Para la oposición magisterial no hay nada extraño en la debacle de Elba Esther Gordillo, pues con todo y las más de dos décadas de impunidad de la dirigente del SNTE, era previsible una caída de tal magnitud, habida cuenta que perdió el piso al desafiar al sistema. En entrevista con Proceso, dos de los más destacados representantes del magisterio disidente hacen los cálculos de las fabulosas cantidades de dinero que Gordillo manejó a su antojo durante todo ese tiempo.
Rosalía Vergara/ Proceso
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, acusada de disponer de dinero de procedencia ilícita y desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acicateó a los dirigentes del magisterio disidente a replantear su estrategia para controlar el gremio más grande de América Latina, que durante poco más de dos décadas manejó recursos por al menos 48 mil millones de pesos.
Entrevistados por separado, Artemio Ortiz, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE (CEND-SNTE) y Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agrupaciones creadas en oposición a Gordillo, aclaran que su lucha contra la reforma educativa se mantiene y que no saldrán a las calles para apoyar a la profesora chiapaneca.
Mientras para el CNED-SNTE la detención es una venganza política, para la CNTE es un acto de justicia que reafirmaría su validez sólo si el gobierno no impone al próximo dirigente sindical y permite a los maestros sindicalizados elegir a su secretario general.
Sin embargo el último día de febrero, 168 de los 269 participantes en el Consejo General Extraordinario celebrado en Guadalajara eligieron al secretario general, Juan Díaz de la Torre, como nuevo presidente del SNTE.
Y su primera acción como presidente del gremio magisterial fue echar atrás el rechazo original de Gordillo a la reforma educativa, para la que anunció el apoyo del sindicato, pasando por alto el llamado del Consejo General Extraordinario contra esta medida publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día de la aprehensión de la exdirigente sindical.
Para Ortiz y Bravo el nuevo nombramiento es otra imposición de un cacique en el SNTE por parte del gobierno. La CNTE anunció que protestará con una marcha el 5 de marzo.
“Es una imposición desde el gobierno dejando al margen a los maestros. Sólo se trata del cambio de un personaje por otro del mismo equipo. La estructura antidemocrática y de corrupción sigue intacta. Exigimos una investigación a fondo sobre las acusaciones contra Elba Esther Gordillo y castigo a todos los responsables del desfalco a las cuotas sindicales”, señala Bravo.
El fin, desactivar al magisterio
Para Ortiz el encarcelamiento de Gordillo tiene un significado: “Debilitar cualquier resistencia contra la recién promulgada reforma educativa. Quitar todo obstáculo que se oponga a sus planes. Un aparente golpe moralizador, un estado de shock como una superpantalla para encubrir lo que por atrás se hace para afectar al pueblo”.
La noticia de la detención, difundida la tarde del pasado 25 de febrero, tomó por sorpresa a Ortiz y Bravo, que esa misma noche se reunieron para redefinir su estrategia. Al día siguiente aclararon que los paros de labores de 48 horas en 22 entidades programados para el lunes 4 y el martes 5 no son para defender a Gordillo sino para protestar por la reforma educativa ante la que se interpondrán amparos masivos el viernes 15.
Presa la maestra, figura por la que nació la disidencia, Ortiz y Bravo enfocarán su lucha en evitar la aplicación de dicha reforma que, según Ortiz, tiene la finalidad de terminar con el magisterio sindicalizado:
“La caída de Elba Esther Gordillo Morales del SNTE es el final de un cacicazgo corrupto, impune y agresivo con los trabajadores de la educación pública; pero tengamos cuidado porque con esto se pretende maniatar la protesta contra la reforma educativa. El Estado se sacude un ente delictivo creado por ellos para lograr un acto no menos perverso: Desmantelar las conquistas laborales del magisterio”.
De acuerdo con su análisis, cuando Gordillo entregó la educación pública y los derechos del magisterio a los organismos financieros internacionales y recientemente a Peña Nieto, no entendió que dejaba de ser funcional para el sistema político.
Ortiz asegura que la maestra estaba presionando al gobierno con hacer que los trabajadores se rebelaran si a ella no le daban más poder político y ahora está padeciendo lo mismo que Carlos Jonguitud, a quien defenestraron en 1989 para imponer a la chiapaneca.
“Engolosinada, Gordillo intentó presionar al poder actual sin entender que las ganancias de la privatización de la educación están comprometidas ya con los empresarios y los grupos de poder.
“La detención de Gordillo, por tanto, tiene como objetivo frenar la insurgencia magisterial, desmovilizar la acción e instrumentar la política represiva del gobierno. Con el golpe de mano del Estado pretenden confirmar la pérdida de la escuela pública, la gratuidad, el conocimiento integral y conculcar los derechos laborales de los trabajadores de la educación”, indicó.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1896, ya en circulación)
