El Senado chileno, actuando como jurado, desechó la acusación constitucional que buscaba destituir al presidente Sebastián Piñera, al sumar sólo 24 de los 29 votos que como mínimo necesitaba para aprobarse. La totalidad de la oposición votó por desalojar al gobernante, mientras que 18 oficialistas lo hicieron en contra, más una abstención.
La semana pasada la Cámara de Diputados la aprobó por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones.
La acusación, que responsabilizó al debilitado presidente de “infringir abiertamente la Constitución y las leyes” y por “comprometer gravemente el honor de la Nación”, fue consecuencia de conocerse la existencia de un contrato negociado en Islas Vírgenes por una sociedad de los Piñera Morel con su socio y amigo Carlos Alberto Délano, según el cual el tercer pago de los 152 millones de dólares pactados por el 33 por ciento de las acciones de la familia presidencial y de otros minoritarios en Minera Dominga, sólo se concretaría a condición que no se declarara bajo protección ambiental la zona del proyecto, una petición hecha por organizaciones civiles y medioambientales que sigue sin ser aceptada.
“Los actos del presidente Piñera corresponden a un actuar deshonesto, abusivo, hechos que rompen la confianza de nuestra Nación y que contravienen su rol de jefe de Estado”, argumentó ante los senadores el diputado Gabriel Silber, agregando que “ha creado una situación de constante inestabilidad y descrédito”.
Mientras que la diputada Gael Yeomans planteó que “esta acusación demuestra un notable conflicto de intereses, negociaciones incompatibles y un actuar sin ética del señor Piñera”, agregando que “si la acusación se rechaza, seguiremos insistiendo usando todos los mecanismos disponibles a nivel nacional e internacional”.
La defensa de Piñera, a cargo del abogado Jorge Gálvez, acusó que “lo que se plantea hoy es una desvaloración de la carrera del Presidente, hay una crítica personal y a su trayectoria”, y que “se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral”.
Según el defensor, “es mentira que la familia Piñera Morel haya realizado la venta de Dominga” e insistió en que ya hubo una investigación judicial que no encontró antecedentes.
Pero el caso no está cerrado, porque el Ministerio Público reabrió el “Caso Dominga” e indaga a Piñera como imputado por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.
Más allá de que se salvó porque no se alcanzaron los 2/3 requeridos para removerlo a cuatro meses del fin de su mandato, Piñera queda marcado y manchado ante la historia, no sólo por el fracaso monumental que ha sido su gobierno, su descrédito personal con apenas 10 por ciento de aprobación y por las masivas y brutales violaciones que se cometieron durante la represión de las protestas sociales, sino por ser el primer gobernante chileno en enfrentar una debacle política de tales proporciones.
Fuente: La Jornada
