En el Senado inició la discusión de la minuta por la que se amplía hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, con un dictamen con las modificaciones propuestas por la oposición, entre ellas establecer mecanismos parlamentarios de control y la creación de un fondo permanente de apoyo permanente a estados y municipios, a fin de que modernicen y profesionalicen a sus corporaciones policíacas.
“No hay razón para que la oposición no vote a favor el dictamen. Les aceptamos todo lo que plantearon. No habría razón, salvo que se trate de alguna estrategia electoral, política”, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, previo a la sesión. Destacó que ya no debe ser motivo de disputa que la reforma provino de una propuesta de los diputados del PRI, que encabeza Alejandro Morena Cárdenas, Alito.
Es, recalcó, una iniciativa distinta, modificada por completo, por lo que “ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios, porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, es otro mucho mejor”.
Sin embargo, los grupos del PAN y de MC adelantaron que votarán en contra, porque insistieron, se avanza a la militarización del país.
Monreal detalló que se establece un control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas, a las que se dota de una base constitucional, pero también establecemos mecanismos de control parlamentario que no existían y eso para mí genera equilibrio de poderes, contrapesos y mecanismos de rendición de poderes”. explicó Monreal.
Insistió en que esta es la primera vez que se establece un mecanismo de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas, algo histórico e inédito.
Los cambios, consensados por Morena con el PRI y PRD, lo que le daría los votos requeridos para lograr la mayoría calificada necesaria, por ser una reforma constitucional, fueron incluídos en una adenda, que se votará, luego de que la presenten los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, los Morenistas Eduardo Ramírez y Rafael Espino de la Peña.
Se cambia por completo el quinto transitorio, de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, además del primero, segundo y tercero. En lugar de que el Ejército y la Marina deban regresar a sus cuarteles en el 2024, se prorroga cuatro años más, en los que el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Se establece que “las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades”.
Asimismo, que las acciones que el ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de esa facultad, “ proporcionando los indicadores cuantificables y yérificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en matóla de seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y aífomexicanas”.
Uno de los puntos más discutidos, que el PRI puso como condición para votar la minuta quedó plasmado en el artículo transitorio segundo, en el que se establece que a partir del ejercicio fiscal 2023 el ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública”.
Ese fondo, “se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año”.
Asimismo, de detalla que los recursos de ese o fondo no podrán ser utilizados para otro fin y se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
“Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.
En adición a los recursos federales establecidos en ese o transitorio, se precisa que “los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales”.
Igualmente, para lograr el voto del PRI, se agregó un párrafo en el tercero transitorio, para establecer que no habrá sobreseimiento de los procedimientos y trámites pendientes en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de las reforma sobre la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, los que seguirán su trámite normal.
La discusión inició con 113 senadores en el salón de plenos, por lo que se requieren 76 votos para la mayoría calificada.
Fuente: La Jornada
