La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene facultades para sancionar irregularidades administrativas graves del sexenio pasado, lo que dio lugar a una amplia investigación sobre abusos cometidos en el periodo de julio del 2013 a julio del 2017.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, ordenó que se investigar todos los hechos y las irregularidades cometidas en dicho periodo que abarca casi todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Esta importante resolución de la Corte abre la posibilidad histórica de investigar y sancionar los abusos vinculados a la corrupción estructural y combatir la impunidad. Asimismo, la tesis nos permite homologar criterios en los tribunales en materia administrativa, lo que nos da una mayor certidumbre que fortalece nuestra firma convicción de combatir la corrupción y castigar la impunidad”, subrayó Sandoval.
A través de una circular, la SFP solicitó actuar a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras de la secretaría sobre las faltas administrativas ocurridas antes de julio del 2017, y podrán aplicarse las reglas procesales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La SCJN determinó devolver las facultades a la SFP: “para sancionar irregularidades administrativas graves a la autoridad que era competente para resolver el procedimiento disciplinario al momento de los hechos”.
Ante ello, la SFP ordenó “iniciar de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades cuya facultad sancionadora no esté prescrita en términos del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
De igual forma, Sandoval señaló que se sancionará todas las irregularidades en los términos que dicha ley prevea. Agregó que tratándose de faltas graves cometidas durante la vigencia de la LGRP, serán enviados al Tribunal de Justicia Administrativa en el momento procesal oportuno.
Fuente: Noticias ZMG/ La Jornada
