Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
Incremento alarmante en los homicidios entre adolescentes, reclutamiento de menores por bandas del crimen organizado y violencia sexual contra jovencitas en las zonas de disputa entre cárteles, son algunos de los saldos que deja la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón.
Con datos oficiales en mano sobre la evolución de la violencia entre jóvenes, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), Juan Martín Pérez da cuenta de los efectos de la guerra en el sector “más desprotegido de la sociedad que son los niños y niñas, porque en este escenario de lucha contra el crimen organizado, el Estado mexicano no tenía una institucionalidad sólida para a atender a la infancia, la única institución que conocemos está reducida al asistencialismo del DIF, que no ha cambiado en 50 años, pero las niñas y las niños sí”.
Entrevistado por la agencia Proceso, el activista resalta que a unos días de que concluya el gobierno de Calderón la REDIM identificó a Chihuahua como el “más peligroso” para la infancia, seguido de Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Coahuila, Veracruz y Guerrero, entidades donde los niños y niñas “viven en un escenario de ausencia de institucionalidad que los proteja”.
Las consecuencias más claras de la falta de protección, asienta, es un incremento alarmante de jóvenes involucrados con el crimen organizado, lo que la REDIM llama “narco explotación”, que también ha cobrado víctimas mortales.
“Tenemos un conteo hemerográfico aproximado de mil 700 homicidios (de menores) asociados al crimen organizado sólo en el sexenio de Felipe Calderón y calculamos que actualmente hay unos 30 mil adolescentes explotados por el crimen organizado”, apunta el especialista en derecho de la infancia.
Pérez dice que aún cuando hay cierta opacidad de las instituciones federales y locales para detallar las causas por las que los jóvenes son enviados a centros de internamiento, lo cierto es que el número de detenidos por delitos de orden federal han crecido.
De acuerdo a datos obtenidos por la REDIM, de 2006 a 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) remitió a los juzgados a 7 mil 575 adolescentes de 16 y 17 años por algún delito federal; del total de jóvenes el 91%, es decir 6 mil 882 eran hombres.
La mayoría de los muchachos en conflicto con la autoridad, 3 mil 386, es decir 44.5%, fueron detenidos entre 2010 y 2011.
Del total de jóvenes arrestados entre 2006 y 2011, 3 mil 089, es decir el 40.77%, fueron procesados por delitos contra la salud; mil 520, 20%, por portar armas de uso exclusivo del Ejército y, 3 mil 134, o sea el 41.37%, por posesión o consumo de enervantes.
En el periodo mencionado y continuando con información de la PGR, 76 jóvenes de entre 16 y 17 años, de los que 60 eran hombres y 16 mujeres, fueron consignados por violar la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada.
En el caso específico de Chihuahua, “donde no hay una legislación de protección a la infancia y el 31% de los adolescentes no estudian ni trabajan”, abunda Juan Martín Pérez, hay un incremento sostenido de homicidios de jóvenes de entre 15 y 17, así como de embarazos de adolescentes.
“Los embarazos los hemos asociado a agresiones sexuales, porque ocurren en zonas de altos niveles de violencia producto de la pelea por el territorio entre los cárteles y de las fuerzas del Estado contra la delincuencia organizada”, dice el especialista.
En el caso de las muertes violentas, de acuerdo a información sistematizada por la REDIM, en su informe la Infancia cuenta en México 2012, mientras en el 2000 en el estado del norte hubo 19 homicidios de jóvenes de entre 15 y 17 años, a partir del sexenio de Calderón las cifras crecieron de forma preocupante: 27 en el 2006; 24 en 2007; 86 en 2008; 144 en 2009 y 253 en 2010.
En cuanto a embarazos entre jovencitas de entre 15 y 17 años, Chihuahua pasó de registrar 5 mil 879 en 2006, a 6 mil 863 en 2010, es decir, pasó de una tasa de 63.2 jovencitas embarazadas por cada mil, a 71. 2, aunque hubo años, como el 2008, uno de los más violentos en esa entidad, en el que hubo 7 mil 511 adolescentes embarazadas, una tasa de 79.3 por cada mil.
Los parámetros de homicidio y embarazo en adolescentes, también son preocupantes en entidades con altos índices de violencia por la guerra contra el narcotráfico.
