Tres días antes de su contundente victoria en las elecciones presidenciales de México del 2 de junio, Claudia Sheinbaum asumió un importante compromiso en favor de la seguridad de periodistas en el país. Como ya habían hecho los dos candidatos de la oposición, Sheinbaum firmó un documento propuesto por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) en el que se comprometía a proteger y defender la libertad de prensa y a los periodistas mexicanos.
La firma del documento, sumada a otras acciones de Sheinbaum, ha hecho pensar a los expertos que la situación de los periodistas en México podría mejorar. El escenario actual es catastrófico: durante los seis años que Andrés Manuel López Obrador lleva como presidente, al menos 37 periodistas mexicanos han sido asesinados, lo que mantiene al país a la cabeza de los asesinatos de periodistas en el mundo, sin considerar Gaza. Cada 14 horas, un periodista sufre un atentado en el país.
Mientras tanto, prevalece la falta de consecuencias. El índice de impunidad de los crímenes contra periodistas en México es del 98 por ciento, según la organización Artículo 19. En el caso de las desapariciones de periodistas, la tasa de crímenes sin resolver alcanza el 100 por ciento.
Además de la brutal violencia del crimen organizado, enquistado en diversas estructuras del Estado y que empeoró a partir de la intensificación de la guerra contra el narcotráfico en 2006, el propio López Obrador ha dirigido ataques contra la prensa durante su mandato. En las “mañaneras”, sus ruedas de prensa diarias, las hostilidades contra reporteros han sido habituales.
A menudo, si un periodista hace una pregunta crítica o incómoda al presidente, en lugar de responder al argumento, López Obrador ataca al periodista. El actual presidente llegó a revelar los supuestos ingresos de un periodista durante una rueda de prensa. En febrero de este año, divulgó información privada sobre la jefa de la oficina de The New York Times en México, Centroamérica y el Caribe
El compromiso de su sucesora, impulsada por Morena, el mismo partido de López Obrador, incluye cinco ejes: priorizar la defensa del periodismo y el derecho a la información; garantizar la plena protección de los periodistas; promover una legislación que salvaguarde la capacidad de ejercer el periodismo con total seguridad; combatir la impunidad de los crímenes de violencia contra periodistas; desarrollar medidas de sostenibilidad y seguridad para los medios de comunicación en las zonas donde se producen desapariciones.
Estos ejes se dividen en 22 medidas. Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, se comprometió a poner en marcha un grupo de trabajo en el primer trimestre de 2025 para avanzar en su cumplimiento, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.
Para que todas las promesas se hagan realidad, habrá que actuar a varios niveles, dicen los expertos. Es necesario reformar el actual mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos del país. Las autoridades estatales también tendrán que colaborar mucho más con el gobierno. Por último, la lucha contra la impunidad, que está en el centro del problema, requiere reformas profundas para que puedan llevarse a cabo investigaciones eficaces. No obstante, según los expertos, seis años no bastan para resolver un problema de esta magnitud.
Pero, ¿qué puede hacer la futura presidenta de México para mejorar la protección de periodistas? ¿Por dónde debería empezar? ¿Y qué podemos esperar realmente de Claudia Sheinbaum?
Reducir las tensiones
Los defensores de la libertad de prensa coinciden en que la primera acción que puede tomar Sheinbaum para aumentar la seguridad de los periodistas es sencilla y tiene un costo económico nulo: adoptar un comportamiento menos hostil que López Obrador y así reducir las tensiones.
“Es fundamental que se reconozca la labor periodística, no se le estigmatice y se rechacen los actos de violencia”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Balbina Flores Martínez, representante de RSF en México y principal organizadora en el país del compromiso que firmaron Sheinbaum y los otros candidatos.
La importancia de poner fin a estos ataques desde el cargo más importante del país va más allá de proteger a periodistas que tratan directamente con el poder ejecutivo mexicano. Cuando un presidente ataca a un periodista, otros funcionarios de menor rango y activistas políticos se sienten envalentonados para hacer lo mismo, dijo a LJR Javier Garza, periodista del estado de Coahuila y director del grupo Horizonte Lagunero.
“AMLO, con constantes ataques a la prensa, estaba creando un clima de hostilidad. Si el presidente ataca a los periodistas, yo también puedo. Los funcionarios menores también lo hacen”, dijo Garza.
Un buen ejemplo desde la cabeza del Estado puede tener un efecto dominó sobre esas otras autoridades, dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica.
“Con el control que tiene hoy Morena en diversos estados y en sus congresos, esto se puede lograr: quitar la difamación, las calumnias, los ultrajes y todos estos delitos verbales que se mantienen como una manera de presión a la prensa”, dijo Maldonado a LJR.
