El Senado aprobó en lo general, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, con 70 votos a favor y 47 en contra, luego de una discusión de más de tres horas, en que Morena y sus aliados impusieron su mayoría.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que se opusieron a avalar el dictamen, bajo el argumento de que no se garantiza la autonomía e independencia de esa fiscalía, que sólo reproducirá los vicios de la actual Procuraduría General de la República (PGR).
Los senadores del PAN, encabezados por su coordinador, Damián Zepeda, insistieron en que se creará á un “fiscal carnal” de Andrés Manuel López Obrador, quién podrá nombrarlo y removerlo.
La senadora Olga Sánchez Cordero defendió el dictamen y recordó que la ley se basa en la reforma al 102 Constitucional, impulsada por panistas y priístas y que el nuevo fiscal, que durará en el cargo nueve años, tiene la independencia y la autonomía técnica que le da la Carta Magna.
“La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para nuestro país. México requiere contar con una Fiscalía General y con un Fiscal que atienda los retos que en esta materia enfrentamos día con día todos los mexicanos en un reclamo de paz y justicia”, recalcó la próxima secretaria de Gobernación.
Advirtió asimismo: “No podemos seguir dando prioridad a negociaciones políticas e ignorando las necesidades del país sin escuchar a la sociedad civil”.
También senador de Morena, Rubén Rocha Moya fue más allá. Respondió a la oposición que lo que quieren es crear “una fiscalía carnal de los poderes fácticos”, que use al fiscal para “impulsar un virtual golpe de Estado” al nuevo gobierno.
Otros senadores de Morena, del PT y PES insistieron en que la ley establece que un año después de que el fiscal haya tomado posesión, se valorará el funcionamiento de la institución y la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional.
La ley aprobada crea un nuevo organismo constitucional y autónomo responsable de la persecución del delito, pero también de proteger plenamente los derechos de los imputados y las víctimas.
El nuevo órgano se conforma por un fiscal general que durará nueve años en el cargo, será nombrado por el Senado, cámara que presentará un listado de 10 candidatos al ejecutivo federal, de los que éste regresará una terna, y de la misma el órgano legisaltivo elegirá al titular.
El presidente podrá remover al fiscal por causas graves. Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en esa ley y asimismo, por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución.
La ley incluye nuevas figuras, ente ellas una fiscalía especializada en derechos humanos y otra en combate a la corrupción, además de un comité ciudadano, integrado por cinco expertos en procuración de justicia, que podrá opinar sobre el plan de persecución criminal y otros programas que la dependencia debe elaborar.
La ley permite el pase automático del personal actual de la PGR, al nuevo órgano, ya que así se estableció en la reforma constitucional del 2014.
Habrá un período de transición, con un jefe de unidad a cargo, dado la magnitud de las modificaciones.
El fiscal general deberá presentar al Congreso un informe con el diagnóstico integral de la PGR y del presupuesto estimado para implantar los cambios organizacionales y de personal requerido.
Se establece, incluso, que el fiscal general tendrá un años de plazo para definir un plan estratégico de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, así como casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo.
En la legislación se establece que a un año de asumido el cargo, el fiscal general podrá realizar una convocatoria pública para los cambios constitucionales y legales que requiera la dependencia a su cargo.
Fuente: La Jornada
