Las cifras oficiales señalan un descenso de los índices delictivos, pero sigue siendo necesario que México “se mueva” hacia una estrategia que realmente haga sentir más seguros a los ciudadanos. En realidad, más parece que los grupos criminales se están reacomodando y dejaron de disputarse las principales plazas a balazos. Está pendiente el tema de la justicia a las víctimas y abatir los delitos patrimoniales.
Por Edna Jaime
Desde hace dos años, nuestro Presidente nos quiere convencer de que está moviendo a México. Si bien es innegable que su gobierno ha logrado la aprobación por el Congreso de múltiples reformas estructurales potencialmente de gran trascendencia, existe un ámbito de mucha preocupación entre los ciudadanos que no parece haber experimentado una transformación sensible, el de la seguridad pública.
En campaña, el entonces candidato ofreció un cambio de estrategia en materia de seguridad. Era obligado hacerlo: todos los indicadores de delitos violentos crecían en ese momento. El hilo conductor de su discurso fue el procurar seguridad al ciudadano, lo que contrastaba con los elementos discursivos y tácticos del Presidente en turno: mantener una ofensiva contra los grupos del crimen organizado, no importando su costo y efectos colaterales.
Sin embargo, a casi dos años de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, no hemos visto el “giro” que debió darse y más bien parece que estamos viviendo un remake. Han cambiado los actores principales, pero en el fondo la trama se parece extrañamente a la del sexenio anterior. Son las Fuerzas Federales, y los operativos que se despliegan en las zonas de más conflicto, el instrumento central de la estrategia.
Si seguimos el sabio consejo de Deep Throat en All the President’s Men y le seguimos la pista al dinero, nos podemos percatar de que los énfasis de este gobierno son los mismos del anterior, con algunos matices que no cambian la esencia.
Esta continuidad se refleja en los programas presupuestales en materia de seguridad pública que casi en su totalidad se conservan de la administración anterior. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se crearon sólo dos programas presupuestarios nuevos en la Secretaría de Gobernación, uno orientado a la creación de la Gendarmería y otro dirigido a la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. En 2014, se añadió uno más destinado a la creación de Centros Estratégicos de Inteligencia para cada una de las cinco regiones en las que se ha dividido el país. La continuidad presupuestal es signo de continuidad estratégica. No hay viraje.
Pero más allá del dinero, el estilo de gobernar cuenta. Y en este punto el cambio es evidente. En este gobierno nadie duda de quién manda en materia de seguridad. La fusión de la Secretaría de Seguridad Pública con Gobernación acomodó las piezas para concentrar en una persona la cartera y las decisiones en la materia. Este liderazgo “empoderado” política y estructuralmente ha tenido el efecto de producir más coordinación en donde antes había una Babel. Esto es lo que la administración cacarea como logro, y no es menor, pero no alcanza para configurar una nueva estrategia. Acaso la hace más eficiente.
La pregunta es si necesitamos una estrategia distinta en materia de seguridad. Al final de cuentas, las cifras oficiales muestran que los delitos y la violencia descienden. Pero mi respuesta es que sí. Es tiempo de cambiar.
Si aceptamos como válido el hecho de que el fenómeno criminal ha trasmutado por efecto de la propia intervención gubernamental, ese cambio debe corresponderse con nuevos instrumentos. El problema de seguridad que nos afecta a nosotros los ciudadanos, y la sensación de miedo que conservamos, no la va a resolver las Fuerzas Federales, ni el secretario de Gobernación como el gran orquestador de los esfuerzos, sino instituciones de seguridad locales que despierten confianza y que cumplen con su función. Este es el cambio de estrategia deseable que, sin embargo, se pierde en el afán recentralizador de esta administración.
Inseguridad contenida
Las estadísticas oficiales dejan ver una disminución de los delitos denunciados ante Ministerio Público respecto a 2012, último año de la pasada administración. Pero sigue habiendo ejecuciones ligadas al crimen organizado y se vive un repunte en los casos de secuestro.
DELITOS DENUNCIADOS
(Enero a Julio)
2012 | 2014 | |
Robos | 418,682 | 365,241 |
Robos con violencia | 131,274 | 109,789 |
Homicidios | 22,342 | 19,520 |
Secuestros | 785 | 909 |
Total | 994,591 | 946,680 |
Fuente: Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SECUESTROS, SEGÚN ONG´S
Casos enero-julio 2014 | 1,951 |
Acumulado sexenal | 4,089 |
Promedio mensual | 240 |
Promedio semanal | 57 |
Promedio diario | 8 |
EJECUCIONES
Acumulado enero-agosto 2014 | 3,702 |
Acumulado sexenal | 13,59 |
Acumulado enero-agosto 2012 | 6,951 |
Acumulado enero-agosto 2013 | 5,574 |
Fuente: Ejecutómetro de Reforma.
La autora es directora general del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
Fuente: Reforma