Por Carmen Aristegui
La misma semana en que Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, es la semana en la que el periodista Simon Gardner, de la agencia de noticias Reuters, dio a conocer información acerca de cómo el hoy presidente mexicano declaró sobre una propiedad de 1,000 metros cuadrados en Valle de Bravo, Estado de México en 1988. En su declaración patrimonial hecha pública, por primera vez, hace dos años reportó que recibió dicha propiedad a través de una “donación”, realizada por su padre, cuando en realidad la habría adquirido a un tercero, según la información obtenida por Reuters.
Con la promesa de cambiar el paradigma en materia anticorrupción Peña Nieto pronunció su discurso el pasado miércoles, en Palacio Nacional, señalando que la reforma promulgada permitirá combatir el cohecho, el tráfico de influencias, la extorsión y permitirá abatir la impunidad. Sabedor de que el escepticismo sobre el tema es del tamaño de una catedral, trató de convencer con una desafortunada analogía: “…la misma incredulidad que en su momento generó la transición democrática es la que hoy existe en nuestra capacidad como nación de combatir la corrupción… [así como] los mexicanos hemos logrado consolidar la democracia así también habremos de vencer este desafío”. En tiempos electorales en donde el dilema es “votar o no votar”, Peña Nieto quiso sembrar esperanza, de esa manera, en lo que será el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
La información publicada por Reuters toca, de nuevo, el corazón de la maltrecha credibilidad de un gobierno que no ha querido, no ha sabido o no ha podido enfrentar las graves sospechas de corrupción y tráfico de influencias que envuelven a parte del gabinete y al propio presidente de la República. A investigaciones periodísticas dadas a conocer sobre propiedades millonarias en Las Lomas de Chapultepec y otros lugares, en posesión de personajes del más alto nivel en el gobierno federal, se suma esta nueva información.
Por más que el diseño de la nueva reforma cuente con elementos, sin duda importantes, como una Auditoría Superior de la Federación con actuación en tiempo real o la obligación para declarar sobre posibles conflictos de interés, será muy difícil convencer de sus bondades y de una real voluntad de ponerla en práctica si quienes están llamados a instrumentar el nuevo Sistema siguen sumando señalamientos y dudas.
Reuters obtuvo, a partir de una solicitud de información pública, documentos que señalan que la propiedad de Peña Nieto en realidad fue comprada a un tercero y no que fue donada por su padre. Tal discrepancia entre lo que dicen los papeles obtenidos por Reuters sobre un terreno y lo declarado por el mandatario hace necesario volver los ojos a la declaración patrimonial pública hecha, hace dos años, como una demostración de su compromiso con la transparencia.
Seis de las nueve propiedades reconocidas se identifican como “donadas”. Respecto a información de cuentas e inversiones reporta las que se encuentran a su nombre o a su nombre y de su cónyuge. No se reportan los que están solo “a nombre del cónyuge, dependientes económicos o de otros”.
Otro dato salta a la vista, cuando se observa el renglón “Gastos de Manutención”. Si tal renglón se refiere -como parece- a gastos derivados de sus obligaciones por paternidad, Peña Nieto estaría omitiendo los recursos destinados a la manutención del hijo que procreó con Maritza Díaz y cuya manutención corre a cargo del Presidente según sus propias declaraciones públicas. A Peña Nieto se le ha reclamado públicamente la paternidad ausente para ese niño pero, no el incumplimiento de su manutención. Si por el renglón se entiende otro tipo de manutención, por ejemplo de propiedades, llama la atención que en ningún caso el mandatario gaste un solo peso en ello.
Al final de la hoja, se puede leer que “Toda la información fue capturada directamente por el servidor público”. Quiere decir que los errores, inconsistencias o falsedades de la declaración corren a cargo, de manera directa, del hoy presidente de México.
Por lo pronto, lo que se ha dicho que se pretende lograr con un Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá que sortear con los muy bajos niveles de credibilidad que existen en el aparato gubernamental y la desconfianza profunda que el propio gobierno reconoce.
Veremos si la Reforma no corre con la misma suerte que otras reformas que se pretenden de gran calado y que cuando se empieza a legislar para sus leyes secundarias y marcos regulatorios, se le van quitando dientes, filo y músculos.
¿Quién está realmente comprometido en México en el combate a la corrupción?
Fuente: Reforma
