El Senado de la República turnó un punto de acuerdo en el que la bancada del PAN solicita llevar a juicio político al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvió de más de 35 mil millones de pesos de recursos federales en lo que va de su sexenio y señalados por la Auditoria Superior de la Federación.
La presidenta en funciones de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rosa Adriana Díaz Lizama, fue quien turnó dicha propuesta, en donde hace énfasis en la Cuenta Pública 2014, presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que hay un presunto daño patrimonial que asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos.
El paquete legislativo en contra del gobernador de Veracruz también incluye que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la cuenta pública 2014 en Veracruz, en el que se incluya a diversos funcionarios y ex funcionarios –la mayoría de ellos hoy diputados federales como Erick Lagos, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Tareck Abdala, entre otros-.
En medio de los señalamientos de la ASF por no poder solventar más de 35 mil millones de pesos, más la ola de violencia que sacude a la entidad, el gobernador, Javier Duarte, también fue increpado por el líder nacional de su partido, Manlio Fabio Beltrones, quien en una rueda de prensa señaló que el veracruzano “tiene que rendir cuentas”.
En entrevista en Tabasco, Beltrones dijo que Duarte tendrá que atender todos los reclamos sobre corrupción que enfrenta y la única forma de hacerlo es rindiendo cuentas.
“Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de bueno o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos”.
El líder nacional priista fue evasivo cuando se le cuestionó si su partido continuará respaldando a Duarte de Ochoa en los señalamientos que enfrenta.
–¿Ustedes van a seguir respaldando a Javier Duarte?, se le inquirió.
“Nosotros estamos respaldando a Héctor Yunes como candidato”, deslindó.
En Xalapa, diversos medios locales que en su momento fueron afines y leales al gobierno de Duarte, hoy han encabezado los rumores que anticipan su solicitud de licencia al cargo a 10 meses de que concluya su periodo constitucional.
Aunado a ello, en su cuenta de twitter (@yoconyunes), el precandidato de la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anticipó que Duarte será removido de su cargo a solicitud del gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
“Estoy en D.F, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el candidato tapadera. Pendientes”, escribió el diputado plurinominal panista con licencia y con una trayectoria de tres décadas como miembro del PRI.
“Quieren que @Javier_Duarte y sus cómplices se vayan con las bolsas llenas y dejen a Veracruz en el desastre #QueSeVayanAlaCarcel. En unos minutos subiré información a través de Facebook. No dejemos que encubran a @Javier_Duarte ¡a la cárcel y que devuelvan lo robado!.
Desde el último trimestre del año pasado, el gobierno de Duarte, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaria de Agricultura (Sedarpa) y la Fiscalía General del Estado han enfrentado momentos de crisis derivado de dos situaciones, la crisis de inseguridad y la falta de solvencia económica.
Tan solo la Universidad Veracruzana demanda el depósito de 2 mil millones de pesos por concepto de ministraciones y subsidios para su funcionamiento; en tanto que el Poder Judicial del Estado exige 500 millones de pesos por conceptos de obras y contratos para la construcción de salas de juicio oral; pensionados, jóvenes universitarios reclaman becas y campesinos reclaman el pago de proyectos productivos.
