La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja por el multihomicidio de la colonia Narvarte, bajo la acotación de que “no hay indicios” de la presunta participación de servidores públicos en el crimen ocurrido el pasado 31 de julio.
Sergio Méndez Silva, abogado del colectivo Justicia Pro Persona, informó que, luego de que grupos civiles solicitaron a la CNDH abrir una indagatoria por las graves violaciones a los derechos humanos en la investigación de los asesinatos de la activista Nadia Vera Pérez, Milena Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el organismo nacional decidió “exonerar” a las autoridades sin investigación previa.
El pasado 6 de agosto Justicia Pro Persona, junto con otras agrupaciones, solicitó a la institución encabezada por Luis Raúl González Pérez ejercer su competencia para investigar casos en los que existan violaciones graves a los derechos humanos como lo establece el artículo 102 constitucional. La petición quedó inscrita en el expediente 2015/5821-Q.
Según la Constitución, la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo pidan el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del DF o las legislaturas de las entidades federativas.
La semana pasada Méndez Silva se reunió con personal de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, encargada del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, encabezada por Edgar Corzo Sosa.
En el encuentro, el funcionario le informó que no se podía abrir una investigación, ya que “no había indicios de participación de agentes gubernamentales”.
Lo único que aceptó el organismo nacional fue iniciar una “queja” al respecto, lo que, a decir del abogado, es una contradicción, toda vez que la CNDH sólo puede intervenir en los casos donde hay participación de agentes del Estado. Agregó que su función debe ser indagar y luego concluir si hubo o no graves violaciones a las garantías humanitarias.
Por lo pronto, Sergio Méndez lamentó que no se inicie una investigación en forma, como las que en su momento integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, y la represión policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.
El defensor sospechó que la CNDH trata de evitar cualquier línea de investigación que apunte a la participación del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, en la masacre en la que murieron cuatro mujeres -entre ellas una activista-, y un periodista.
El integrante del colectivo Justicia Pro Persona afirmó que esperarán a que se integre la “queja” para ver si esa defensoría está trabajando. De lo contrario, dijo, tomarán acciones legales para obligar a la CNDH a realizar sus funciones constitucionales.
Fuente: Cimac Noticias
