Por John Ackerman
El camino a seguir para superar la crisis de legitimidad democrática que enfrenta el mundo no será trazado por los países del norte, sino por los del sur. En Estados Unidos, la sociedad se mantiene quieta mientras se construyen bardas, se persigue a periodistas e informantes internos y se cancelan protecciones electorales a grupos vulnerables. En contraste, las movilizaciones populares masivas de Brasil han obligado a la clase política a impulsar reformas cruciales para democratizar el sistema político, combatir la corrupción gubernamental y aumentar el gasto social.
Si México busca avanzar por una senda de desarrollo sostenible e independiente tendrá que consolidar sus vínculos con los gobiernos y pueblos latinoamericanos y acabar con su obediencia humillante frente al vecino del norte. De lo contrario, se arriesga a ser arrastrado por la corriente de un imperio en declive cada día más desesperado, autoritario y peligroso.
La semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos echó abajo el artículo quinto de la Ley de Derechos del Elector (Voting Rights Act), que obligaba a nueve estados del sur del país a recibir autorización federal para cualquier modificación a su normatividad electoral. Esta ley, aprobada en 1965, fue una de las conquistas históricas más importantes del movimiento social encabezado por Martin Luther King Jr., Malcolm X y otros líderes a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. El artículo quinto era particularmente importante porque evitaba la manipulación de las leyes electorales para excluir a los afroamericanos, los latinos y otros grupos vulnerables con artimañas jurídicas como el rediseño geográfico de los distritos electorales o la imposición de nuevos requisitos para poder votar.
Esta misma Corte ya había dado el tiro de gracia a cualquier intento de regulación del flujo de dinero privado en las campañas electorales con su decisión en el caso Citizens United. En ese caso, resuelto en 2010, la mayoría de los ministros, encabezados por el ultraderechista John Roberts como su presidente, resolvió que las empresas tienen los mismos “derechos” a la “libertad de expresión” que cualquier ciudadano y, por lo tanto, pueden “donar” dinero a las campañas políticas casi sin limitación alguna.
Con estas dos decisiones históricas, Voting Rights Act y Citizens United, Estados Unidos se consolida como un sistema político diseñado para favorecer los intereses del dinero y la reacción. No debería sorprender a nadie entonces que los legisladores del ala más radical del Partido Republicano definan las coordenadas del debate político en Washington.
Por ejemplo, recientemente este grupo logró parar en seco una serie de reformas que hubieran aumentado marginalmente la vigilancia de la venta de armas de alto poder en aquel país. Estas reformas fueron ampliamente demandadas por la población en respuesta al terrible asesinato de 20 niños, de entre seis y siete años de edad, en la escuela Sandy Hook en diciembre pasado. Pero los intereses económicos de los fabricantes de armas fueron más poderosos que el sentido común.
Y hoy la famosa “reforma migratoria” cada día se parece más a una nueva ley de seguridad nacional. En lugar de reconocer la enorme contribución que realizan todos los días los mexicanos a la economía estadunidense y aceptar la naturaleza pluricultural del país, la ley busca ahondar las divisiones tanto dentro de la comunidad migrante como entre México y Estados Unidos.
Las nuevas e inaceptables modificaciones incluyen duplicar la cantidad de policías armados en la frontera de 20 mil a 40 mil, extender la cerca electrificada en cientos de kilómetros, y poner en operación 18 “drones” de vigilancia junto con un laberinto de cámaras y sensores infrarrojos propios de un campo de guerra. El senador John McCain ha presumido que estas medidas volverían la frontera entre México y Estados Unidos más impermeable que el Muro de Berlín. El senador Patrick Leahy ha señalado que tales disposiciones cumplen con una “lista de deseos de Navidad” de empresas de seguridad como Halliburton. Solamente falta que algún legislador del Tea Party también proponga colocar minas de guerra a lo largo de la frontera.
Ahora que la reforma pasa del Senado a la Cámara de Representantes, donde los republicanos son aún más poderosos, se incluirán más “enmiendas” nocivas. Por ejemplo, los migrantes muy probablemente serán excluidos de cualquier beneficio público mientras esperan más de una década para ser “legalizados”. También existe la propuesta de obligar a los mexicanos a pagar cuantiosas multas, así como a mantener un trabajo estable sin interrupción alguna durante todo el periodo de espera. Es posible que incluso se elimine la opción de conseguir la anhelada ciudadanía al final del largo periodo de espera y “buen comportamiento”.
En contraste, en Brasil el Congreso avanza en la aprobación de una nueva medida que obligaría al Estado a utilizar 100% de las regalías de la producción futura de petróleo para programas de educación y salud pública. Además, se encuentran en curso una amplia reforma política y medidas definitivas para combatir y castigar la corrupción gubernamental. México haría bien en seguir este valioso ejemplo.
El estudio más reciente del CIDE sobre las actitudes de los mexicanos hacia el exterior ha ratificado que los mexicanos se sienten mucho más “latinoamericanos” (50%) que “norteamericanos” (8%). Una encuesta de la BBC, Country Ratings World Survey 2010 (disponible aquí: http://ow.ly/ms0eW), también ha revelado que solamente 13% del pueblo mexicano tiene una opinión favorable sobre la influencia internacional de Estados Unidos.
Estos datos alentadores demuestran que la conciencia crítica del pueblo mexicano sigue firme. El progreso de México como país líder en el concierto de las naciones depende precisamente de valorar y fortalecer los vínculos con los hermanos del sur y rechazar las políticas excluyentes, prepotentes y racistas del norte.
Twitter: @JohnMAckerman
(c) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso 1913)