En su comportamiento hasta la fecha, incluyendo su periodo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2024), Sheinbaum no ha sido tan hostil con la prensa como López Obrador. Aun así, Garza agregó que la presidenta electa “sí ha tenido cierto desdén hacia los medios. Tiende a clasificar cualquier cosa negativa o crítica como algo negativo o fake news. No ha sido tan intensa, pero no la veo como una persona que tenga la libertad de prensa muy alto en su escala de valores”.
La sombra de López Obrador también podría pesar sobre el gobierno de Sheinbaum, y esto tiene el potencial de generar conflictos con la prensa. Aunque el actual presidente ha dicho que se retirará, es poco probable que se aleje por completo de Morena, partido que construyó, y de la vida pública.
“Si decide que Claudia necesita aumentar la presión sobre los periodistas porque están siendo demasiado críticos y hablando mal del partido, me pregunto si Sheinbaum será capaz de soportar esa presión y ser su propia presidenta, ser su propia mujer en esa lucha. Es difícil operar bajo una sombra tan gigantesca. López Obrador es el político más importante que ha tenido México en este siglo”, dijo a LJR Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus ruedas de prensa diarias, junto a la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una foto de 2020. (Foto: EneasMx/Licencia Creative Commons 4.0)
Reformas al mecanismo
Si bien adoptar una actitud menos hostil hacia la prensa sólo requiere la buena voluntad de Sheinbaum, las demás medidas para aumentar la protección de periodistas exigen políticas más sofisticadas.
Entre las 22 medidas asumidas en el compromiso con RSF están: revisar el funcionamiento del mecanismo federal de protección; priorizar la búsqueda de periodistas desaparecidos en México; garantizar la reparación integral a las víctimas y la no repetición de hechos que lastiman a las familias y a la sociedad; desarrollar políticas de investigación, rendición de cuentas y protección para que las zonas donde desaparecen medios de comunicación no se conviertan en regiones o estados silenciados, como ya ocurre en varias partes del país.
De acuerdo con Amnistía Internacional y el CPJ, en los últimos siete años han sido asesinados ocho periodistas que se encontraban registrados en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, cifra que pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer y reformar dicho instrumento.
El mecanismo federal fue creado en 2012 con la misión de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas del país en riesgo extremo de sufrir amenazas y agresiones debido a su trabajo. En el informe publicado en marzo “‘Nadie garantiza mi seguridad’: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas”, Amnistía Internacional y el CPJ plantean que si bien el mecanismo ha brindado seguridad a algunos periodistas, no ha logrado proteger a muchos otros.
Según Hootsen, del CPJ, el mecanismo necesita más fondos y mejor formación para sus empleados. También es necesario descentralizarlo y establecer oficinas regionales para hacer frente a las amenazas con mayor eficacia fuera de la capital, dijo.
“El mecanismo está muy centralizado y enfocado en Ciudad de México. Por lo tanto, no tiene oficinas regionales. Así que a menudo depende del contacto con grupos de la sociedad civil para conseguir los contactos y la experiencia adecuados para hacer frente a las amenazas contra los reporteros”, dijo Hootsen.
Incluso si se detecta que un reportero está en peligro, suele haber problemas de comunicación entre los distintos organismos para poder proteger al periodista, añadió. También hay dificultades en la forma de aplicar las medidas de protección, y la coordinación con los gobiernos estatales es deficiente. También hay cuestiones que requieren una atención específica, como el desplazamiento de periodistas.
Reformar el mecanismo para que deje de ser una institución centralizada que sólo funciona a nivel federal y se convierta en algo de alcance nacional será complicado, dijo Hootsen.
“Requiere cambiar la Constitución y conseguir que los gobiernos estatales acepten crear sus propias instituciones a nivel local y vincularlas a las instituciones federales”, dijo. “Eso tarda años en cambiar. Ha habido algunas discusiones sobre una reforma en este sentido en los últimos dos o tres años, pero en realidad nunca ganaron velocidad o impulso”.
El partido Morena logró una mayoría calificada en el Congreso federal y también en varios estados que controla, por lo que podrían cambiar la Constitución si quisieran. Sin embargo, no hay señales de ello en el ámbito de la libertad de prensa. Sin mencionar el periodismo ni el mecanismo de protección, los líderes del partido ya han dicho que quieren empezar a votar 18 enmiendas constitucionales tan pronto como puedan, en septiembre.
