Por Luis Javier Valero Flores
Es de tal magnitud la ola violenta en el país, que los gobernantes han tomado como una de sus prioridades la de disminuir, sí la incidencia delictiva, pero sobre todo la percepción ciudadana acerca de la inseguridad.
Al incurrir en tal exceso ponen aún más en peligro su propia credibilidad en la población pues la incidencia delictiva disminuirá merced a la conjunción de múltiples factores, la mayor parte de ellos, probablemente, no derivados de las políticas públicas de combate a la inseguridad y sí de la dinámica de las bandas criminales.
Además, y como tanto se ha insistido, las condiciones económicas prevalecientes en la última década son excelente caldo de cultivo para la predominancia de los elevados índices de violencia. No ocurría así, por lo menos en la incidencia homicida, en el período 1995-2006, en que la curva era sostenidamente descendiente.
Hoy tenemos otra curva semejante en el estado de Chihuahua y menor en el país. En la entidad venimos de tasas de homicidios superiores a los 150 homicidios por cada 100 mil habitantes (HPCCMH), en todo el estado, con cifras increíblemente mayores en algunos municipios, en los años 2010, 11 y 12, en los que se alcanzaron tasas de hasta 500 HPCCMH, como fue en los casos de Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero.
Pero en las más grandes urbes, Juárez y Chihuahua, la cifra rondaba los 100, todavía en el año 2012, como ocurrió en la zona centro (que agrupa, para el trabajo de la Fiscalía General del Estado, a 19 municipios, incluida la capital) en la que se presentaron 880 homicidios, es decir, alrededor de 97 HPCCMH.
Esa cifra disminuyó abruptamente en 2013, al presentarse, hasta el 27 de diciembre, 490 homicidios, lo que arroja una tasa de 61.25 por cada 100 mil habitantes.
Ciertamente es una cifra notoriamente inferior a la de los años precedentes, pero de ninguna manera guarda relación con las cifras de los años precedentes a la de la ola homicida en la que las tasas se mantenían por debajo de los 20.
Hoy la triplica, lo que habla, por doquiera que se le vea, de una elevada, muy elevada tasa criminal.
Acontece de la misma manera en el ámbito nacional, así la administración federal sostenga que aplica una estrategia diferente cuyos resultados, sostienen, son evidentes. Por desgracia, no es así, y se llega a niveles de verdadera exageración con eventos como los ocurridos en Tampico y otras localidades de Tamaulipas, en las que integrantes del crimen organizado pretenden convertirse en benefactores navideños aprovechando -tal y cual hacen incontables funcionarios gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
De la similitud, tanto de cifras, como de estrategias habla el hecho de que en los últimos 12 meses se incrementó de 50 mil a 76 mil 500 el número de efectivos del Ejército Mexicano que realizan labores de combate a grupos del crimen organizado, además de 20 mil elementos de la Policía Federal”. (Nota de La Jornada, 1/XII/13).
En el recuento efectuado por tal periódico hasta esa fecha, “los casos de homicidio doloso registrados oficialmente en el sexenio” sumaron 17 mil 68, mientras que en “el periodo diciembre 2011 a octubre de 2012 se contabilizaron 18 mil 330 casos”. (Ibídem).
Sin embargo, el semanario Zeta (de la ciudad de Tijuana), que en estos años se ha destacado por realizar los mejores recuentos de homicidios, afirmó que en el gobierno de Peña Nieto se superan las ejecuciones presentadas en el último año de gobierno de Felipe Calderón.
“A diferencia de las 17,068 ejecuciones que contabilizó el secretariado ejecutivo de seguridad Nacional, basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por los homicidios dolosos, Zeta registró, en los primeros 11 meses de gobierno del Presidente Peña Nieto, 19 mil 16 ejecuciones hasta el 30 de Octubre de 2013… En los últimos 11 meses de gobierno de Calderón las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161”. (Nota de Investigaciones Zeta, Proceso número 1936, 8 de diciembre de 2013).
Y hace la precisión: “Hay que recordar que en 2012 Zeta registró 20 mil 571 ejecuciones de un total de 26 mil 37 autopsias por homicidios dolosos reportados por el Inegi; es decir, 79% de los homicidios dolosos correspondió a ejecuciones que el gobierno federal clasifica como ‘homicidios dolosos relacionados a delitos federales”. (Ibídem).
Como dijo el borrachito de todos los mítines: “Igual que el año pasado”.
¡Feliz año 2014!
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