La incautación de casi 90 millones de pesos en efectivo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo jaló un hilo de la trama del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo y su ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, para saquear las arcas del estado… una ingeniería corrupta de la que Proceso dio cuenta en diversos reportajes (ediciones 1891, 1887 y 1884).
Por Armando Guzmán/ Proceso
De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el expediente que podría llevar a la cárcel al ex mandatario y a los principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre de Marlis Cupil López, secretaria del mismo ex funcionario.
El dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos plantas donde está la refaccionaria Jumali, en la calle Mario Trujillo García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15 kilómetros al norte de esta capital. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.
El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium Asesores Fiscales, S.C.P. Este despacho, del que es socio Medina Sonda, se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos contables del Gobierno de Granier Melo.
La refaccionaria es propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de garrafón.
La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del Carmen, S.A. de C.V., que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) a 1 millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que ganó más de 140 millones de pesos.
El entonces diputado federal del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al legislador le pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, comprasen Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100 millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una ganancia de 900 mil pesos por hectárea.
Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.
Tras la histórica inundación de finales de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que entregara 350 millones de pesos al Gobierno de Andrés Granier para la compra de terrenos y la construcción de 2 mil 500 viviendas para los damnificados.
Esta información privilegiada fue aprovechada por Saiz Pineda para operar el negocio a través de su socio Martín Medina Sonda, quien mediante su empresa Triton Holding, S.A. de C.V., le dio a Suministros del Carmen el dinero necesario para comprar los terrenos.
El diputado López Hernández presentó demanda contra Saiz Pineda y quienes encabezaban la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta; la Contraloría, Roger Pérez Evóli, y el Invitab, Ariel Cetina Bertruy. Los acusó de evasión fiscal, ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias.
También señaló formalmente a Abraham Cupil Córdova y a José Alberto de la Rosa Santamaría, los “dueños” de Suministros del Carmen, empresa en la que también figura como socio Antonio Espinosa de los Monteros.
Éste, amigo y protegido de Granier, le rentaba camionetas blindadas al gobierno estatal, distribuía despensas a través de su Abarrotera Monterrey y combustibles en su consorcio gasolinero Lemon, con más de 15 estaciones de servicio en la entidad. De los Monteros posee otros negocios, como el lujoso gimnasio Sport City de Villahermosa, que será demolido tras un largo litigio judicial por el uso del suelo.
Pero la demanda del legislador perredista fue congelada por la PGR y no se supo en qué quedaron las investigaciones.
Sociedad sospechosa
Medina Sonda estuvo implicado antes en un escándalo por el decomiso de 8 millones de pesos en efectivo, que presuntamente eran de su socio Saiz Pineda.
En noviembre de 2007, nueve meses después de que Granier asumiera la gubernatura y mientras más de 1 millón de tabasqueños perdían su patrimonio en las inundaciones, efectivos del Ejército y de la PGR detuvieron en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón, de Mérida, Yucatán, a los tripulantes de una avioneta Cessna 340, con los 8 millones de pesos. La nave despegó en Ciudad del Carmen, Campeche, supuestamente para transportar ayuda humanitaria a Tabasco por el desastre natural.
De acuerdo con el piloto Gerardo Beauregard y su acompañante, Héctor Partida González, el dinero era de Martín Medina Sonda, que iba a comprar terrenos en Yucatán.
Medina Sonda logró justificar la propiedad del dinero y dio como domicilio la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, en Villahermosa, es decir, el de Patrimonium Asesores Fiscales, donde es socio de Saiz Pineda.
Sin embargo, quienes los ubicaban en el mundo de los negocios señalaron a Saiz Pineda como propietario del dinero. Cuando la prensa le preguntó sobre su relación con Medina Sonda, Saiz admitió que fue su socio en la empresa Solidaridad para el Trabajo, Sociedad de Solidaridad Social, pero dijo que se retiró en enero de 2007 para asumir la Secretaría de Finanzas del estado.
No obstante, cuando la señora Ligia Teresita Canto Lugo denunció en los medios de comunicación del estado que Medina Sonda, exesposo de su hija Ema, había secuestrado a sus hijos en mayo de 2012 confiado en la protección que le otorgaba Saiz Pineda, reveló que Ema también era socia de Solidaridad para el Trabajo, Sociedad de Solidaridad Social, por lo cual sabía que los 8 millones de pesos hallados en 2007 en la avioneta Cessna “eran de los damnificados de Tabasco”.
Agregó que Medina Sonda también es propietario de las empresas Hereditas Consultores Patrimoniales, Consultores Jurídicos y Fiscales de México, S.C.T., y Profesionales en Consultoría Fiscal y Patrimonial, todas vinculadas con Saiz Pineda.