Un proyecto de ley estancado en el Congreso desde 2018 propone revisiones al mecanismo. Balbina Flores, de RSF, dijo que “debe construirse una ley desde abajo, desde los periodistas”. Sin embargo, aunque la ley cambie, no hay garantías de que las nuevas disposiciones se cumplan.
“El problema en México no siempre es la falta de leyes, sino su cumplimiento. Es necesario hacer adecuaciones para asegurar que las leyes se cumplan efectivamente”, dijo Flores.
Es necesario fortalecer el mecanismo, pero tiene que ser complementario a la investigación, la reparación del daño y muchas otras funciones del Estado que están distribuidas en diferentes instituciones, dijo Leopoldo Maldonado, de Artículo 19.
“Hay cada vez más dependencia del sector de defensores de derechos humanos y de periodistas de acudir a ese mecanismo para resolver sus problemas de seguridad porque las instituciones policiales y de procuración de justicia no lo hacen”, dijo Maldonado.
“Mucho se habla de la necesidad del mecanismo, pero tomemos en cuenta que esta instancia debe ser temporal y transitoria; no puede existir siempre. La seguridad de la prensa tiene que estar garantizada eventualmente por las instituciones propias en una democracia normal, en 10, 15, 20 años”, agregó.
La impunidad en el centro
En el centro del problema de la violencia contra los periodistas están la impunidad, la incapacidad de investigar y la infiltración y colusión de agentes de la justicia con el crimen organizado, dijeron los expertos.
El mecanismo de protección sólo puede responder a las amenazas, pero no puede investigarlas ni castigar la violencia contra los reporteros. Es, por tanto, un paliativo.
Para proteger a sus periodistas, México necesitará cambios significativos en su sistema judicial y en otras instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
“Si las agresiones son investigadas de manera rápida y contundente, un agresor entiende el mensaje. El mejor disuasor es que vea que la persona que acaba de atacar lo pagó”, dijo Javier Garza.
El gran cuello de botella son las fiscalías y las agencias policiales locales, que hacen que la gran mayoría de los casos se detengan en la fase de investigación, sin llegar a juicio, dijo Maldonado. Según el representante de Artículo 19, el “Protocolo sobre Delitos contra la Libertad de Expresión” de 2018 puede ofrecer una guía sobre cómo pueden coordinarse los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Para que lo hagan, sin embargo, se necesitan reformas considerables, porque muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley están corrompidos. Detrás de la violencia contra los periodistas está el narcotráfico, la corrupción, los delitos medioambientales, los delitos financieros y su infiltración en el Estado.
“Se tiene que cambiar toda la estructura de procuración de justicia en México. Es necesario adoptar este protocolo de investigación para delitos contra periodistas, pero para eso se requiere capacidad de análisis de contexto, de análisis criminal, bases de datos fortalecidas e interoperables; es decir, toda una infraestructura que no hay hoy”, dijo Maldonado.
“Sobre todo, se necesita depurar las fiscalías que están penetradas por intereses políticos y criminales, y eso va a llevar tiempo”.
Si Sheinbaum quiere ser la presidenta histórica que pretende ser, reducir el índice de impunidad en México será su mayor reto. Ante este problema, que según los expertos requiere cambios legislativos y operativos, un periodo presidencial parece corto. Sin embargo, la primera presidenta de México puede dar un primer paso.
“Para promover las reformas necesarias, hay que erradicar la corrupción sin contemplaciones. Hay que deshacerse de los malos actores. Hay que asegurarse de que todos los que trabajan en la fiscalía y la policía sean intachables. Es una tarea enorme. Seis años no son suficientes. Pero se puede empezar. Puedes empezar a ocuparte de ello, y esa es su tarea: empezar”, dijo Hootsen.
La representante de RSF en México coincidió y calificó de “titánica” la labor de articulación necesaria para que los tres principales candidatos se comprometieran con la organización. Se ha dado un primer paso, pero el verdadero trabajo está por delante.
“La verdad es que la firma de esos compromisos abre una puerta, una esperanza, una luz de que las cosas pueden cambiar. Tenemos claro que las cosas tienen que cambiar ya. México no puede pasar otro sexenio contando asesinatos, muertes y desapariciones. Merecen que se respete el trabajo periodístico. Sobre todo, lo merece la sociedad”, dijo Balbina Flores.
LJR intentó comunicarse con la oficina de transición de Claudia Sheinbaum a través de la única dirección de correo electrónico disponible en su página oficial, pero los mensajes fueron devueltos sin llegar a su destinatario.
Traducido por César López Linares
“Esta publicación fue publicada originalmente por LatAm Journalism Review”.
