México recuerda el jueves seis meses de uno de los hechos que mantiene la atención nacional e internacional sobre el país y que se ha vuelto emblema de los abusos de autoridad: la desaparición de 43 jóvenes estudiantes tras ser detenidos por policías municipales.
Padres de los 43 jóvenes de la escuela para profesores tienen previsto tomar calles de la ciudad de México para exigir justicia y demandar a las autoridades que mantengan la búsqueda de sus hijos, una petición a la que se han sumado organismos nacionales e internacionales.
Casi una centena de personas han sido detenidas, se han identificado los restos de una de las víctimas y la autoridad sostiene que todo apunta a que habrían sido asesinados y calcinados por sicarios del narcotráfico, pero medio año después varios sostienen que no hay certeza aún de lo que realmente les sucedió a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los familiares han anunciado que el jueves se concentrarán frente a instalaciones de la máxima autoridad electoral para solicitar que no se realicen las elecciones locales del 7 de junio, y luego realizarán una marcha en la zona centro de la capital.
“No nos dejen solos”, pidió esta semana a los mexicanos Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes.
Nueve grupos, entre ellos Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expresaron preocupación en un comunicado porque seis meses después “de la desaparición forzada” aún hay “muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta”.
Docenas de estudiantes de Ayotzinapa llegaron el 26 de septiembre a la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, para recaudar dinero y tomar algunos autobuses -como solían hacerlo en otras localidades- para apoyar sus traslados y sus actividades.
Horas después, cuando estaban por irse, policías municipales los atacaron y en principio murieron seis personas -incluidos tres alumnos- y 25 estudiantes resultaron heridos. Al paso de las horas, se supo que varios más estaban desaparecidos hasta confirmarse que eran 43.
La Procuraduría General de la República concluyó que después de ser detenidos ilegalmente por los policías, los 43 fueron entregados a sicarios que los quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río para borrar evidencias.
Hasta ahora han sido detenidas 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa como presunto autores intelectuales.
Tanto los familiares como organizaciones nacionales e internacionales han manifestado sus dudas.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analiza el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México afirmó hace unos días que no hay certeza sobre lo que pasó con ellos, por lo que pidió a las autoridades mantener su búsqueda.
Fuente: AP