En su edición del pasado 25 de enero, el diario Novedades de Tabasco reveló que desde el 19 de diciembre de 2012 Saiz Pineda inició trámites de inversión en la sucursal Nueva York del Royal Bank of Canada con el fin de trasladar depósitos de la cuenta 0000122155390, radicada en el JP Morgan Chase Bank de San Antonio, Texas. Según el rotativo, el encargado de la operación financiera era Martín Alberto Medina Sonda.
El 19 de diciembre de 2012, la ejecutiva bancaria Olga Ruskich notificó que el proceso de apertura de la cuenta de inversión en el Royal Bank of Canada vencía el 30 de enero del presente año. Ruskich aludió al interés de Saiz Pineda de hacer depósitos de sus “compañías” en el extranjero y a su solicitud de “asistencia en proceso de apertura de cuenta con el Royal, sucursal en Nueva York”.
La misma fuente consigna que, ante las presiones de Medina Sonda, la ejecutiva respondía: “Por favor, tenga en cuenta que actualmente estoy reuniendo la documentación corporativa que es necesaria para abrir una cuenta bancaria. Los documentos serán enviados a la atención del Sr. César Colis tan pronto como sea posible”.
Y agregaba: “Mientras tanto, le agradecería si pudiera hacer los arreglos para la carta adjunta de la indemnización; deberá ser firmada por el Sr. José Manuel Saiz Pineda, el beneficiario efectivo”.
Yo no fui
Un agente encubierto, cercano a las investigaciones de la PGJE, confirma a Proceso la veracidad de la información de Novedades de Tabasco y afirma que César Colis es un prestanombre del ex secretario de Finanzas.
Relata que por lo menos desde hace un mes se supo que se guardaban “fuertes cantidades de dinero” en la refaccionaria Jumali, donde se incautaron los 88 millones y medio de pesos.
El agente añade que fue un cercano colaborador de Saiz Pineda el primero en avisar a la PGJE sobre esas cajas de cartón, inconforme “por el miserable salario que le pagaban cuando ahí había millones”.
Esto llevó a los investigadores hasta Marlis Cupil, la secretaria del ex funcionario, quien fue interrogada y finalmente “confesó todo”. Marlis delató a una empleada que llevaba la contabilidad de los millones en efectivo, que se utilizaban para cubrir los gastos de la defensa de su jefe y de sus negocios.
Dicha contadora, quien siempre se dijo ajena al dinero porque era “una simple trabajadora”, le abrió la puerta de la refaccionaria a los policías, ya que éstos pretendían derribarla en la madrugada del miércoles 22.
Además de las cinco cajas de cartón con el dinero, se incautaron tres computadoras (dos de escritorio y una laptop) con información y registro de las entradas y salidas del dinero.
Por la tarde, los agentes catearon el despacho Patrimonium Asesores Fiscales, donde la secretaria Marlis Cupil mostró “disposición de colaborar”.
Sin embargo, la mañana del viernes 24, Marlis denunció ante el noticiario Primero Noticias de Televisa que fue “levantada”, golpeada y forzada por personal de la PGJE a firmar una declaración ministerial, en la que consigna el sitio donde se hallaron los 88.5 millones de pesos.
También se deslindó del dinero encontrado en la propiedad de su padre, Abraham Cupil Córdova.
Añadió Marlis Cupil que ese dinero fue sembrado por la PGJE, que ella estaba internada en un hospital de la Ciudad de México y que temía por su vida.
Su abogado defensor, Xavier Olea Peláez, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la detención “arbitraria” de Marlis Cupil y anunció que denunciaría al gobernador Arturo Núñez y al procurador de Justicia Fernando Valenzuela Pernas ante la PGR, por los delitos de tortura, amenazas y privación ilegal de la libertad.
La noche del jueves 23, el ex tesorero José Manuel Saiz Pineda también se deslindó del dinero: “Desconozco por completo de quién sea o de dónde provengan las cajas de huevo con efectivo que señala la Procuraduría”, dijo en una carta enviada a los medios de comunicación.
Aseguró que la acusación de la PGJE es un montaje mediático “y burdo contra una administración previa, la cual ofende la inteligencia de los tabasqueños, de los medios y a las instituciones de justicia del país”.
Argumentó que con sus 20 años de experiencia en la gestión financiera, contable y fiscal, así como en la administración pública, “es ilógico e ingenuo” que pudiera tener esa cantidad de efectivo en cualquier lugar.
Fuente: Proceso
