Uno de los principales líderes independentistas en Cataluña pidió unidad este sábado, mientras las disputas sobre la estrategia a seguir amenazaban con dividir a los secesionistas, que buscan escindir a esa región del noreste del resto de España.
El vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, dijo que los separatistas necesitan dejar de discutir entre ellos y apoyar el último intento del presidente catalán para negociar con el gobierno central español.
“Debemos mantener la unidad necesaria para recorrer todo el camino en esta senda hacia una república”, dijo Junqueras, también líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya.
Han aparecido fisuras entre los independentistas desde que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció el martes la suspensión de una declaración directa de independencia durante “unas semanas” para buscar posibles negociaciones con el gobierno central en Madrid.
Esa decisión decepcionó a muchos separatistas, que quieren que la próspera comunidad autónoma, con 7.5 millones de habitantes, se separe de España.
El partido de ultraizquierda CUP, socio de la coalición que gobierna en Cataluña, y un grupo independentista de bases -la Asamblea Nacional Catalana- han pedido a Puigdemont que no espere más.
Junqueras pronunció su mensaje a 200 miembros de su partido en su sede en Barcelona. El partido forma parte de una coalición de gobierno con los conservadores de Puigdemont en el Parlamento regional de Cataluña y su lealtad es crítica para el impulso secesionista.
Junqueras dijo que la mejor manera de avanzar era que los secesionistas mostraran al mundo quiénes son los que quieren ofrecer diálogo y quiénes lo rechazan.
El gobierno conservador de España, encabezado por el presidente de gobierno Mariano Rajoy, también está presionando a Puigdemont. Le dio el lunes como plazo para que aclare su posición sobre la independencia, así como un ultimátum para que se ajuste a las leyes españolas antes del 19 de octubre o se enfrente a la pérdida de algunos o todos los poderes autónomos de la región.
Además de estar flanqueado políticamente, Puigdemont se enfrenta a un éxodo de bancos y empresas que han estado trasladando sus sedes de Cataluña a otras partes de España por temor de que, en caso de secesión, se queden fuera del mercado común de la Unión Europea.
El gobierno español también ha advertido que la crisis constitucional en Cataluña ya está perjudicando a la economía.
Puigdemont afirmó que tiene un mandato para la secesión después de que el voto por el “Sí” a la independencia ganó un referendo el 1 de octubre. Esa consulta fue suspendida por la Corte Suprema de España tras considerar que fue inconstitucional. Solo el 43 por ciento de los votantes emitieron su voto en medio de una fuerte represión de la policía española. Los partidos en contra de la secesión boicotearon el referendo.
La Unión Europea apoya una España unida y ningún gobierno extranjero apoya a los separatistas catalanes.
Intervención del gobierno central
El gobierno español intervendrá en Cataluña si el Ejecutivo regional responde de forma ambigua al ultimátum que tiene para aclarar hasta el lunes si declaró o no la independencia unilateral, aseguró hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
“Si contesta con alguna ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y el gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponda”, dijo Zoido en una entrevista con la radio Cadena COPE. El ministro insistió en que el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, debe “decir sí o no” al requerimiento enviado el miércoles por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy.
“Si dice que sí, se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley” y “habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo ofrecía con sinceridad”, sostuvo Zoido, que pidió a Puigdemont volver a la legalidad para iniciar “un diálogo sincero” y en el Congreso.
Puigdemont anunció la independencia el martes en el Parlament catalán, pero la suspendió de inmediato para abrir espacio al diálogo con Madrid. Al día siguiente, el gobierno de Rajoy le dio plazo hasta el lunes para aclarar si declaró o no la independencia.
Si Puigdemont confirma la declaración o no responde al requerimiento, tendrá un nuevo plazo hasta el jueves para volver a la legalidad.
En caso de que no cumpla ese segundo ultimátum, el gobierno de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite forzar a una región a cumplir con sus obligaciones adoptando las medidas necesarias, incluyendo la intervención de su autonomía.
Según la prensa española, Puigdemont podría responder al requerimiento enviando a Madrid una copia del discurso que pronunció en el Parlament, pero el gobierno central insiste en que sólo aceptará un “sí” o un “no” a su pregunta.
Fuente: AP/ DPA
