La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).
Sidronio Casarrubias Salgado, supuesto líder máximo de Guerreros Unidos. Foto: CNS
Por Anabel Hernández
Jesús Murillo Karam, ex procurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) accedieron a que se recurriera a la tortura —y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios— para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esto se revela en expedientes judiciales —de los cuales se tiene copia— y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.
A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.
VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la información recabada por la reportera, las víctimas fueron ocho presuntos miembros de Guerreros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la región; Gildardo López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.
Casarrubias denunció ante el juez segundo de Distrito en Materia de Procesos Federales en el Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, la tortura y amenazas en su detención, prácticas que Tomás Zerón, según el denunciante, avaló para obligarlo a firmar una confesión prefabricada por la PGR.
Semanas después —afirmó ante el juez en su ampliación de declaración en la causa penal 84/2014, rendida el 25 de febrero de 2015—, el entonces procurador Jesús Murillo Karam le ofreció 66 millones de pesos para que le dijera dónde estaban los estudiantes; de no hacerlo, lo amenazaba con que lo iba “a refundir por 80 años en una celda solo”.
Dos días después de la denuncia del intento de soborno ante el juez, Peña Nieto removió a Murillo Karam de su cargo.
Para la ONU, el testimonio de tortura y agresiones sufridas por Casarrubias es creíble, luego de hacerle entrevistas y valoraciones psicológicas.
INFIERNO EN LA SEIDO
Según la declaración rendida ante el juez el 21 de octubre de 2014, Casarrubias fue detenido por hombres armados el 15 de octubre, en el restaurante Fogón do Brasil, en Lerma, Estado de México, junto con tres acompañantes, entre ellos Teresa Rivera Díaz. Lo llevaron a la Ciudad de México, a un edificio que podría ser de la PGR, pues ahí vio a Tomás Zerón.
“Llegamos a un cuarto, o más bien lo llamaría la sala del infierno; me sientan por un momento y llega una persona que se mira diferente a los demás, habla muy suave y viste diferente (…) se acerca pausadamente y me habla al oído y me dice que viene de parte del procurador, que con él puedo arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde.”
“Esta gente te va a hacer que manifiestes lo que se te ordene, porque el procurador lo autorizó”, le dijo el presunto mensajero de Murillo Karam y comenzó la tortura. Casarrubias identificó ante el juez al agente de la PGR Gabriel Valle Campos como uno de sus torturadores. En esta investigación periodística se pudo corroborar que en la PGR labora un agente con ese nombre.
Después lo trasladaron a una oficina a la cual llegó Zerón: “Me dice que la muchacha que me acompañaba la va a dejar ir y que él la va a mandar a su casa, pero es mentira, porque después de un rato me dice: ‘Para que veas ahí está la muchacha que te acompaña’, y me meten a una oficina y me dice que hable”, mientras el titular de la Agencia de Investigación se queda presente. Casarrubias dijo al juez que la joven no era Teresa Rivera.
Denunció ante el juez que en presencia de Zerón agentes de la PGR lo amenazaron para que no dijera nada de lo que le habían hecho: “Si no, ya sabes lo que te podemos hacer a ti y a tu familia; recuerda a tus hijos, esposa y padres”, le advirtieron.
Señaló que tras varias horas una persona le dijo que lo iban a trasladar a la Seido, pero que cuando rindiera su declaración él debía decir que lo habían detenido el 16 de octubre y no el 15, como realmente ocurrió.
Antes de llevarlo a la Seido le dijeron: “Pórtate bien y sigue las instrucciones, ya viste que el jefe nos apoya y él personalmente dio la orden”. Se referían a Zerón, explicó al juez.
MENTIRAS
El mismo día que la PGR, según el acusado, fabricó la declaración, Murillo Karam, Zerón y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dieron una conferencia de prensa donde anunciaron que la Agencia de Investigación había logrado la captura de Sidronio Casarrubias, a quien acusaron de ser líder máximo de Guerreros Unidos.
Murillo Karam afirmó que su captura “ayudará a resolver el caso de la muerte de seis personas en Iguala y la posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.
Casarrubias no pudo denunciar ante el juez la tortura que sufrió sino hasta el 21 de octubre; aseguró que todo lo dicho en sus dos declaraciones ministeriales era falso. El 22 de octubre Murillo Karam dio una nueva conferencia de prensa para informar sobre los “avances del caso”. Dijo que a partir de la detención de Casarrubias “y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de investigación”.
El 7 de noviembre Murillo convocó a conferencia de prensa para dar por resuelto el caso. Anunció la detención de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, cuyos casos de tortura también han sido retomados por la ONU. Afirmó que confesaron haber recibido a los estudiantes, haberlos matado en el basurero de Cocula y haberlos quemado; desde entonces, la versión oficial de la PGR no ha cambiado, aunque las pruebas científicas de tres grupos de expertos afirman que eso no sucedió.
En una carta enviada a Peña Nieto el 25 de febrero de 2015, la ONU afirmó que la defensa particular de Casarrubias pudo aportar al juzgado pruebas sobre las agresiones que sufrió y que presenta múltiples síntomas de estrés postraumático y daños físicos.
En respuesta, la misión permanente de México en la ONU, en Ginebra, señaló que el 17 de diciembre de 2014 la PGR inició la averiguación previa 406/AP/DGDCSPI/14 por el delito de tortura contra quien o quienes resulten responsables. Pero el gobierno de Peña Nieto reiteró que hay elementos que avalan la detención de Casarrubias.
Fuente: Proceso
