Los grupos parlamentarios del PAN y PRD en el Senado presentaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el perredista Miguel Barbosa, una solicitud de consulta popular para que se pregunte a la ciudadanía si “¿está usted de acuerdo en que se reduzca en 50 por ciento el salario que percibe el presidente de la República y los altos servidores públicos de la federación?”
Los legisladores panistas y perredistas sostienen en el escrito que entregaron el día 12 de septiembre al presidente del Senado, Barbosa, que “de acuerdo al artículo 12 fracción II de la Ley Federal de Consulta Popular podrán solicitar una consulta el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de la Cámaras del Congreso. En el caso de la Cámara de Senadores, que está conformada por 128 legisladores, el porcentaje corresponde a 43. La presente solicitud cumple con el requisito de legitimación”, ya que la signan más de 50 senadores de oposición.
En las consideraciones se destaca que “cumplimos con el requisito de legitimación activa; este escrito fue presentado oportunamente; la consulta es procedente. Exponemos el propósito y objeto de la misma y señalamos cuál es la pregunta propuesta y por último exponemos por qué el tema de la consulta cumple con la exigencia de trascendencia nacional y adjuntamos la lista de firmantes”.
Los senadores del blanquiazul y del partido del sol azteca refieren la oportunidad, y explican que en la ley referida se señala que la petición podrá presentarse ante la Cámara del Congreso que corresponda a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes, previo a la realización del año que se lleva a cabo en la jornada electoral.
“En este caso, refieren, la jornada electoral es en 2015. Como consta en el sello de recepción de la mesa directiva, esta solicitud se presentó antes de esa fecha, es evidente que el requisito de oportunidad se cumple”.
Así mismo detallan que en la ley en comento se señala que las peticiones formuladas se deben presentar a la Cámara que pertenezcan los solicitantes, “este escrito se presentó ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores, es indudable que el requisito de procedencia está satisfecho”.
De igual forma exponen que el propósito y objeto de la consulta es para que se pregunte a la ciudadanía si desea que se emita “una ley federal de remuneraciones de los servidores públicos reglamentaria del artículo 127 constitucional, que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y que reduzca en un 50 por ciento las que actualmente perciben el presidente de la República y altos servidores públicos de la federación”.
El objeto de esta consulta, sostienen, es la emisión de una ley reglamentaria de la Constitución con un contenido específico.
Por lo que respecta a la pregunta que se hace, los senadores apuntan que es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y que reduzca en un 50 por ciento las que actualmente perciben el presidente de la República y altos servidores públicos de la federación’”.
“Trascendencia nacional”
De igual manera, panistas y perredistas señalan que por lo que se refiere a “trascendencia nacional”, se satisface el requisito.
Los senadores panistas y perredistas designaron como representantes para recibir notificaciones sobre esta solicitud a Roberto Gil Zuarth y Luis Sánchez Jiménez.
Los legisladores refieren que la solicitud se hace porque “hay una omisión legislativa, porque desde el 2009 se reformó el artículo 127 de la Carta Magna y se estableció que las remuneraciones de los servidores públicos debieran seguir ciertas bases, y para emitir la legislación que las reglamentara, el constituyente permanente le fijo un plazo al Congreso de la Unión: 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto de la reforma. Eso fue el 24 de agosto de 2009, han pasado cinco años. Hay omisiones legislativas violatorias de la Constitución que crean vacíos jurídicos, por ello con la emisión de la ley propuesta terminaría esa afectación a los ciudadanos porque no se ha legislado sobre ese tema”.
Hace notar que en el segundo Informe de gobierno del presidente Peña Nieto que “el gasto en servicios personales en la administración pública ha aumentado un 14 por ciento en los dos primeros años de gobierno, es decir, más de tres veces la tasa de inflación anual. De este incremento, 60 por ciento se dio en el último año. Es decir, el gasto en servicios personales está creciendo a tasas crecientes”.
Ponen como ejemplo que la Presidencia de la República, donde 43 por ciento de las plazas son mandos medios y superiores y absorben 99 por ciento del gasto.
Fuente: La Jornada
