeño, cumple con los principios de eficacia, eficiencia y economía. Pero, ¿de qué te sirve tener esos resultados si no puedes tener una sanción negativa contra la inefectividad o la incompetencia?”, dijo en entrevista Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
El informe de la Cuenta Pública que realiza año con año la Auditoría Superior de la Federación cumple con la función de revisar y vigilar el cumplimiento de los programas del gobierno federal, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados. Sin embargo, actualmente la capacidad del organismo sólo se resume en hacer observaciones y recomendar cómo resolver los problemas que detecta. Si un caso implica denuncia penal, pasa a manos del ministerio público.
“La Auditoría no sanciona, hace observaciones que no tienen carácter obligatorio ni coercitivo para las dependencias y la consecuencia de esto es que se presentan problemas estructurales en los programas de la administración pública federal, pues año con año vuelven a hacer las mismas observaciones prácticamente por los mismos montos y sobre las mismas fallas, es decir, pareciera que a los ejecutores del gasto no les importa lo que dice la Auditoría y como saben que no habrá consecuencias pues año con año se presentan los mismos problemas”, dijo Óscar Arredondo, investigador del área de presupuestos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En promedio, la Auditoría recupera cada año sólo el 22% de los recursos presuntamente desviados y del resto no se vuelve a saber nada.
Para el último Informe de la Cuenta Pública presentado, el de 2013, se encontraron “probables recuperaciones de dinero presuntamente desviado o mal gastado” por 50 mil 721 millones de pesos y hasta ahora, sólo se ha recuperado 5,804 millones.
Pero además, se realizaron 1,413 auditorias y de éstas, en el 93% de los casos se inició una promoción de responsabilidad ante posibles fallas en el actuar de los servidores públicos.
La ASF y el Sistema Nacional Anticorrupción
Los expertos en presupuesto y rendición de cuentas explican que, además de que la Auditoría debería ser un organismo con más fuerza y autonomía, actualmente funciona bajo principios que sólo la debilitan: el de anualidad, que implica que sólo puede actuar hasta que se terminen de ejercer los recursos de un año fiscal específico; y el de posterioridad, es decir, únicamente se pueden revisar recursos ejercidos, que ya hayan sido gastados.
“Con el primero se limita la posibilidad de corrección sobre la ruta y el segundo nos obliga a conocer cómo se ejerció el gasto hasta 14 meses después, lo cuál evita que haya una vinculación con la formulación de un nuevo presupuesto o que los casos de corrupción detectados, prescriban”, dijo Lourdes Morales.
Estos temas son los que este jueves se presentarán ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la discusión para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del cual se busca fortalecer a la Auditoría.
En el dictamen aprobado en Comisiones este miércoles, se plantea eliminar el principio de anualidad y posterioridad para que la ASF actúe en tiempo real y en ejercicios fiscales anteriores.
También se busca que pueda fiscalizar a órganos autónomos, recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados; y promover acciones ante autoridades competentes.
“Como funciona hoy en día, presentado su informe 14 meses después de ejercido el gasto, entrega información que no se refleja ni en una mejora de la gestión pública, ni en sanciones de los servidores públicos ni en que vaya haber un mejor desempeño. Por eso es tan importante la propuesta en el Congreso, para que la Auditoría tenga más autonomía”, dijo Óscar Arredondo.
El papel de la Auditoría será fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que sus informes, además de que podrán hacerse en tiempo real, cobrarán mayor importancia, pues serán la base para que haya sanciones tanto administrativas, como penales, lo que no ocurre actualmente y desde hace más de diez años.
Fuente: Animal Politico
