En plena crisis por el desabasto de gasolina y a tres décadas del Quinazo, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps se apresuró a solicitar el martes 9 un amparo para evitar ser detenido, pese a que no hay ninguna demanda contra él por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí hay es una querella en su contra por violación sistemática a la ley interna del sindicato, así como por la desaparición del Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, disminución salarial y la pérdida de derechos laborales adquiridos.
Por Alvaro Delgado/ Proceso
A tres décadas de que Carlos Salinas derrocó a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que se cumplieron el viernes 11, inicia también el declive de Carlos Romero Deschamps, el heredero de ese gremio asociado a la corrupción que solaparon los presidentes priistas Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Romero Deschamps, quien el martes 9 tramitó ante el Poder Judicial un amparo para evitar su captura –pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no ha presentado en su contra ninguna denuncia–, inició apenas su cuarto periodo consecutivo al frente del STPRM.
Aunque en septiembre de 2017 fue elegido “por unanimidad” para un nuevo periodo de cinco años, que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024, no se prevé que culmine su gestión.
El cacicazgo de Romero Deschamps pudo haber llegado a su fin durante el gobierno de Fox, cuando se acreditó su responsabilidad en el Pemexgate, que consistió en el desvío de mil millones de pesos de Pemex a la campaña del candidato priista en el 2000, Francisco Labastida, vía el sindicato petrolero.
Él y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana Prieto, fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, pero un pacto de Fox como presidente, Felipe Calderón como secretario de Energía y Santiago Creel como secretario de Gobernación con los priistas Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo los dejó impunes.
Mientras Romero Deschamps obtuvo amparos para evitar ser detenido y procesado, pero sólo por peculado y peculado electoral, Aldana era senador con fuero, del que se le intentó despojar al inicio de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2003, cuya coordinadora de la bancada del PRI era Gordillo y del PAN Francisco Barrio, quien precisamente investigó el Pemexgate como secretario de la Función Pública.
El 11 de septiembre de ese año, ya de noche, se produjo en la Cámara de Diputados la votación que evitó que Aldana, el operador financiero del sindicato de Romero Deschamps, fuera desaforado y sometido a proceso, lo que, en los hechos, implicó un cerrojazo al Pemexgate.
En efecto, de manera irregular, por no estar en el orden del día, el diputado federal priista Miguel Ángel Yunes Linares, director jurídico del PRI presidido por Madrazo y mano derecha de Elba Esther Gordillo, propuso revocar la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, para que el pleno, erigido en Jurado de Procedencia, votara el desafuero de Aldana, el 17 de septiembre.
El caso Aldana
La cita para el 11 de septiembre de 2003 había enfurecido al PRI, que amagó con no aprobar las reformas de Fox y el PAN, como la energética. Gordillo se reunió para armar un acuerdo con el presidente, el procurador Rafael Macedo de la Concha, Creel y Calderón, cuya esposa, Margarita Zavala, era vicecoordinadora de la diputación del PAN.
Gordillo, quien tenía también como operador a Rafael Moreno Valle –que, como Yunes Linares, luego sería gobernador del PAN en acuerdo con Calderón–, les había dicho a los diputados del PRI la víspera de la votación, el 10 de septiembre, que Fox no tenía el control político de nada, y eso, “aunque parezca cínica, lo tenemos que capitalizar”.
Y les informó a los diputados priistas, según el audio que obtuvo la reportera Jesusa Cervantes, que ya se había reunido con los “grupos de poder real”, incluido Fox, con quien había acordado evitar el desafuero de Aldana.
“No se trata de si el senador es bueno o malo, culpable o no culpable; de lo que se trata es que es un asunto político de gran envergadura que pone en riesgo” al PRI y a la sucesión presidencial, expresó Gordillo (Proceso 1402).
Para la votación, el coordinador del PRD, Pablo Gómez, propuso a Barrio, del PAN, abandonar el salón de sesiones con el fin de romper el quórum y evitar aquella, porque ocho diputados hacían prever que se perdería la votación que evitaría el desafuero de Aldana.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2202, ya en circulación)
