Las fuerzas políticas en el Senado de la República se pusieron de acuerdo y acordaron 18 modificaciones a la minuta de la reforma constitucional sobre telecomunicaciones, entre ellas la que demandaron los organismos cúpula del sector privado y que fue retomada por la bancada del PAN.
Después de negociaciones que se iniciaron un día antes, cerca de las ocho de la noche se dio el consenso y se inició la reunión de las cuatro comisiones dictaminadoras de esa reforma.
Aunque por la mañana el presidente del PRD y del Consejo Rector del Pacto por México, Jesús Zambrano, sostuvo que ese punto era intransitable, finalmente PRI, PAN y PRD acordaron modificar el párrafo séptimo del Artículo 28 constitucional, en el que se señalaba que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
Los senadores lo cambiaron a fin de establecer que en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.
Lo que significa que se concede a los empresarios que lo solicitaron la suspensión del acto reclamado en aquellos puntos que les preocupaban, como son las multas o medias derivadas de la desintegración de monopolios.
Otro de los cambios consensados, también a propuesta del PAN, es que la banda ancha sea operada de manera compartida entre el gobierno y la iniciativa privada.
A propuesta del PRD, según lo detalló durante la reunión la senadora Alejandra Barrales, se reincorporó en el párrafo sexto del Artículo 6 constitucional los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección, que se habían eliminado a última hora de la iniciativa elaborada en el seno del Pacto por México.
Fuente: La Jornada