En Durango, las muertes de jóvenes de entre 15 y 17, pasaron de ningún caso registrado en 2000, a 45 en 2010.
Los embarazos de las jóvenes duranguenses de la edad en mención, tuvieron un incremento sostenido, empezaron en 2006, con una tasa de 56.5 jovencitas por cada mil, equivalente a 2 mil 762, 71.8 por cada mil muchachas en 2010, es decir, 3 mil 600.
En Tamaulipas, en el primer año de gobiernos panistas, en 2000, se registraron 7 homicidios de adolescentes, para pasar a 23, en el primer año del gobierno de Calderón, y llegar a los 33 crímenes de adolescentes en 2010.
La tasa de embarazos por cada mil jovencitas pasó de 52.6 (4 mil 361) en 2006 a 58.9 (5 mil 151) en 2010, pero en 2009, la tasa estuvo en 62.1 (5 mil 360).
En Sinaloa, el historial de jóvenes asesinados empezó en 2000 con 9 registros, durante los dos primeros años de Calderón la tendencia bajó a 6 por año, pero en 2008, 27 adolescentes fueron abatidos, en 2009, fueron 58 los asesinados y en 2010 82.
La tasa de embarazos juveniles (de 15 a 17) arrancó en 54.9 por cada mil muchachas, al inicio del gobierno de Calderón, y en 2010 cerró con 62.9.
En Coahuila, escenario de una violencia que ya ha tocado a sectores encumbrados, el reporte de la REDIM registró en 2000 tres asesinatos de adolescentes de entre 15 y 17 años, pero con Calderón incidencia creció a 5, en 2006, y fue creciendo hasta llegar a 25 jóvenes muertos de forma violenta en 2010.
En materia de embarazos, pasó de registrar 4 mil 458 en 2006, es decir 61.8 jovencitas por cada mil, a 5 mil 319, una tasa de 67 por cada mil, en 2010.
Particularmente violento, en Veracruz, los homicidios de adolescentes registró una tendencia a la alza en homicidio de adolescentes. En 2000 fuero 10 los registrados, en 2006, bajaron los reportes a 8, pero en 2008 volvieron a subir a 14; un año después la cifra fue de 22 en 2009, y en 2010 quedó en 21.
En este estado, se registraron en 2006 10 mil 999 embarazos de jovencitas de entre 15 y 17 años, en 2009, se llegó a niveles que rebasaron los 13 mil casos, y en 2010 el registró quedó en 12 mil 762. La tasa pasó de 48.9 jovencitas embarazadas por cada mil a 55.4.
Otro de los estados que para la REDIM tiene focos rojos es Guerrero, donde los homicidios a jovencitos de entre 15 y 17 años fueron 5 en el 2000, pero en el 2006, ya envuelto en una vorágine de violencia, se registraron 32 crímenes, y en el 2010 se reportaron 50 asesinatos.
En esta entidad con un alto porcentaje de población indígena, en 2006, 65.9 por cada mil jovencitas de entre 15 y 17 años resultaron embarazadas (7 mi l89) y en 2010, la tasa fue de 77.6 por cada mil (9 mil 99).
Al insistir que los jóvenes son los más afectados por la guerra contra el narcotráfico, Juan Martín Pérez recuerda que en marzo de este año la ONU a través del Comité de Derechos del Niño “recomendó al Estado mexicano que en la lucha contra el crimen organizado o la lucha por la seguridad debía dar garantías especiales de protección a los niños y niñas, algo que la administración que concluye lo hizo”.
Advierte que después de una serie de crímenes en los que niños y niñas fueron víctimas, como el caso de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, fue la creación de una mesa interinstitucional de atención a niños y niñas en escenarios de crimen organizado, “que fue un conjunto de buenas voluntades de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, y que está en riesgo de desaparecer porque no se institucionalizó, no quedó en marco de ley”.
A unos días para que concluya el gobierno de Calderón, el director ejecutivo de la REDIM puntualiza que esa administración “fue omisa no sólo para dar garantías de seguridad y protección a las niñas y niños en general, sino que nunca consideró lo que estableen los instrumentos internacionales, para que las estrategias de lucha por la seguridad en el país no les afectara”.
Fuente: Proceso
