La probable ilegalidad de la Presidencia durante todo un sexenio es una de las posibles consecuencias de las aportaciones de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (a quien apoyó entonces el Partido Verde, ahora aliado de Morena en el Congreso), a decir del exconsejero electoral Alfredo Figueroa. De comprobarse los hechos que denunció el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tendrían que sumarse al expediente sobre el presunto rebase de topes de esa campaña, que sigue abierto y está relacionado con la indagación del mismo delito en la campaña de Alfredo del Mazo para gobernador del Estado de México…
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Las revelaciones sobre el caso de Emilio Lozoya Austin y la trama de sobornos de Odebrecht ponen en duda la legalidad de la Presidencia de la República durante el periodo 2012-2018, la de Enrique Peña Nieto; la denuncia apunta hacia “una Presidencia fraudulenta” financiada con dinero negro, lo que la autoridad electoral aún puede indagar, pues el expediente sigue vigente.
Además, documentos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que desde 2017 la institución mantiene abiertas indagatorias sobre presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto mediante la empresa Blunderbuss Company de México, las empresas fachada creadas por Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Research Enginnering and Development LTD, así como la suiza Latin America Capital Holding.
En su informe del 12 de febrero de 2020 el INE reporta que se encuentra en “sustanciación” la denuncia por la “probable aportación de entes prohibidos” en la campaña presidencial de Peña Nieto; esto significa que el expediente no se ha cerrado.
Alfredo Figueroa, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), explicó que la denuncia contra el PRI y el PVEM, que postularon a Peña Nieto a la Presidencia de la República, no está cerrada. En caso de comprobarse las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, indica, estaríamos ante una “Presidencia fraudulenta”.
Además Figueroa llama la atención sobre la investigación que tiene hoy el INE sobre el posible vínculo entre el modus operandi de la elección presidencial y la local del Estado de México de 2017, cuando resultó electo el actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
Advirtió que la sanción máxima que debieron recibir el PRI y el PVEM por el rebase de tope de campañas y permitir que empresas privadas extranjeras y mexicanas aportaran recursos económicos a la campaña de Peña Nieto es la pérdida del registro:
“Eso lleva no solamente a sanción. Son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas. ¿Y qué consecuencias puede haber: la cancelación del registro, porque lo que corresponde ahora es poner un alto a este tipo de cosas”.
Aseguró que el INE, por encontrarse en un proceso de sustanciación, “está obligado a solicitarle a la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos y pruebas que aporte Emilio Lozoya, para que como autoridad electoral investigue y aplique la sanción en caso de corroborar los dichos del exdirector de Pemex”.
Figueroa dijo contar con evidencia de que el INE ha estado solicitando información y destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la República de la pasada administración, no proporcionaron los datos que se le requirieron: “Mi pregunta es qué hizo el Instituto si la Fiscalía no le dio información. Debió denunciarlo y hacerlo público, puesto que el secreto bancario ya no opera para la autoridad electoral”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2286 de la revista Proceso, ya en circulación.
