Por: Carlos Murillo González
El domingo 3 de marzo es asesinado en Ojinaga el periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, director del periódico en línea Ojinaga Noticias; en los primeros minutos del miércoles 6 de marzo, son balaceadas las oficinas de El Diario y Canal 44 en Ciudad Juárez; un día antes y un día después, roces de periodistas con el jefe de la policía de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola y con los guardias del gobernador del estado, César Duarte. El viernes 8 de marzo aparece una carta pública del columnista político Jaime García Chávez sobre la desaparición de sus textos dominicales y/o posible censura en El Heraldo de Chihuahua.
Los primeros cien días del nuevo-viejo régimen nos da, como las cabañuelas de inicio de año, una panorámica del porvenir. Es sin lugar a dudas a través de los símbolos como representamos la cotidianidad y la “realidad” para, de alguna manera, incidir o protegerse de ella. Es mal augurio la continuación del asesinato a periodistas y la justificación del Estado policiaco como única salida a la violencia. Hasta un niño(a) de primaria sabe que la violencia (es decir: la pobreza, el hambre o la avaricia) son origen de la delincuencia y no consecuencia. Por eso llama la atención los atentados a los diversos medios de comunicación y libre pensadores en tan poco tiempo, pues pareciera un pretexto del Estado para seguir militarizando, pero no necesariamente para hacer justicia. Ahí el tristemente célebre caso del doctor Víctor Manuel Oropeza, legendario columnista político asesinado a principios de los años noventa del siglo pasado, primer mártir de El Diario.
Otros actores políticos sensibles al terrorismo de Estado son las organizaciones derechohumanistas y los movimientos activistas de todos los colores, quienes desde iniciada la “guerra” contra el narco, no han dejado de ser acosados(as) amenazados(as) e incluso asesinados(as) en estos años de guerra sucia a la mexicana. El vivo ejemplo desde hace veinte años, son las madres y familiares de desaparecidas y asesinadas, las víctimas del feminicidio quienes hasta el día de hoy, siguen padeciendo la multiplicación de sus desgracias por ser pobres, invisibles y desechables para un Estado neoliberal representado por quienes sólo se sienten seguros rodeados de decenas de guaruras y en ambientes empresariales y religiosos de alta jerarquía.
Que el cuarto poder sea amenazado no es buena señal para las y los mexicanos en general. La libertad de expresión es un síntoma de la buena salud de una sociedad dada; cosa contraria, en una sociedad donde priva el miedo y la violencia, perjudica la salud pública enfermando las mentes de sus integrantes. La censura, el toque de queda, el silencio y la denuncia anónima se convierten en herramientas para dividir más a la sociedad. La lucha de poderes suele no respetar lógicas pacíficas sino la lógica de la fuerza: es más fácil imponer que dialogar. También da cuenta del valor de la vida y lo que llaman las buenas gentes de derecha como “pérdida de valores”. Estos atentados en Chihuahua, ¿son réplica de los atentados a la prensa en Tamaulipas o más recientemente a El Siglo de Torreón, Coahuila, aparentemente ambos ocasionados por el hampa? O bien, ¿obedecen a cuestiones políticas y de gobierno?
Los atentados a los medios de comunicación, a la prensa y a la libertad de expresión vulneran también el derecho a la información de la sociedad y hacen irremediablemente visible la violencia imperante en Chihuahua, que habrá disminuido en cantidad, pero se ha extendido a todas partes del estado. No puede presumir el gobierno del estado como suyo el logro de la disminución de los homicidios (los feminicidios siguen a la alza) por que no es debido a ninguna de las estrategias aplicadas; pare evitar engaños y como ejemplo de honestidad, se deben regresar premios inmerecidos otorgados al gobierno municipal de Ciudad Juárez, por méritos que no son suyos (también en cuestión de disminución de la violencia).
Es un mito el regreso al orden y la paz en Chihuahua. Una semana basta para comprender la dimensión del problema y el reto que se nos avecina a las y los chihuahuenses: la entidad sigue siendo peligrosa, sobre todo para ciertos oficios, como el periodismo. Una de las grandes críticas a la autoridad es que no previene, no investiga y no aprehende (prácticamente sus tareas) y que sólo encuentra soluciones en chivos expiatorios de grupos vulnerables (pobres y jóvenes) cuando no amedrenta a personas pacíficas, sin tocar a sus propias filas. No es ajeno a la opinión pública las amenazas y acciones de Julián Leyzaola contra las y los trabajadores de la información en la fronteriza Ciudad Juárez; no ha de descartarse esa línea de investigación en el caso de los atentados a El Diario y Canal 44, ¿pero quién la investigaría? Hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos le tiene miedo a este personaje
